¿De quién son los 22 millones?

Algún jurista con vocación de adivino o ciertamente conocedor del sistema jurídico español lo dijo hace casi 15 años. "El dinero se lo acaban devolviendo". Y casi ocurre. Hace casi tres lustros, una madrugada de julio de 1992, la policía intervenía un maletín con 22 millones de pesetas procedentes de una comisión ilícita por una adjudicación de obra pública. Se conoció como el Caso Ollero. La policía y la justicia tenían al comisionista, el dinero y un montón de horas grabadas de las conversaciones con la trama y como se cerró el trato. Pero todo ha acabado en la basura. Ningún condenad...

Algún jurista con vocación de adivino o ciertamente conocedor del sistema jurídico español lo dijo hace casi 15 años. "El dinero se lo acaban devolviendo". Y casi ocurre. Hace casi tres lustros, una madrugada de julio de 1992, la policía intervenía un maletín con 22 millones de pesetas procedentes de una comisión ilícita por una adjudicación de obra pública. Se conoció como el Caso Ollero. La policía y la justicia tenían al comisionista, el dinero y un montón de horas grabadas de las conversaciones con la trama y como se cerró el trato. Pero todo ha acabado en la basura. Ningún condenado. Y para colmo, los jueces de proceso preguntando, 14 años después, si deben devolver el dinero a quien se lo requisaron. La historia está plagada de anécdotas.

Las familias de los dos comisionistas reclaman el dinero después de ser absueltos en el juicio

Un anónimo llegado a los juzgados dio origen al caso de las comisiones en obras públicas

Por entonces, el ruido político se lo llevaba Juan Guerra y su famoso caso. Y los poderes públicos se afanaban por buscar fórmulas que acabaran con el llamado tráfico de influencias, un delito no reconocido hasta entonces en nuestro Código Penal y que hoy tiene un lugar en la legislación aunque con poco efecto jurídico. En los Juzgados de Sevilla, el juez Ángel Márquez desenmarallaba la tela de araña diseñada por el inquilino de un despacho en la Delegación del Gobierno, a quien se le acusaba de ser "el gran conseguidor de Andalucía". Un caso que acabó con la dimisión del entonces vicepresidente del Gobierno, Alfonso Guerra, y que supuso un hito en la llamada "cultura del pelotazo". Pero que también acabó igual que el Caso Ollero: mucha pena de banquillo, o mediática, pero sin condenas judiciales.

Al juez Márquez la correspondencia le jugó una mala pasada una mañana de la Navidad de 1991. Cuatro folios mecanografiados y sin firma llegaron a su juzgado, el número 6 de los de Instrucción de Sevilla, en un sobre blanco y sin remite. Le alertaban que lo de Juan Guerra era un juego de niños comparado con lo que se cocía al amparo del desarrollo de las infraestructuras públicas de Andalucía. Como todo buen thriller, el anónimo contenía nombres, apodos, una trama más o menos detallada, y la advertencia al juez de que la impunidad reinaría si él no actuaba. Las normas de reparto dieron con el escrito en la mesa de Eloisa Gutiérrez, jueza de Instrucción número 9, quien sustituía en vacaciones a Pilar Llorente, la juez del 17, instructora más tarde del famoso Caso Arny, a quien por reparto le correspondió el caso.

La juez encomendó a la policía judicial una primera comprobación de los nombres y los hechos que se relataban en el anónimo. Desde el sótano de los juzgados del Prado de San Sebastián, la policía informó a su señoría que aquello tenía muchos visos de verosimilitud. Un paso más. Pinchar los teléfonos de algunos de los personajes que conformaban la trama. Ya era sabido que el Caso Naseiro había quedado en agua de borrajas por la inconstitucionalidad de unas escuchas telefónicas. Aquí se andarían con más cuidado.

Las escuchas dieron lugar a miles de folios de transcripciones y a una certeza: Existía una red de comisionistas que, con o sin poder de influencia frente a la Administración andaluza, estaban actuando con las grandes constructoras del país, y a las que les cobraban cuantiosas comisiones por, supuestamente, conseguirles que la Junta de Andalucía les adjudicara grandes proyectos.

Cuando las escuchas estaban dando por fin resultados, la juez Llorente decidió suspenderlas. La policía ya conocía entonces que en breve se iba a producir el pago de una comisión por una obra y decidió seguir adelante.

La policía sabía que Jorge Ollero, el hermano del entonces director general de Carreteras de la Junta, Manuel, era la clave. Montaron un dispositivo inicial de control del AVE y del Aeropuerto de San Pablo (Sevilla) pero ninguno de los personajes de la trama cogió el tren ni el avión en aquelloss días. La vigilancia cambió la mañana del 14 de julio de 1992, cuando Sevilla celebraba el ecuador de la Exposición Universal. Se decidió montar una guardia directa. El coche de servicio del Grupo de la Policía Judicial adscrita a los juzgados controló la salida del domicilio de Jorge Ollero, en el sevillano barrio del Porvenir. Era temprano y por la rampa del garaje de la calle Progreso apareció un todoterreno de gran cilindrada. Del Porvernir directo a la N-IV camino de Madrid. 33 kilómetros fue todo lo que dio de sí la persecución. El Citroen AX blanco, sin aire acondicionado, de la policía no daba más de sí y en ese tramo de autovía, la silueta del todoterreno se pedió de vista.

La frustrada persecución dio paso a un plan B. Desde la unidad de Policía Judicial de Sevilla se pidió a la de Madrid que controlaran la llegada a la capital del todoterreno. Pero cinco horas más tarde todo pareció irse al traste. La policía madrileña no había podido detectar la entrada en Madrid del coche de Jorge Ollero. La operación se dio por cerrada.

Horas después, como en las películas de acción, la historia dio un giro de 180º. Eran las siete de la tarde cuando Jorge Ollero, a bordo de un Jeep Grand Cherokee negro, había sido detectado por la policía enfilando la carretera de Andalucía con destino a Sevilla. Viajaba acompañado de una pareja. Avisado el grupo de Sevilla la vigilancia se montó en Écija, donde en una conocida venta-discoteca se contactó con el vehículo. Ollero y sus amigos habían parado a cenar y tomar unas copas.

La policía intuía que Jorge Ollero, al que apodaban El Negro, había ido a Madrid a cobrar la comisión de una obra recién adjudicada. ¿Pero como intervenir el vehículo? Un patrullero zeta fue la solución. Como si de un control rutinario se tratara -durante la Expo eran habituales en los accesos a Sevilla-, un patrullero hizo que el Gran Cherokee se detuviera en el arcén. Y el registro dio su fruto. Un maletín de ejecutivo, de película, de piel negra. En su interior 2.200 billetes de 10.000 pesetas, enfajados, y recién salidos del banco. Además, la documentación de un todoterreno nuevo recien adquirido por valor de más de cuatro millones de las pesetas de entonces.

Eran las 3.30 de la madrugada del 15 de julio y el hermano del entonces director general de Carreteras de la Junta acababa confesando en la sede policial de los Juzgados. Las diligencias determinaron que Jorge Ollero había recibido una cantidad superior de dinero. La policía, al amparo de las escuchas, cifró en 127 millones de las antiguas pesetas la cantidad que la empresa Ocisa pagó por el "asesoramiento" para conseguir de la Junta andaluza la concesión de la obra de la carretera Las Pedrizas-Salinas, licitada por 2.854 millones de esas antiguas pesetas. Además, determinó que Ollero usó parte del dinero para comprar otro Grand Cherokee, vehículo que finalmente le fue devuelto y que, entre bromas, su abogado ofreció en venta a más de un periodista de los que seguían en caso judicial.

A partir de ahí, varias detenciones, un proceso que duró años -en su tramitación murió uno de los implicados Pedro Llach-, y un juicio que sentó en el banquillo al entonces consejero andaluz de Obras Públicas, Juan López Martos, los dos hermanos Ollero, y dos responsables de la constructora Ocisa, Jesús Roa y Luis Nogueira.

Pero la historia del dinero no acabó ahí. El dinero fue contado, precintado en una saca, registrado en una diligencia policial, y remitido al juzgado. Fue la última vez que se vieron esos billetes. La oficina del BBV de los juzgados del Prado de San Sebastián ordenaron su traslado a la oficina central pese a que la saca que los contenía advertía en una nota: "Esta bolsa no debe ser utilizada. Su contenido es un depósito de la policía judicial". Dos operarios de Esabe acarreraron el dinero que siguió su curso legal, de mano en mano.

El primer juicio en la Audiencia de Sevilla acabó con una sentencia condenatoria el 30 de diciembre de 1999. Los periódicos del último día del año daban cuenta de la absolución del consejero López Martos en 60 folios de sentencia de los cargos de prevaricación y cohecho de los que iba acusado. Sin embargo, consideró probado y condenó a todos los demás: que el director general de carreteras de la Junta, Manuel Ollero, reveló información sensible y datos confidenciales a su hermano Jorge, quien junto a Pedro Llach, ofrecieron a Ocisa la adjudicación de la obra Las Pedrizas Salinas, que pagó "una comisión acreditada de al menos 53 millones de pesetas".

El Tribunal Supremo ratificó la sentencia en julio de 2002, pero dos años más tarde, el Tribunal Constitucional consideraba nulas las escuchas telefónicas y ordenaba repetir el juicio sin atender a ellas. La juez había justificado las escuchas inicialmente, pero en las prórrogas sucesivas no especificó los motivos de persistencia de las mismas, una nulidad "más que técnica".

Cuatro años después, la Audiencia de Sevilla absolvía, el 31 de julio de 2006, a los cuatro procesados, los hermanos Ollero y los dos constructores. El juicio fue fácil para las defensas. Todos se acogieron a su derecho a no declarar. Lo actuado quedó en papel mojado, mancillado por la ilegalidad de las escuchas. No hubo pruebas.

A partir de su absolución, Jorge Ollero reclamó los 132.222 euros en los que se han convertido ahora las pesetas del maletín. Pero la Audiencia de Sevilla le contestó que "se desconoce el dueño, origen y destino" de dicho dinero, del que Ollero "era mero portador". Los herederos de Pedro Llach también lo han reclamado, alegando que en los juicios se manifestó que él era su propietario. La Audiencia ha pedido opinión al fiscal, a la Junta y a los abogados personados. Ese es el dilema que tiene que resolver ahora la justicia. Y la Hacienda Pública a la espera.