Conflictos urbanísticos

Chaves considera "apreciaciones subjetivas" las afirmaciones del juez sobre el papel de la Junta

El presidente de la Junta, Manuel Chaves, reivindicó ayer el papel de control realizado por la Junta sobre las irregularidades urbanísticas cometidas por los gobiernos municipales del GIL en Marbella y aseguró que las consideraciones al respecto realizadas por el juez Miguel Ángel Torres son "apreciaciones subjetivas", que dijo respetar pero no comparir. El juez instructor del caso Malaya consideró en un auto que la Junta es "responsable de la situación de Marbella" y que "no supo, no pudo o no quiso" ejercer sus competencias en materia urbanística.

"Si hemos sabido, si hemos que...

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El presidente de la Junta, Manuel Chaves, reivindicó ayer el papel de control realizado por la Junta sobre las irregularidades urbanísticas cometidas por los gobiernos municipales del GIL en Marbella y aseguró que las consideraciones al respecto realizadas por el juez Miguel Ángel Torres son "apreciaciones subjetivas", que dijo respetar pero no comparir. El juez instructor del caso Malaya consideró en un auto que la Junta es "responsable de la situación de Marbella" y que "no supo, no pudo o no quiso" ejercer sus competencias en materia urbanística.

"Si hemos sabido, si hemos querido y si hemos podido ejercer nuestra responsabilidad. La única competencia que tiene la Junta es impugnar ante los tribunales y es lo que hemos hecho", dijo Chaves en una entrevista en Antena 3, en la que recordó que la administración autonómica ha recurrido más de 400 permisos de obras que otorgó el Ayuntamiento de Marbella.

También dijo el presidente que "no es cierto que nos hayamos enriquecido de los impuestos", y recordó que las tasas por las licencias de obras son municipales y las cobran los Ayuntamientos. La Junta sí recauda los impuestos de transmisiones patrimoniales, que graban, entre otros, las ventas de viviendas. A este respecto la consejera de Obras Públicas, Concha Gutiérrez del Castillo, recordó que hasta el año 2003 los tribunales no dictaron ninguna paralización de las construcciones impuganas y explicó que "cuando no hay una suspensión cauletar porque no la acepta el juez, el ordenamiento jurídico obliga a todas las administraciones a cobrar los impuestos".

El auto del juez, dictado el pasado 28 de noviembre para negar la petición de la Junta de personarse como parte perjudicada en el caso Malaya pero conocido ahora por el levantamiento de nueva parte del secreto de sumario, ha desempolvado viejas críticas políticas sobre el papel de la Junta en Marbella.

El presidente del PP de Andalucía, que cuando era ministro de Administraciones Públicas en 2003 dijo que la Junta había reaccionado "bien", dijo ayer que el comportamiento de la administración autonómica "lleva siendo absolutamente impresentable desde hace 15 años". Arenas pidió que la Junta devuelva a Marbella los impuestos cobrados por licencias ilegales.

Más lejos fue la candidata del PP en Marbella, Ángeles Muñoz, para quien las afirmaciones del juez "desenmascaran la connivencia y la responsabilidad de la Junta como beneficiaria de la trama de corrupción".

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