El tribunal inicia los trámites para actuar contra Díaz de Mera
El tribunal del 11-M ha comenzado el papeleo previo a instar un proceso por delito de desobediencia contra el eurodiputado Agustín Díaz de Mera, quien ya fue multado con 1.000 euros el pasado 28 de marzo por haberse negado a revelar la identidad de un policía que supuestamente le habría informado de la manipulación de un informe que vinculaba a ETA con los atentados del 11-M. El comisario Enrique García Castaño, señalado por Díaz de Mera, rechazó que hubiera informado al eurodiputado del PP sobre el tema, e incluso precisó que su comentario había sido al contrario, es decir, que no hubo indici...
El tribunal del 11-M ha comenzado el papeleo previo a instar un proceso por delito de desobediencia contra el eurodiputado Agustín Díaz de Mera, quien ya fue multado con 1.000 euros el pasado 28 de marzo por haberse negado a revelar la identidad de un policía que supuestamente le habría informado de la manipulación de un informe que vinculaba a ETA con los atentados del 11-M. El comisario Enrique García Castaño, señalado por Díaz de Mera, rechazó que hubiera informado al eurodiputado del PP sobre el tema, e incluso precisó que su comentario había sido al contrario, es decir, que no hubo indicios de una colaboración de ETA en los atentados.
El lunes pasado, el presidente del tribunal, Javier Gómez Bermúdez, firmó un escrito en el que pide al Parlamento Europeo que certifique si el que fuera director general de la Policía el día de los atentados es aforado por esa Cámara y explique qué tipo de inmunidad le ampara. El escrito fue enviado por fax al Ministerio de Justicia que lo remitió a la Eurocámara a través de Exteriores. La iniciativa del tribunal abre la vía para que el Supremo pueda iniciar el proceso contra Díaz de Mera por desobediencia grave a la autoridad judicial.
El hecho de que el ex director general de la Policía accediera finalmente a colaborar con la justicia, no impide que el delito se consumara, aunque probablemente el tribunal aprecie la atenuante de que Díaz de Mera finalmente accedió a facilitar los datos que se le solicitaban.
Mientras tanto, el tribunal tiene paralizada la multa de 1.000 euros que le impuso en la sala por considerar que se trata de un acto administrativo y que el proceso penal que pueda seguirse en el Supremo es prioritario y en el mismo podría acordarse una pena de multa por importe superior, lo que a juicio del tribunal vulneraría el principio de non bis in idem, es decir, que nadie puede ser condenado dos veces por los mismos hechos.