Un asesor de Pla fue socio de un 'ultra' en una firma de seguridad

El ex decano del Colegio de Abogados de Valencia y miembro del equipo redactor del programa de Política Institucional del PSPV, Fernando Alandete, fue socio del ultraderechista José Luis Roberto, presidente de España 2000 en una empresa de seguridad entre 1979 y 1987. Esta empresa, Levantina de Seguridad, obtiene actualmente contratos por parte de la Generalitat sin especificar quiénes son sus verdaderos accionistas.

Alandete figura como accionista de un tercio de las acciones de la empresa Levantina de Seguridad en la escritura de constitución, fechada en 1979, que esta empresa present...

El ex decano del Colegio de Abogados de Valencia y miembro del equipo redactor del programa de Política Institucional del PSPV, Fernando Alandete, fue socio del ultraderechista José Luis Roberto, presidente de España 2000 en una empresa de seguridad entre 1979 y 1987. Esta empresa, Levantina de Seguridad, obtiene actualmente contratos por parte de la Generalitat sin especificar quiénes son sus verdaderos accionistas.

Alandete figura como accionista de un tercio de las acciones de la empresa Levantina de Seguridad en la escritura de constitución, fechada en 1979, que esta empresa presenta a los concursos públicos de la Administración valenciana. El pliego presentado por esta sociedad no advierte de los cambios en la composición del empresariado por lo que, formalmente y efectos administrativos, Levantina de Seguridad declara todavía que es propiedad a tercios iguales del asesor de Pla, del ex vigilante jurado Javier Benítez y del presidente de la formación ultraderechista España 2000.

José Luis Roberto es uno de los principales referentes de la ultraderecha valenciana y un polifacético hombre de negocios con intereses relacionados con los clubes de alterne, los gimnasios, la seguridad y los bufetes de abogados, entre otros sectores. España 2000 ha sido uno de los partidos que han impulsado la organización de diversas manifestaciones contra la inmigración en el barrio valenciano de Russafa.

Alandete argumentó que su participación como accionista de Levantina de Seguridad se produjo a raíz de la propuesta de Javier Benítez en 1979, un vigilante jurado a quien había defendido en un pleito por despido y que le propuso crear una sociedad relacionada con la vigilancia y la seguridad privada. La empresa se constituyó el 28 de diciembre de 1979 con Alandete, Benítez y Roberto a partes iguales. La firma se denominó inicialmente Nacional de Seguridad S. L., aunque debido a las limitaciones que impone la legislación estatal para utilizar el término "nacional" se tuvo que modificar el nombre por el de Levantina de Seguridad.

"Nunca me han gustado las armas. Yo no dormía tranquilo", manifestó el ex decano del Colegio de Abogados de Valencia que indicó que había vendido sus participaciones muchos años atrás.

Así consta en la escritura de compraventa con fecha del 15 de septiembre de 1987, en la que Fernando Alandete y su esposa vendieron su paquete de acciones en Levantina de Seguridad a los otros dos socios que las compraron al 50%.

Alandete cobró recientemente notoriedad por sus críticas, como decano del Colegio de Abogados de Valencia, al Consell que preside Francisco Camps. El decano criticó diversas actuaciones del jefe del Gobierno valenciano hasta el punto de asegurar que "le vendría bien pasar una temporadita en la oposición".

Estas críticas hicieron que varios miembros del Consell arremetiesen contra el decano Alandete, que finalmente acabó por dimitir al no contar con el apoyo de la junta de gobierno del Colegio de Abogados.

El pasado 27 de enero, Fernando Alandete posó en la foto de familia del equipo redactor del programa de Política Institucional del PSPV, en compañía de Pla y la vicesecretaria general Isabel Escudero.

Alandete fue presentado por la dirección socialista como un profesional buen conocedor de las deficiencias del funcionamiento de la Administración de Justicia. Una competencia que recae en buena medida sobre la Generalitat, que es la encargada de dotar de los medios necesarios a la Administración de Justicia.