Hacienda pide los planeamientos urbanísticos de 200 ayuntamientos

Hacienda pretende conocer los grandes planeamientos urbanísticos de España antes de que comiencen a desarrollarse. Con ese objetivo, la Agencia Tributaria mandó el año pasado 200 requerimientos a ayuntamientos para que le remitiesen sus proyectos urbanísticos, una iniciativa que continuará este año. Además, el consorcio que Hacienda constituirá con Cataluña para gestionar los tributos en esa comunidad sólo se ocupará del IRPF.

La lucha contra el fraude inmobiliario requiere seguir la pista de los proyectos desde el principio. El director de Inspección de la Agencia Tributaria, Carlos Ce...

Hacienda pretende conocer los grandes planeamientos urbanísticos de España antes de que comiencen a desarrollarse. Con ese objetivo, la Agencia Tributaria mandó el año pasado 200 requerimientos a ayuntamientos para que le remitiesen sus proyectos urbanísticos, una iniciativa que continuará este año. Además, el consorcio que Hacienda constituirá con Cataluña para gestionar los tributos en esa comunidad sólo se ocupará del IRPF.

La lucha contra el fraude inmobiliario requiere seguir la pista de los proyectos desde el principio. El director de Inspección de la Agencia Tributaria, Carlos Cervantes, explicó ayer que los principales incrementos en el precio del suelo se producen en el proceso de recalificación, cuando un terreno pasa de ser rústico a urbanizable. Por ese motivo la Agencia está intentando controlar esos procesos desde su inicio y ha demandado información a los ayuntamientos con los mayores planeamientos urbanísticos del país. El año pasado se produjeron 200 requerimientos y este año continuará la tendencia. Cervantes explicó esos detalles en una jornada sobre fiscalidad organizada por la Asociación de Periodistas de Información Económica.

Los grandes proyectos urbanísticos están concentrados en pocos municipios. Unos 800 (el 11% del total) contienen el 80% de los inmuebles que existen en España, según datos del Catastro. Dirigirse a los de mayor desarrollo urbanístico implica, por tanto, tener una imagen bastante ajustada de cómo evoluciona el paisaje urbano del país. Además, Hacienda solicitará información a las juntas de compensación, órganos que constituyen grupos de propietarios de suelo rústico para gestionar su urbanización. El año pasado se efectuaron 2.000 requerimientos.

Fiscalidad 'verde'

En fiscalidad, el secretario de Estado de Hacienda, Carlos Ocaña, señaló que este año se planteará una propuesta de fiscalidad verde para vincular el pago de impuestos con el nivel de contaminación de cada contribuyente. Aunque aún está por definir, el impuesto de matriculación es "candidato natural" a esa reforma fiscal, que consistirá, según Ocaña, en subir el impuesto a algunos contribuyentes y bajarlo a otros, sin elevar en conjunto la presión fiscal. Se trata de "que haya mayor correlación entre lo que se paga y lo que se contamina", lo que trasladado al impuesto de matriculación implica que los vehículos de mayor cilindrada paguen más y el resto menos.

El responsable de Hacienda, que también participó en la jornada de fiscalidad, avanzó algunos detalles del consorcio que en el plazo de año y medio tendrá que crear este departamento con la Generalitat de Cataluña, según fija el estatuto de esta comunidad. El consorcio, constituido a partes iguales entre las dos instituciones, gestionará sólo el impuesto sobre la renta, pese a que Cataluña reclama competencias sobre otros tributos, como el tramo minorista del IVA. Ocaña aseguró que existe un "entendimiento de partida con Cataluña" sobre la necesidad de que este consorcio se limite al IRPF, aunque admitió que aún no han empezado a negociar.

En todo caso, aseguró que el nuevo modelo se basará en una colaboración y no en la creación de una nueva administración tributaria en Cataluña. El papel que desempeñe la comunidad autónoma en todo lo relativo al IRPF será "relevante" una vez constituido el consorcio.

Hoy se constituye la Comisión Mixta de Asuntos Económicos y Fiscales entre el Gobierno central y la Generalitat, un órgano que desarrollará los aspectos económicos del Estatuto.