Un gigantesco equívoco
A LO LARGO de los nueve meses del alto el fuego falsamente permanente de ETA, los mensajes cruzados y las conversaciones mantenidas entre la banda terrorista y el Gobierno han descansado sobre un gigantesco equívoco. Lejos de negociar un paquete homogéneo de reivindicaciones cuantitativas situadas en el mismo espacio político y susceptibles de tratamiento gradualista, esa interlocución ha versado sobre puntos de vista cualitativamente opuestos y pretensiones ideológicamente irreconciliables. Mientras el objetivo del Gobierno era conseguir el desarme y la disolución de ETA, a cambio de la legal...
A LO LARGO de los nueve meses del alto el fuego falsamente permanente de ETA, los mensajes cruzados y las conversaciones mantenidas entre la banda terrorista y el Gobierno han descansado sobre un gigantesco equívoco. Lejos de negociar un paquete homogéneo de reivindicaciones cuantitativas situadas en el mismo espacio político y susceptibles de tratamiento gradualista, esa interlocución ha versado sobre puntos de vista cualitativamente opuestos y pretensiones ideológicamente irreconciliables. Mientras el objetivo del Gobierno era conseguir el desarme y la disolución de ETA, a cambio de la legalización de la izquierda abertzale y la concesión de medidas de gracia, la banda pretendía el cumplimiento de su programa máximo, contra el vago compromiso de abandonar la violencia al final de un proceso tutelado por su amenazadora presencia.
Los procesos de final dialogado de la violencia entre un Gobierno democrático y una organización terrorista son inviables si las motivaciones y las expectativas de los interlocutores son inconciliables
Si se hubiese limitado a pronosticar el fracaso de unos contactos basados sobre ese insuperable equívoco sin intentar boicotearlos por todos los medios, el PP estaría ahora en condiciones de dar lecciones de prudencia política. Sin embargo, la desaforada reacción de los dirigentes populares fue acusar al Gobierno de haber aceptado la agenda reivindicativa de ETA y de rendirse a sus pretensiones. Esa predicción paranoide resucitó incluso el fantasma del 11-M para explicar la traición a los muertos de Zapatero -Rajoy dixit- y la capitulación del Estado democrático de derecho ante los terroristas. La teoría de la conjura propalada por destacados portavoces parlamentarios y periodísticos del PP se había encargado ya de endosar a ETA el atentado de Atocha; los socialistas no harían sino pagar ahora a la banda la ayuda cómplice prestada para llegar al poder.
El inquisitorial juicio de intenciones orquestado por el PP para atribuir al Gobierno y a la cúpula de ETA una identidad de objetivos no sólo fue una necedad rastrera, sino también una grave irresponsabilidad política que realimentó las ilusiones de la banda. Si el partido de la oposición daba por sentado que el Gobierno socialista estaba dispuesto a forzar la anexión de Navarra al País Vasco y a reconocer la territorialidad y el derecho a la autodeterminación de Euskal Herria, era inevitable que los jefes de ETA y de Batasuna llegasen a la conclusión de que sus objetivos irredentistas habían dejado de ser un sueño a largo plazo para transformarse en una meta situada al alcance de la mano.
El atentado de Barajas ha desmentido las calumniosas imputaciones del PP contra el Gobierno, pero también ha mostrado la inviabilidad de cimentar sobre el equívoco el final dialogado de la violencia entre dos interlocutores sometidos a mandatos distintos e impulsados por motivaciones y expectativas inconciliables. El Gobierno estaba obligado a ajustarse a la resolución del Congreso de mayo de 2005, cuyo segundo punto autoriza el diálogo entre los poderes del Estado y los terroristas que decidan abandonar la violencia con "una clara voluntad" de poner fin a la misma y con "actitudes inequívocas" conducentes a esa conclusión. El único destino de ETA sería "disolverse y deponer las armas"; sólo los representantes legítimos de la voluntad popular podrían resolver las cuestiones políticas: "la violencia no tiene precio político". El Parlamento -en esta legislatura- y las urnas -en las siguientes elecciones- actuarían como instrumentos de control para impedir el eventual desbordamiento de ese mandato.
Por el contrario, ETA es una organización terrorista al margen de la ley que no rinde cuentas ni siquiera a las bases de la izquierda abertzale, tal y como mostró el desconcierto de los dirigentes de la disuelta Batasuna tras el atentado de Barajas. La cerrada clandestinidad de su opaca estructura impide adivinar sus mecanismos de toma de decisiones. La conjetura de un enfrentamiento entre halcones y palomas dentro de ETA como causa explicativa del endurecimiento que habría llevado a la ruptura de la tregua es tan inverificable como la hipótesis alternativa de un juego de simulación que hubiese encargado azarosamente a miembros de la banda unidos por el mismo propósito la representación de los papeles de policía malo y de policía bueno.