La Junta reserva para uso público uno de los suelos más codiciados de Marbella

Obras Públicas evita la presión inmobiliaria y proyecta un auditorio y un centro de congresos

La Consejería de Obras Públicas ha dictado una orden por la que reserva para uso público 211.000 metros cuadrados de los 400.000 que forman Holanducía, un suelo aún no desarrollado en el núcleo consolidado Marbella sobre el que los promotores inmobiliarios tenían grandes expectativas dada su ubicación privilegiada, junto a Puerto Banús y la antigua carretera N-340. Sobre la parcela se proyecta un auditorio y centro de congresos. El pasado jueves, la consejera de Obras Públicas, Concha Gutiérrez, firmó la orden para la formulación de un plan especial de carácter supramunicipal en Holanducía....

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La Consejería de Obras Públicas ha dictado una orden por la que reserva para uso público 211.000 metros cuadrados de los 400.000 que forman Holanducía, un suelo aún no desarrollado en el núcleo consolidado Marbella sobre el que los promotores inmobiliarios tenían grandes expectativas dada su ubicación privilegiada, junto a Puerto Banús y la antigua carretera N-340. Sobre la parcela se proyecta un auditorio y centro de congresos. El pasado jueves, la consejera de Obras Públicas, Concha Gutiérrez, firmó la orden para la formulación de un plan especial de carácter supramunicipal en Holanducía.

En la práctica, se trata de la primera medida de ejecución del Plan de Ordenación del Territorio de la Costa del Sol Occidental, que ya marcaba la reserva de estos suelos para equipamiento territorial, consideración que implica un carácter vinculante para los planes de ordenación municipales. Este caso específico se inscribe, además, en un proceso de recuperación de los espacios públicos en Marbella, mermados por la especulación urbanística habida en los últimos años y la política de los gobiernos del Grupo Independiente Liberal (GIL).

Holanducía es algo así como una pequeña joya. Una de las pastillas de suelo libre más extensas en el casco consolidado de la ciudad, en una zona de alto valor inmobiliario, junto a Nueva Andalucía y frente a Puerto Banús, y lindando con la N-340 que se ha convertido tras la apertura de la A-7 en el principal eje urbano que conecta la Costa del Sol.

El PGOU de 1986 calificaba Holanducía como suelo no urbanizable, pero los gobiernos municipales del GIL llegaron a firmar varios convenios urbanísticos con diferentes promotores inmobiliarios, aunque nunca llegó a aprobar la recalificación del suelo. Pese a ello, el ex alcalde Julián Muñoz llegó a conceder una licencia de obras para una urbanización de 40 viviendas y un centro comercial dentro de Holanducía, aunque fuera de los 211.000 metros cuadrados delimitados por la Junta. Por aquella licencia existe un procedimiento penal abierto en el que están imputados Muñoz y otros seis ex concejales.

El avance del nuevo PGOU de Marbella mantiene la calificación como no urbanizable de los terrenos, a los que señala como "suelo de oportunidad". El POT de la Costa del Sol Occidental dibuja como uso orientativo para Holanducía un auditorio y un centro de congresos. Además, en esta parcela se proyecta también una de las estaciones del futuro corredor ferroviario de la Costa del Sol.

El propósito de la Junta es que se ejecuten estos proyectos, que incluirían un hotel de lujo, pero dándoles a los mismos un carácter singular como uno de los equipamientos más emblemáticos de la ciudad, y convertir Holanducía en "la gran plaza de la Costa del Sol".

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Una vez firmada la orden de la consejería, la oficina de planeamiento que la Junta tiene en Marbella desde que hace un año retiró las competencias en la materia al consistorio, tiene que redactar el plan especial y someterlo a aprobación inicial. En él se debe definir la forma de obtención de los suelos, ya que pertenecen a varios propietarios privados, si por expropiación, permuta o compensación.

Una vez realizada la aprobación inicial, el plan saldrá a información pública para ser sometido a alegaciones, y deberán ser consultados el Ayuntamiento y las otras administraciones públicas que tengan competencias en materias afectadas

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