La anulación en Vigo de una urbanización ya construida reabre un conflicto político

La sentencia del Tribunal Supremo que anula en Vigo el plan de Finca do Conde da la razón al ex alcalde Ventura Pérez Mariño, que en 2003 trató de paralizarlo. El socialista quería evitar que se construyesen las dos torres de viviendas y el mayor centro comercial de Galicia porque el Tribunal Superior ya había fallado que no se podía levantar un área comercial en suelo residencial. El intento de Pérez Mariño por "salvar la responsabilidad patrimonial del Ayuntamiento" no fue respaldado por el BNG, su socio de gobierno. El dictamen del Supremo ha reabierto la caja de los truenos del urbanismo v...

La sentencia del Tribunal Supremo que anula en Vigo el plan de Finca do Conde da la razón al ex alcalde Ventura Pérez Mariño, que en 2003 trató de paralizarlo. El socialista quería evitar que se construyesen las dos torres de viviendas y el mayor centro comercial de Galicia porque el Tribunal Superior ya había fallado que no se podía levantar un área comercial en suelo residencial. El intento de Pérez Mariño por "salvar la responsabilidad patrimonial del Ayuntamiento" no fue respaldado por el BNG, su socio de gobierno. El dictamen del Supremo ha reabierto la caja de los truenos del urbanismo vigués.

El plan parcial de Finca do Conde fue aprobado por el alcalde Manuel Pérez (PP) en 1999 pese a la oposición de la Consellería de Ordenación do Territorio e Obras Públicas (COTOP) que dirigía Xosé Cuiña. La COTOP había impugnado la elaboración del documento porque iba contra lo que mandaba el Plan General. Finca do Conde era suelo residencial, no cabían grandes áreas comerciales. Es lo mismo que dice ahora el Tribunal Supremo para anular el plan.

"Por lo que recuerdo, que es muy poco, tratábamos de defender la autonomía municipal frente a las injerencias de la Xunta", afirma José Antonio Gil Sotres, responsable de Urbanismo en aquella corporación, de la que sobreviven la alcaldesa, Corina Porro, y José Manuel Chema Figueroa, responsable actual de Urbanismo. "Creo que pudimos llegar a un acuerdo, aunque no tengo memoria precisa de lo que sucedió", insiste Gil Sotres desde León. Contra el plan de Finca do Conde, se interpusieron tres contenciosos ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), dos de la Xunta y un tercero de un particular.

El PP perdió su única mayoría absoluta en Vigo en las elecciones de 1999. Todos, incluso los populares, lo atribuyen hoy a la desastrosa política de aquel equipo. Tomó el relevo el nacionalista Lois Pérez Castrillo, con el apoyo y los puñales del "bialcalde" (así se autodenominaba) Carlos Príncipe. Una de las primeras iniciativas de aquel "bigobierno" fue la anulación del plan de Finca do Conde que habían metido con calzador en el mandato anterior. Lo anuló en septiembre el pleno municipal. Pero el Consello Consultivo de Galicia emitió un dictamen vinculante, dos meses después, que daba la vuelta al acuerdo plenario: el plan no podía corregirse de oficio, como pretendía el Ayuntamiento, por haber causas pendientes de resolver en el TSXG.

Pérez Castrillo aguantó hasta marzo de 2003. Autorizó entonces a Fincas do Conde, SA, la construcción de las dos torres (15 plantas y 114 viviendas). Una semana después, el 27 de marzo, el TSXG anuló el plan parcial. Los argumentos eran básicamente los mismos que ahora recoge el Tribunal Supremo: no puede dedicarse a uso comercial lo que en el Plan General es de uso residencial. Pero las sentencias admitían recurso ante el Supremo.

Tras las elecciones de mayo de 2003, el PSOE toma el relevo en la alcaldía con Ventura Pérez Mariño. El socialista encontró sobre la mesa un informe técnico municipal que proponía reclamar la ejecución provisional de las sentencias y así paralizar las obras recién iniciadas de las torres y suspender las licencias del centro comercial. Pero eso tenía que aprobarlo el Consello de la Xerencia Municipal de Urbanismo.

Este órgano lo integraban, además del alcalde, otros dos concejales del PSOE, dos del BNG, cuatro del PP (Corina Porro y José Manuel Figueroa, entre ellos) y el independiente Manuel Soto. Sólo votaron a favor de la propuesta los tres socialistas. El BNG y Soto se abstuvieron y los cuatro concejales del PP ganaron la votación.

Estalla el gobierno

El PSOE sólo pretendía "salvar la responsabilidad patrimonial del Ayuntamiento" y evitarle a la ciudad indemnizaciones multimillonarias si el Supremo confirmaba las sentencias del TSXG. Corina Porro atribuyó el voto del PP a "coherencia política" y a otros informes técnicos, y Xabier Toba justificó la abstención nacionalista en que "lo importante es incluirlo en el nuevo Plan General de urbanismo y agilizarlo todo lo posible". El BNG no ha aclarado nunca el giro de sus criterios con respecto a los que defendía con Pérez Castrillo de alcalde.

Apenas habían transcurrido cinco semanas desde la constitución del Ayuntamiento y el pacto de gobierno estallaba en la sesión del Consello da Xerencia de Urbanismo por Finca do Conde. Pérez Mariño perdió la alcaldía. Pero el Tribunal Supremo ha confirmado los criterios con los que él trató de paralizar el plan parcial para evitar gastos mayores a la ciudad.

La licencia para la construcción del centro comercial fue firmada por Chema Figueroa el 15 de enero de 2004. El recurso presentado por Aproin ya alude a la "posible responsabilidad de los concejales que votaron [en la Xerencia de Urbanismo] en contra de la suspensión de licencias en caso de que las sentencias del TSXG se confirmen por el Supremo". Y eso es lo que ha empezado a suceder.