Espionaje de dudosa justificación

La Unidad de Inteligencia Militar de la Comandancia de Ceuta espió con frenesí a los civiles. Entre 2002 y 2006 realizó 271 investigaciones, cinco de ellas de "dudosa justificación", como reconoce el propio fiscal militar que investiga el caso. Estos cinco expedientes, que fueron elaborados cuando el teniente coronel Francisco Berenguer mandaba la Sección de Inteligencia, se realizaron durante 2005.

A Berenguer, destinado ahora en una base de la OTAN, le sucedió en el mando otro teniente coronel, José María Albarracín Martín de la Oliva, que el pasado 29 de enero intentó suicidarse arro...

La Unidad de Inteligencia Militar de la Comandancia de Ceuta espió con frenesí a los civiles. Entre 2002 y 2006 realizó 271 investigaciones, cinco de ellas de "dudosa justificación", como reconoce el propio fiscal militar que investiga el caso. Estos cinco expedientes, que fueron elaborados cuando el teniente coronel Francisco Berenguer mandaba la Sección de Inteligencia, se realizaron durante 2005.

A Berenguer, destinado ahora en una base de la OTAN, le sucedió en el mando otro teniente coronel, José María Albarracín Martín de la Oliva, que el pasado 29 de enero intentó suicidarse arrojándose por una ventana de la Comandancia General ceutí. Bajo su responsabilidad se elaboraron 105 del total de los informes. Y es que 2005 y 2006 fueron los años en los que más actividad desplegó el espionaje militar, que en los años precedentes apenas si había tenido trabajo. La mayoría de estas notas se enviaron al Centro de Inteligencia y Seguridad del Ejército de Tierra (CISET) y al CIDI, en Madrid, y muchas de ellas se circunscriben al ámbito militar, aunque ya en el año 2002 se inició una investigación en torno a las inclinaciones religiosas de la tropa profesional.

En los informes aparecen datos como multas de tráfico o deudas con la Hacienda local

En su escrito, el fiscal militar de Ceuta, Antonio Gutiérrez de la Peña, cree que estas investigaciones pueden "incidir en el ámbito de la privacidad e intimidad" de los espiados, y por lo tanto considera que pueden ser constitutivas de un delito de "extralimitación en el ejercicio del mando", contemplado en el Código Penal Militar con penas privativas de libertad que oscilan entre los tres meses y dos años.

Uno de esos informes es el que se hizo sobre los principales dirigentes sindicales de la ciudad. En la orden de obtención de información, esta petición se justifica en la actualización de una base de datos denominada INTE (Integración en Terreno Enemigo), que contiene los nombres de decenas de civiles ceutíes considerados como líderes sociales y con capacidad de influencia sobre el resto de la población. No obstante, en uno de los documentos incluidos en las diligencias instruidas por el togado ceutí se refiere que dicha petición sólo se hizo para descartar la pertenencia a la directiva de alguno de los sindicatos de un soldado que se había identificado como miembro de uno de ellos durante una trifulca en el puerto.

Pero lo cierto es que el 11 de abril de 2005 se ordenó investigar la filiación política y asociativa de las direcciones de los dos sindicatos mayoritarios, CC OO y UGT. El expediente fue entregado el 6 de mayo y en él figuran los nombres y apellidos, cargos dentro del sindicato, partidos políticos en los que militan, en algunos casos profesiones y datos como pertenencia a ONG y otras asociaciones de 17 civiles (los 10 componentes de la ejecutiva regional de Comisiones Obreras y los siete de UGT).

Además, en informes complementarios se desglosan otros datos considerados de interés por el espionaje militar, como multas de tráfico pendientes, deudas con la hacienda local o inclusión de algún dirigente sindical en las listas de candidato a jurado.

Pero no era la primera vez que la inteligencia militar espiaba a un sindicato en Ceuta. Lo hacía con alguna regularidad desde el año 2002. De hecho, la Sección Segunda de la Comandancia General, perteneciente al Servicio de Inteligencia del Ejército, había elaborado con anterioridad varias notas relacionadas con las actividades de CC OO. Incluso se llegó a elaborar un informe de la manifestación del Primero de Mayo de 2002 en la ciudad autónoma, en la que la reivindicación de mejoras en el hospital militar era uno de los lemas escogidos para aquel año.

CC OO, a diferencia de UGT, sí se ha personado en las diligencias abiertas por el Togado de Ceuta. Paralelamente, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Ceuta también tiene abiertas diligencias por el espionaje militar a civiles, ya que CC OO presentó el pasado 21 de febrero una demanda contra el comandante general de Ceuta, Luis Gómez Hortigüela. Juan Luis Aróstegui, secretario general de CC OO, pedía a Gómez Hortigüela que reconociese las investigaciones realizadas a civiles desde la Segunda Sección, realizadas con conocimiento de los anteriores comandantes generales y el ministro de Defensa. Aróstegui pide que Gómez Hortigüela diga que ya no se realizan más investigaciones y si los expedientes han sido destruidos.

"Esto es una cuestión política y el ministro de Defensa no puede escudarse en que ya ha zanjado el asunto destituyendo al jefe de la Unidad", añade Aróstegui, que insiste en que altos mandos del Ejército le justificaron en su día que se había investigado a los dirigentes sindicales después de que un soldado provocara un altercado en la estación marítima. El nombre y apellidos de este militar e incluso el último número de su DNI coinciden parcialmente con el secretario de Migraciones de CC OO, Abdelatif Mohamed Mohamed, aunque en el informe elaborado por la Inteligencia el 10 de mayo de 2005 se destaca que "ni en edad ni en apariencia física" coinciden y se sugiere que este soldado conociera de la existencia del dirigente sindical homónimo "por la prensa".

Desde que el 24 de enero Defensa apartara del mando al teniente coronel Albarracín por prácticas irregulares y lo hiciera público en un comunicado, Ceuta se ha convertido en un hervidero de rumores. Hasta ahora, Defensa sólo ha admitido que se espió irregularmente a los sindicatos y a los dirigentes de una asociación vecinal, la del Morro, un barrio de clase media habitado por musulmanes y cristianos y en el que se encuentra, por ejemplo, la sede de la Universidad de Granada en Ceuta. Pero se sabe que hubo mucho más y que los archivos de esta unidad contenían información sobre decenas de ceutíes, muchos de ellos civiles.

La Segunda Sección está en la práctica desmantelada e investigada por dos jueces distintos, uno civil y otro militar, más preocupado en investigar cómo se han filtrado los informes que en conocer quién los ordenó. Hasta ese día, la Sección de Inteligencia estaba compuesta por 17 militares y seis agentes de la Guardia Civil, que estaban encargados de hacer el trabajo de campo. Los seis funcionarios, un sargento y seis guardias rasos, viven un auténtico calvario desde entonces. Siguen apartados en la práctica del servicio, aunque de momento a ninguno le ha llegado el cese, ni siquiera al sargento que mandaba el grupo operativo. Hace unos días fueron llamados a declarar y lo hicieron en Comisaría, en lugar de hacer en el juzgado, "ni siquiera saben si fue en calidad de testigos o de implicados, porque nadie se lo aclara", explican fuentes próximas a la investigación.

Mientras, el teniente coronel Albarracín se recupera de las heridas que se provocó en la Península. Este militar de alta graduación se cortó las venas de los antebrazos con un cúter en un cuarto de baño de la Comandancia General y luego se lanzó por una ventana de la tercera planta del edificio. Que se sepa, aún no ha prestado declaración, ya que los médicos que lo atendían en el hospital de Sevilla al que fue trasladado desaconsejaron la visita de los oficiales jurídicos. Cuando fue destituido, Albarracín, de 44 años, apenas llevaba 12 meses al frente de la unidad de Inteligencia.

En Ceuta se habla de que había rencillas, desconfianzas mutuas que habrían desembocado en todo un escándalo, el mayor que ha vivido la ciudad en sus últimos años. Nadie, ni el juez togado Gómez Prieto, se fía. Quizás por eso, el 13 de febrero mandó comparecer a dos oficiales de la Unidad de Inteligencia, un comandante y un capitán, que entregaron toda la documentación original del año 2006. En un escrito fechado ese día, el juez hace constar que una vez cotejada, y aunque la documentación coincide básicamente con la que tenía con anterioridad en su papel, "faltan algunos folios".