Conde-Pumpido no ve delito en la reunión de Ibarretxe con Otegi
El fiscal no pedirá la ilegalización de EHAK ni actuará contra 'Egunkaria'
Dos de las condiciones expuestas por el PP para recomponer el consenso antiterrorista, instar la ilegalización del Partido Comunista de las Tierras Vascas (EHAK) y actuar contra el diario Egunkaria, carecen de justificación jurídica, según el fiscal general del Estado. Cándido Conde-Pumpido invocó ayer la sentencia del Supremo que avaló los contactos entre el PSE y Batasuna para afirmar que las reuniones de Ibarretxe con Otegi no son ilegales.
El fiscal general del Estado redujo a la categoría de "cuestión política" que no merece "promover acción" la nueva reunión que supuestamen...
Dos de las condiciones expuestas por el PP para recomponer el consenso antiterrorista, instar la ilegalización del Partido Comunista de las Tierras Vascas (EHAK) y actuar contra el diario Egunkaria, carecen de justificación jurídica, según el fiscal general del Estado. Cándido Conde-Pumpido invocó ayer la sentencia del Supremo que avaló los contactos entre el PSE y Batasuna para afirmar que las reuniones de Ibarretxe con Otegi no son ilegales.
El fiscal general del Estado redujo a la categoría de "cuestión política" que no merece "promover acción" la nueva reunión que supuestamente habrían mantenido el lunes pasado el lehendakari, Juan José Ibarretxe, y el portavoz de la ilegalizada Batasuna, Arnaldo Otegi. Conde-Pumpido hizo suya la posición de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) -que se opone a la causa abierta contra Ibarretxe por una anterior reunión con representantes de la izquierda abertzale- y la sentencia de la Sala Penal del Tribunal Supremo que avaló los contactos de los dirigentes del PSE-PSOE Patxi López y Rodolfo Ares con dirigentes de Batasuna, para rechazar la posible ilegalidad de esos encuentros. "Ésa es la postura del fiscal general", afirmó.
El fiscal rechazó también, "por no tener cabida en la legalidad vigente", dos de las condiciones impuestas por el PP al Gobierno para desplegar una estrategia común contra el terrorismo de ETA tras la ruptura del alto el fuego permanente. En primer lugar, se opuso a la posibilidad de actuar contra el diario Egunkaria en el juicio pendiente en la Audiencia Nacional. "Me pregunto qué concepto de legalidad e imparcialidad podría justificar que el fiscal se presente ante un juez y le pida la apertura de un juicio sin pruebas", afirmó.
Respecto de la segunda condición, que se inste la ilegalización del Partido Comunista de las Tierras Vascas (EHAK en sus siglas en euskera), el fiscal general aseguró que, por el momento, no se dan las causas para reclamarla. "La simple negativa a condenar el terrorismo sólo es un indicio, según el Tribunal Constitucional, pero no es suficiente para la ilegalización", afirmó Conde-Pumpido, que aseguró que EHAK "no es la envoltura de Batasuna", sino "la última salida para no frustrar las expectativas de sus seguidores". Aun así, avisó de que el Ministerio Fiscal analiza constantemente la situación y actuará contra la formación en caso de que en las próximas elecciones "se utilice para defraudar la Ley de Partidos".
El portavoz parlamentario del PP, Eduardo Zaplana, criticó a Conde-Pumpido: "Lo que diga a estas alturas el fiscal no va a sorprender a nadie porque, haciendo una clara dejación de su responsabilidad, ya dijo que había que atender desde la Justicia la nueva realidad social, que no era que hubiesen abandonado las pistolas, porque al poco tiempo asesinaron".
Sin amparo
La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) rechazó ayer, por el momento, otorgar amparo al presidente del TSJPV, Fernando Ruiz Piñeiro, que denunció una campaña de insultos y descalificaciones contra él desde el Gobierno vasco y los partidos que lo sustentan por la causa abierta contra Ibarretxe por haberse reunido con Otegi en abril de 2006. El órgano de gobierno de los jueces, con el único apoyo de su presidente, Francisco Hernando (conservador), y de los vocales a propuesta del PP Enrique López y Carlos Ríos, optó por "instar a los responsables políticos" vascos al "cese de tales declaraciones en tanto en cuanto tengan como fin la descalificación y el cuestionamiento de la actuación profesional" de los integrantes de ese tribunal. Los vocales progresistas Juan Carlos Campo y Luis Aguiar votaron en contra de la resolución por entender que "no existe una campaña orquestada" contra el alto tribunal, sino una "tensión lógica", por la gravedad del proceso.
La portavoz del Gobierno vasco, Miren Azkarate, consideró que el diálogo con Batasuna "y con ETA" fue "respaldado en su día por el Tribunal Supremo" y que las declaraciones del fiscal general "vienen a reforzar lo que hemos oído hasta la saciedad en instancias judiciales", informa Isabel C. Martínez. El Gobierno autónomo en pleno ha decidido arropar al lehendakari el 31 de enero en su comparecencia como imputado, y Azkarate ha agradecido las muestras de apoyo a la manifestación convocada por el PNV para el próximo lunes "ante la injusticia que se está cometiendo" contra Ibarretxe.
Aralar acudirá a esa manifestación. Por contra, el PSE anunció que, pese a no estar de acuerdo con el encausamiento del lehendakari y de otros dirigentes socialistas por hablar con Batasuna, no secundará las movilizaciones. "No vamos a contribuir a una campaña de desprestigio y deslegitimación de la justicia y de nuestros jueces", dijo el socialista Rodolfo Ares.
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