Trece jueces en la encrucijada

La Sala Penal del Tribunal Supremo decidirá el próximo día 12 la suerte del etarra Iñaki de Juana Chaos, en huelga de hambre desde hace tres meses tras haber sido condenado a 12 años y 7 meses de prisión por un delito de amenazas terroristas apreciado en dos artículos publicados en Gara el 1 y 30 de diciembre de 2004. Desde que tuvo que alumbrar la polémica doctrina Parot para retrasar la salida de prisión del sanguinario etarra, la Sala Penal no se enfrentaba a otra polémica del calibre de la suscitada en torno a De Juana, que amenaza con reproducir la reciente batalla judicial ...

La Sala Penal del Tribunal Supremo decidirá el próximo día 12 la suerte del etarra Iñaki de Juana Chaos, en huelga de hambre desde hace tres meses tras haber sido condenado a 12 años y 7 meses de prisión por un delito de amenazas terroristas apreciado en dos artículos publicados en Gara el 1 y 30 de diciembre de 2004. Desde que tuvo que alumbrar la polémica doctrina Parot para retrasar la salida de prisión del sanguinario etarra, la Sala Penal no se enfrentaba a otra polémica del calibre de la suscitada en torno a De Juana, que amenaza con reproducir la reciente batalla judicial de la Audiencia Nacional. Los primeros movimientos ya han comenzado: el presidente ha convocado el Pleno de la Sala, una decisión un tanto insólita teniendo en cuenta que se trata de un recurso sobre un delito de amenazas. Además, no se recuerda un caso en que el Supremo haya visto en apenas tres meses un recurso procedente de un tribunal inferior. Es evidente que el estado del etarra, muy debilitado por la huelga de hambre y con alto riesgo, según los exámenes forenses, ha tenido que pesar en el ánimo de los magistrados. Y que en la avocación a pleno de un recurso del montón ha pesado también su indudable carga política.

En la Sala Penal, la correlación de fuerzas viene a ser de ocho conservadores frente a cinco progresistas

Con una pena de dos años de cárcel sería excarcelado por los dos años que lleva de prisión preventiva

¿Quiénes van a decidir la suerte del etarra? Para el recurso estaba ya designado el ponente, el conservador Joaquín Delgado, pero aún no se conocía quienes iban a ser los otros cuatro jueces que debían integrar el tribunal. Tras la avocación a pleno, ahora serán 13 magistrados.

En la Sala Penal, la actual correlación de fuerzas viene a ser de ocho conservadores frente a cinco progresistas. La reciente jubilación de José Antonio Martín Pallín y Siro García -que han quedado como magistrados eméritos pero no participan en los plenos- ha dejado fuertemente reducida la nómina de progresistas, que antes estaba igualada a 7 y arbitrada por el presidente, Juan Saavedra, un conservador moderado.

Bajo estas premisas sobre el tribunal, ¿qué puede pasar con De Juana? Aunque casi todas las posibilidades están abiertas, las fuentes consultadas por este periódico apuntan a una solución intermedia, ni tan leve como la absolución, ni tan grave como la durísima sentencia de la Audiencia Nacional, que le impuso 12 años y siete meses de cárcel por dos artículos periodísticos que contenían "veladas amenazas", sin concreción de un mal para los amenazados.

Del abanico de soluciones que puede abordar el Supremo, la única que cabe descartar de plano es la petición 96 años que reclama la acusación particular de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT). En cuanto a la absolución reclamada por la defensa del etarra, aunque en condiciones normales no sería del todo descartable, hoy parece bastante complicada teniendo en cuenta la temperatura que ha alcanzado en la calle el caso De Juana.

Las impresiones recabadas en medios jurídicos abonan una rebaja que podría suponer para el etarra una pena entre dos y cuatro años de prisión. En su intervención ante el Supremo, el fiscal se opondrá tanto al recurso de la AVT como al de la defensa de De Juana. Pero a su vez, hará hincapié en la calificación alternativa que presentó a la Audiencia, y que no fue tenida en cuenta por ésta.

El fiscal formuló ante la Audiencia una calificación por delito de amenaza terrorista, por el que solicitó una pena de 13 años - y que fue el tenido en cuenta en la sentencia que impuso 12 años y 7 meses-, pero alternativamente apreció un delito de coacciones, en concurso real con un delito de exaltación del terrorismo, por cada uno de los cuales pidió dos años de cárcel, es decir, un total de cuatro. En la vista ante el Supremo, el fiscal, sin cuestionar la pena impuesta por ser favorable a su tesis, hará hincapié en la calificación alternativa y, como dice en su escrito, defenderá la posibilidad de que el alto tribunal acoja la otra vía, la de los cuatro años de prisión.

Algunas fuentes ven posible que la pena pudiera reducirse hasta los dos años, la misma que se impuso al exaltado Iñaki Bilbao por amenazas mucho más graves - "te voy a pegar siete tiros y arrancar la piel a tiras"- al presidente del tribunal que le estaba juzgando, Félix Alfonso Guevara y al juez Baltasar Garzón.

Con una pena de dos años de cárcel, De Juana sería excarcelado automáticamente por abono de los dos años que lleva en prisión preventiva, desde enero de 2005. Si la pena ascendiese a cuatro las fuentes consultadas creen que sería posible arreglar su salida de prisión, buscando alguna fórmula quizá en el ámbito de los beneficios penitenciarios aunque esa solución implicaría irremediablemente un cierto desgaste político para el Ejecutivo. Y dejar a De Juana en situación de "excarcelable" pero sin que sea el Tribunal Supremo el que materialice su salida de prisión "no es una suposición descabellada", según las citadas fuentes.

La actual formación de la Sala Penal del Supremo, aunque con predominio de conservadores, viene caracterizándose por un cierto nivel de calidad en sus resoluciones, que le ha llevado a corregir muchas de las sentencias procedentes de la Audiencia Nacional en los últimos años. De ahí que la resulte menos probable la confirmación de una sentencia tan desproporcionada como la de De Juana. Y en la Sala todavía se recuerda la anulación por el Tribunal Constitucional de la sentencia que condenó a 7 años a todos los integrantes de la Mesa Nacional de Batasuna. Precisamente por considerar que la pena era "desproporcionada".