Vecinos de La Vila recogen más de 3.000 firmas contra el PGOU en cuatro días

La Asamblea Ciudadana de La Vila Joiosa que agrupa a los descontentos con el concierto previo del nuevo Plan General de Ordenación Urbana ha reunido ya 3.000 firmas contra el proyecto en tan solo cuatro días. Ayer se entregaron en el registro 1.700, una cantidad que pretenden incrementar los próximos días hasta alcanzar las 7.000, es decir, el 25% de la población censada, lo que según los promotores de la iniciativa permitiría impugnar el planeamiento y obligaría al primer edil, José Miguel Llorca Senabre, a retomar el proceso. "La reacción ciudadana de oposición ha sido sorprendente".

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La Asamblea Ciudadana de La Vila Joiosa que agrupa a los descontentos con el concierto previo del nuevo Plan General de Ordenación Urbana ha reunido ya 3.000 firmas contra el proyecto en tan solo cuatro días. Ayer se entregaron en el registro 1.700, una cantidad que pretenden incrementar los próximos días hasta alcanzar las 7.000, es decir, el 25% de la población censada, lo que según los promotores de la iniciativa permitiría impugnar el planeamiento y obligaría al primer edil, José Miguel Llorca Senabre, a retomar el proceso. "La reacción ciudadana de oposición ha sido sorprendente".

"El alcalde se está quedando sólo", señaló Antonio Garcimartín, portavoz del colectivo. El objetivo de la asamblea es reunir los apoyos suficientes antes del 28 de enero, fecha en la que finaliza la exposición pública del documento, que prevé la multiplicación por seis de la actual población de La Vila, la construcción de 35.000 nuevas viviendas y la construcción de tres campos de golf. El presidente del Grup Ecologista Xoriguer, Joan Segovia, destacó ayer que en un apartado de la memoria del concierto previo figura que la necesidad de viviendas para los próximos tres años es de 191, por lo que "no se entiende la razón de crear 35.000 más". También forman parte del colectivo asociaciones de perjudicados por el desarrollo del PGOU en vigor, que data de 1999, y que se ha desarrollado sólo en torno al 10%. Estos vecinos temen que las reclasificaciones previstas (que alcanzan un total de 16 millones de metros cuadrados) provoquen que se multipliquen los impuestos como ha sucedido con los sectores del anterior planeamiento y después queden paralizados por la mala gestión y la justicia.

Medio centenar de vecinos se concentraron ayer por la mañana en las puertas del Ayuntamiento de La Vila para hacer entrega de las firmas, justo en el momento en el que se celebraba un pleno municipal, e increparon a los concejales del PP. Llorca, en una actitud poco conciliadora, llamó "cuatro retrógrados" a quienes buscan "rentabilidad electoral" y "manipulan a la población". El alcalde del PP calificó de "demagógicos" y "agoreros" a quienes quieren que "perdamos esta oportunidad", porque "lo único que persigue el nuevo Plan es que los vileros no tengan que marcharse de su ciudad para trabajar cada mañana", añadió.

En referencia al apoyo recibido por el alcalde del consejero de Territorio y Vivienda, Esteban González Pons, esta misma semana, el portavoz del Bloc, Vicent Serra, señaló que "quien tiene que venir a La Vila y recorrerla de un lado a otro es el Fiscal Anticorrupción, no el consejero". El portavoz de la asamblea vecinal también culpó a González Pons de ser cómplice de los desmanes urbanísticos del primer edil.

Minutos antes de la concentración, la mayoría absoluta del PP aprobó la creación de una sociedad urbanística municipal, una empresa que servirá para agilizar los trámites administrativos. Los tres partidos de la oposición (PSPV, Bloc e Iniciativa Independiente) lo enmarcaron en el caos de la gestión urbanística y criticaron que se realice tras ocho años de gestión y a pocos meses de las elecciones. Por otra parte Los Verdes denunciaron que el consejero de Infraestructuras, José Ramón García Antón, no paralice las viviendas que un promotor, socio de dos concejales del PP, está levantando en una zona de la playa del Bon Nou considerada por Costas como servidumbre de dominio público, y por lo tanto ilegales. A una pregunta del diputado Carles Arnal en las Cortes el consejero derivó la responsabilidad al Gobierno central.