La nueva cámara urbana de Álava inicia el proceso para recuperar el patrimonio
La nueva Cámara de la Propiedad Urbana de Álava, que nació tras la liquidación de la histórica corporación de derecho público del mismo nombre, anunció ayer que va a dar inicio al proceso judicial para recuperar el patrimonio que tras la liquidación ha asumido el Gobierno.
El decreto de liquidación establece que las asociaciones de defensa de los propietarios que sucedan a las cámaras oficiales liquidadas podrán solicitar y optar a una parte del patrimonio que generaron. El Ejecutivo, no obstante, tiene que dilucidar qué parte del mismo fue conseguido en los años en que las cuotas de la...
La nueva Cámara de la Propiedad Urbana de Álava, que nació tras la liquidación de la histórica corporación de derecho público del mismo nombre, anunció ayer que va a dar inicio al proceso judicial para recuperar el patrimonio que tras la liquidación ha asumido el Gobierno.
El decreto de liquidación establece que las asociaciones de defensa de los propietarios que sucedan a las cámaras oficiales liquidadas podrán solicitar y optar a una parte del patrimonio que generaron. El Ejecutivo, no obstante, tiene que dilucidar qué parte del mismo fue conseguido en los años en que las cuotas de las cámaras de la Propiedad eran obligatorias, es decir tenían la consideración de tasas públicas, entre 1927 y 1989. El patrimonio logrado antes y después será ofrecido a las nuevas asociaciones que lo soliciten.
La nueva cámara de Álava criticó ayer que "el Gobierno vasco se ha hecho fraudulentamente con un patrimonio perteneciente en gran parte a los propios asociados alaveses a través del decreto de liquidación de las cámaras. En el caso de Álava, además, el Gobierno está tratando de suplantar a la cámara, en vez de liquidarla tal y como le obliga su propio decreto, y se dedica a ofrecer algunos de sus servicios".
El decreto de liquidación de las cámaras oficiales entró en vigor el 31 de enero pasado con el objetivo de asumir todo el patrimonio de estas entidades (en torno a los 19 millones de euros) y el personal contratado antes del Real Decreto de 1990, que impuso su extinción. El Ejecutivo quiere tener finalizado antes de que termine el año ese proceso y definida la forma, estructura y nombre del servicio público que debe seguir prestando parte de las funciones de las viejas cámaras oficiales.
Siete avales
El Tribunal Superior ha avalado en siete ocasiones el decreto de disolución de las Cámaras Oficiales de la Propiedad Urbana como corporaciones de derecho público. La última, hecha pública en septiembre, ratificaba además en términos claros la liquidación del patrimonio y su paso a la Dirección de Patrimonio.
Los integrantes de las disueltas Juntas de Gobierno de las extintas cámaras habían interpuesto un total de siete recursos contencioso-administrativos contra el decreto solicitando la suspensión de las normas. No han logrado parar su aplicación.
La Administración se ha reservado una serie de servicios, como la información en materia de derechos y obligaciones de propietarios de bienes inmuebles y visado oficial y registro de contratos de arrendamiento.
Además, asume la mediación y conciliación en los conflictos entre propietarios e inquilinos, siempre que las dos partes así lo soliciten. También se encargará de registro, depósito y gestión recaudatoria de las fianzas de arrendamientos urbanos.