Educación primará la cercanía en la adscripción de colegios a institutos

El cambio de colegio para estudiar en un instituto -al que obliga la ley al término de la enseñanza Primaria y el paso al nivel superior de Secundaria- evitará desplazamientos innecesarios a las familias y "garantizará" que el alumnado de un barrio pueda "continuar" sus estudios en el instituto de referencia de su zona próxima al domicilio para evitar que a la temprana edad de 11 y 12 años tengan que cambiar de barrio y de compañeros. Es decir, que a la hora de regular la planificación educativa, la Generalitat valenciana se obliga por ley a primar "la reducción del tiempo dedicado al desplaza...

El cambio de colegio para estudiar en un instituto -al que obliga la ley al término de la enseñanza Primaria y el paso al nivel superior de Secundaria- evitará desplazamientos innecesarios a las familias y "garantizará" que el alumnado de un barrio pueda "continuar" sus estudios en el instituto de referencia de su zona próxima al domicilio para evitar que a la temprana edad de 11 y 12 años tengan que cambiar de barrio y de compañeros. Es decir, que a la hora de regular la planificación educativa, la Generalitat valenciana se obliga por ley a primar "la reducción del tiempo dedicado al desplazamiento del alumnado al centro docente" y a "hacer públicas las áreas de influencia de los centros docentes y las limítrofes", según se recoge en el decreto de Admisión de Alumnos presentado ayer por el consejero de Educación, Alejandro Font de Mora, el secretario autonómico, Máximo Caturla, y el director general de Enseñanza, Josep Vicent Felip. Un texto que entrará en vigor en septiembre próximo para todos los centros públicos y concertados del sistema educativo valenciano.

Los centros concertados no podrán cobrar a las familias por "enseñanzas de carácter gratuito"

El decreto -según se contempla en el articulado del Capítulo II sobre áreas de influencia y adscripción de centros- deja meridianamente claro que además de la proximidad del domicilio del niño y del colegio de primaria al que asiste, "en caso de que el IES de Secundaria receptor no pueda absorber todo el alumnado procedente del colegio de Primaria de dos o más líneas, este colegio podrá elegir entre dos institutos, adscribiéndose por líneas a uno y a otro instituto, para garantizar la continuidad de todo el alumnado".

Esta precisión persigue que niños de un colegio que estudian íntegramente en la línea en valenciano, por ejemplo, tengan garantizada esta continuidad educativa en su mismo barrio. Esta "determinación" se extiende a todos los niveles educativos obligatorios, incluyendo por vez primera a los niños de 3 a 6 años, que cursan el segundo ciclo de Infantil, como propone la nueva Ley Orgánica de Educación (LOE) que empezará a aplicarse el próximo curso 2007-2008, puntualizó Font de Mora.

Los padres y la comunidad educativa jugarán un papel clave en la "adscripción", de manera que "previo estudio de las necesidades de escolarización en la zona" en el periodo previo de consulta, "los padres, madres o tutores legales manifestarán su voluntad de que el alumno continúe estudios en su centro de adscripción". Incluso, "si el centro receptor no tuviera plazas suficientes [por incremento de la demanda] tendrá prioridad el alumnado procedente de niveles anteriores de un mismo centro sobre el de los adscritos".

El segundo talón de Aquiles de la matriculación -evitar cierta tendencia a la falsificación de los documentos fiscales presentados por las familias para obtener una plaza en su centro de preferencia- contará con la colaboración de la consejería, que será la que "remitirá a Hacienda la documentación", tal como fija la LOE en su artículo 81.

Lo mismo operará para los titulares de centros públicos o concertados que "en ningún caso podrán percibir cantidades de las familias por recibir enseñanzas que son de carácter gratuito". "Tampoco podrán imponer a las familias la obligación de hacer aportaciones a fundaciones o asociaciones asociados a las enseñanzas obligatorias", precisa el nuevo decreto valenciano, tras las múltiples denuncias de "cobros ilegales" en la mayoría de grandes centros concertados. Ante las quejas de que algunos de esos centros están vinculados a grupos religiosos con idearios que, por ejemplo, segregan a los niños de las niñas o consideran la homosexualidad como una enfermedad, el decreto propone algunas garantías. "El ideario del centro tendrá que difundirse públicamente", precisó Felip, y "respetar los valores constitucionales", remató el consejero.