El fiscal sospecha que el PP pretendía alterar o influir en el voto por correo de Melilla

El pasado 11 de abril, víspera de que la Guardia Civil irrumpiera en una imprenta de Melilla para requisar 1.000 solicitudes de voto por correo encargadas por el gerente regional del PP, Javier Lence, el impresor informó al político de los defectos de su material respecto del documento original (el que entrega Correos). "Es un pelín diferente, porque es nuevo, pero eso, una vez que entre en juego y lleven tiempo, ya no se nota", le tranquilizó. La juez ha archivado la causa, pero el fiscal sostiene que con la maniobra de falsificación se podía "alterar o influenciar" el voto por correo usándol...

El pasado 11 de abril, víspera de que la Guardia Civil irrumpiera en una imprenta de Melilla para requisar 1.000 solicitudes de voto por correo encargadas por el gerente regional del PP, Javier Lence, el impresor informó al político de los defectos de su material respecto del documento original (el que entrega Correos). "Es un pelín diferente, porque es nuevo, pero eso, una vez que entre en juego y lleven tiempo, ya no se nota", le tranquilizó. La juez ha archivado la causa, pero el fiscal sostiene que con la maniobra de falsificación se podía "alterar o influenciar" el voto por correo usándolo como "un medio más de propaganda electoral".

El fiscal no era partidario del archivo de la causa, y pide en su escrito una serie de diligencias -que no fueron aceptadas- para investigar la falsificación de los 1.000 impresos de solicitud de voto. El gerente del PP en Melilla siempre ha proclamado que estaba convencido de la legalidad de su conducta al solicitar dicho trabajo a la imprenta, pese a que el delegado del Gobierno le informó por carta el 2 de abril de la imposibilidad de entregarle, en contra de su solicitud, 2.000 impresos de voto por correo. El Gobierno recordaba a Lence que la Ley electoral impide facilitar esos impresos a los partidos, ya que es una opción personal que debe ejercer cada votante.

Por tanto, el 2 de abril, Lence ya sabía que la única vía legal para recabar dicho formulario pasaba por personarse individualmente en Correos cada votante. Sin embargo, a tenor de la reconstrucción cronológica del caso que hace el fiscal, el gerente del PP dio los siguientes pasos:

- El 4 de abril, Lence encarga la impresión de 1.000 ejemplares de solicitud de voto por correo a José María Cerezo.

- El 5 de abril, el BOE recuerda que la solicitud del voto por correo "deberá formularse personalmente".

- El 9 de abril, Lence indica a Cerezo que los impresos de solicitud de voto por correo que le está imprimiendo tienen que ser idénticos al original. "Clavao, no pueden notar ninguna diferencia", remacha el gerente del PP. Los quiere para el día siguiente.

-El 10 de abril, Cerezo aprovecha para asegurarse los pedidos de campaña electoral del PP. Ofrece precios "y hacer un presupuesto de todo".

"¿Se va a notar?"

El 11 de abril, Cerezo informa a Lence de que tiene acabados los impresos de solicitud de voto por correo. Pero le confiesa una pega en su material respecto del original: el color amarillo de la hoja autocopiativa es "un pelín diferente, porque es nuevo, pero eso una vez que entre en juego y lleven tiempo en juego, en cuanto lleven un mes o quince días, ya no se nota". Lence le muestra su único temor legal al respecto: "Vale, ¿se va a notar?", pregunta. Cerezo le tranquiliza: "No creo que haya problemas por el papel porque la misma empresa [oficial] que imprime [los formularios oficiales] puede usar diez mil tipos de papel diferentes".

"¿Pero se nota mucho o no", insiste Lence. "No, una vez hecho el talonario, ni de coña". ratifica Cerezo. "De acuerdo, dame un toque cuante estén acabadas para que las recoja", concluye el gerente del PP.

-El 11 de abril, sólo cinco horas antes de que la Guardia Civil irrumpa en la imprenta para requisar los 1.000 falsos impresos de solicitud de voto por correo, Lence ordena a Cerezo que le cobre el trabajo pero destruya el material. De pronto, el cargo regional del PP parece haber visto la luz sobre el único camino legal posible: "No puedo utilizar más que los [impresos] oficiales de ellos".

El fiscal analiza en su escrito la importancia del voto por correo en una ciudad como Melilla, y acaba concluyendo que "la distribución generalizada de impresos de solicitud de voto por correo puede alterarlo o influenciarlo".

Por ello, para esclarecer este posible fraude, el fiscal solicitó una serie de diligencias consistentes en que tanto Correos como la Delegación del Gobierno de Melilla informaran de si el PP o sus miembros les habían pedido recientemente la entrega de "numerosos" ejemplares de solicitud de impresos de voto por correo.

El pasado 14 de abril, el día que estalló el escándalo en la prensa, algunos altos cargos del Gobierno de Melilla, presidido por Juan José Imbroda, y decenas de militantes del PP se presentaron en las oficinas de Correos para exigir la entrega de cuatro formularios por persona. Los empleados de Correos explicaron que sólo podían dar uno por cabeza. Los militantes defendieron a voz en grito que la ley electoral, cuyos artículos subrayados enarbolaban, no marcaba tal tope. Los funcionarios no cedieron.

Posteriormente se produjo un nuevo incidente. Una señora acudió con un impreso que una funcionaria de Correos rechazó por falso. La peticionaria alegó que lo había descargado de Internet. Se le invitó a recoger un impreso oficial, para lo que debía acreditarse. Pero rehusó identificarse y se fue. Correos comunicó el incidente a la Delegación del Gobierno. que lo remitió a la Junta Electoral, y ésta lo puso en conocimiento de la justicia.