El Supremo admite una querella contra un cargo del PP por abono ilegal de dietas
El Tribunal Supremo ha admitido a trámite una querella de la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Lugo contra el presidente de la Diputación luguesa, Francisco Cacharro Pardo (PP), por un presunto abono ilegal de dietas.
El también senador popular ya expresó su disposición a declarar voluntariamente ante la sala de lo penal, que ayer designó como instructor al magistrado Julián Sánchez Melgar. Fue el anterior fiscal jefe de la Audiencia luguesa, Jesús María Izaguirre, quien investigó la existencia de autorizaciones de "pagos ilegales" en concepto de dietas por parte de Cacharro.
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El Tribunal Supremo ha admitido a trámite una querella de la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Lugo contra el presidente de la Diputación luguesa, Francisco Cacharro Pardo (PP), por un presunto abono ilegal de dietas.
El también senador popular ya expresó su disposición a declarar voluntariamente ante la sala de lo penal, que ayer designó como instructor al magistrado Julián Sánchez Melgar. Fue el anterior fiscal jefe de la Audiencia luguesa, Jesús María Izaguirre, quien investigó la existencia de autorizaciones de "pagos ilegales" en concepto de dietas por parte de Cacharro.
El fiscal, a quien Cacharro realizó constantes reprobaciones durante su estancia en Lugo, imputa al presidente de la diputación los delitos de malversación de caudales públicos y falsedad documental.
Aunque el asunto se tramitó en el Juzgado número tres de la Audiencia de Lugo, el fiscal trasladó una exposición razonada a la Sala Segunda del Tribunal Supremo, por la condición de aforado, de Cacharro Pardo, que es senador. De hecho, la junta de fiscales del Tribunal Supremo aprobó por unanimidad, el pasado mes de febrero, solicitar que se le retire la inmunidad parlamentaria a Cacharro para que pueda ser imputado.
Francisco Cacharro compareció ayer ante los medios de comunicación y tiró de la ironía para agradecerle a Izaguirre "la oportunidad que me deja para expresar todo ante el Supremo". El veterano político lucense, con 24 años al frente de la institución y senador constituyente, anunció que tiene previsto acudir a "declarar voluntariamente", y afirmó que está convencido de que el asunto quedará sobreseído.