Condenada la Junta por el acoso laboral a un disminuido

El Juzgado de lo Social Número 1 de Huelva ha condenado a las Delegaciones de Empleo y Educación de la Junta en Huelva al pago de una indemnización de 130.000 euros a una persona con un porcentaje de minusvalía mental del 66%, por acoso laboral.

Para el juez, "el acoso denunciado se desarrolla a través de las relaciones interpersonales que existen en el ámbito del trabajo, resultando que el empresario puede aparecer como sujeto activo del acoso y en otros casos como simple espectador sin que por ello quede exento de responsabilidad, contribuyendo con su pasividad al clima de hostigamien...

El Juzgado de lo Social Número 1 de Huelva ha condenado a las Delegaciones de Empleo y Educación de la Junta en Huelva al pago de una indemnización de 130.000 euros a una persona con un porcentaje de minusvalía mental del 66%, por acoso laboral.

Para el juez, "el acoso denunciado se desarrolla a través de las relaciones interpersonales que existen en el ámbito del trabajo, resultando que el empresario puede aparecer como sujeto activo del acoso y en otros casos como simple espectador sin que por ello quede exento de responsabilidad, contribuyendo con su pasividad al clima de hostigamiento en el que se ve inserto en el trabajador", estimándose en ésta última la posición de las Delegaciones.

En la sentencia, que está actualmente recurrida ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía -esperándose la resolución del recurso para el próximo 9 de mayo-, el juez declara "que ha sido vulnerada la dignidad" del trabajador y, con ella, "sus derechos fundamentales a la igualdad y no discriminación por cualquier circunstancia personal, a la integridad moral y al honor, la intimidad y la propia imagen".

Los hechos juzgados sucedieron entre 1999 y 2005, período en el que la persona disminuida trabajó como ordenanza para las Delegaciones de Empleo y Educación y como celador en el SAS. Según se indica en la sentencia, durante el tiempo de trabajo en Empleo y tras aproximadamente dos meses desde su llegada, esta persona "fue objeto de trato vejatorio, burlesco y degradante, llevado a cabo por parte de varios compañeros de trabajo", ante "el conocimiento y pasividad del responsable de Recursos Humanos".

Esto llevó a presentar denuncia. El delegado abrió un expediente disciplinario que concluyó con propuesta de sanción para unos y apercibimiento para otros, si bien, "terminado el expediente, el mismo quedó paralizado, no constando que se le haya dado curso ni se haya impuesto sanción alguna".

El demandante trabajó en 2002 como ordenanza del instituto Diego de Guzmán y Quesada, donde "nuevamente vuelve a ser vejado y discriminado por sus compañeros". En 2005 se le reconoció la Incapacidad Permanente Absoluta.