Un viaje de ácido bórico
EL TRAYECTO RECORRIDO por el caso del ácido bórico entre el juzgado número 5 de la Audiencia Nacional -cuyo titular es Baltasar Garzón- y el juzgado número 35 de Madrid -a cargo de Gemma Gallego- ha sido un viaje psicodélico que ha transportado al sumario desde la realidad verificable hasta la incontrolada fantasía. Más allá de las implicaciones procesales de un conflicto menor de orden policial-administrativo, seguramente sin trascendencia penal, la transformación alucinógena sufrida por la causa judicial al cambiar de manos la instrucción de sus diligencias se debe a un maligno virus ...
EL TRAYECTO RECORRIDO por el caso del ácido bórico entre el juzgado número 5 de la Audiencia Nacional -cuyo titular es Baltasar Garzón- y el juzgado número 35 de Madrid -a cargo de Gemma Gallego- ha sido un viaje psicodélico que ha transportado al sumario desde la realidad verificable hasta la incontrolada fantasía. Más allá de las implicaciones procesales de un conflicto menor de orden policial-administrativo, seguramente sin trascendencia penal, la transformación alucinógena sufrida por la causa judicial al cambiar de manos la instrucción de sus diligencias se debe a un maligno virus político: el obstinado empeño del PP -con Eduardo Zaplana a la cabeza- y de un grupo afín de periodistas y locutores por atribuir la dirección de la matanza del 11-M a un batiburrillo criminal formado por ETA, agentes de servicios de inteligencia extranjeros y miembros de las fuerzas de seguridad teledirigidos por el PSOE.
Al tiempo que cuatro jefes policiales son imputados por varios delitos, el PP pide una comisión de investigación parlamentaria para dilucidar las responsabilidades políticas del Gobierno
Ni uno sólo de los abundantes indicios reunidos por la policía, analizados por la fiscalía e incorporados por el juez Juan del Olmo al sumario de los trenes de la muerte avaló esa extravagante tesis. Los maliciosos fabricantes de la teoría de la conspiración, sin embargo, no se resignan al terco desmentido de los hechos y ofrecen todo tipo de conjeturas absurdas y paranoides como interpretación alternativa a la explicación sumarial del 11-M, descargando sobre los demás la imposible tarea de probar la falsedad de sus retorcidas fantasías. En ese recalentado escenario, El Mundo y la radio de los obispos recibieron el pasado septiembre la filtración de un informe elaborado el 21 de marzo de 2005 por tres peritos de la policía sobre una sustancia intervenida en diciembre de 2004 a Hassan el Haski (imputado por los atentados de Casablanca y Atocha); el papel filtrado a la prensa era una copia del original impresa y firmada el 11 de julio de 2006 por sus autores (un dato omitido por la difusión periodística). Ese documento de trabajo de los expertos, sin embargo, no había pasado en su día de manera íntegra al informe oficial enviado al juez. Los jefes de la Comisaría de Policía Científica reprodujeron fielmente la respuesta de los peritos a la pregunta que les había sido dirigida (la sustancia analizada era ácido bórico), pero suprimieron sus extravagantes observaciones acerca de una posible conexión entre el islamismo y ETA basada sólo en que también se encontró ácido bórico en 2001 durante el registro de un piso franco de la banda armada en Salamanca.
El juez Garzón, que se hizo cargo del asunto el pasado septiembre como instructor de un sumario donde figuraba como imputado Hassan el Haski, llegó a la conclusión de que los jefes de la Comisaría de Policía Científica habían actuado correctamente, pero que los tres peritos podían ser culpables de un delito de falsificación por la copia impresa y firmada el 11 de julio de 2006 que sería luego filtrada a la prensa. Garzón se inhibió de la causa por razones de competencia, no sin advertir antes de la manipulación política llevada a cabo por los tres peritos para "generar una apariencia sin sustento real alguno" que permitiera vincular a ETA con el 11-M. Tras hacerse cargo a comienzos de octubre de la instrucción del caso, la juez Gallego -candidata de la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura para una vocalía del nuevo Consejo del Poder Judicial- ha tomado medidas diametralmente opuestas a las decisiones adoptadas por Garzón: la exoneración de los tres peritos y la imputación de los jefes policiales por falsedad documental y falso testimonio.
El PP no ha querido perderse la fiesta del desquite de los tres peritos. Como portavoz del Grupo Popular, Eduardo Zaplana ha asomado de nuevo la cabeza para exigir una comisión de investigación sobre el caso del ácido bórico. Se reanuda así el baile parlamentario en torno al 11-M: ahora se trata de sostener que el Gobierno ordenó a la policía borrar los indicios sobre la conexión de ETA con el atentado. Pero se pongan como se pongan la juez, el PP, El Mundo y la radio de los obispos, continúa siendo indiscutible que el ácido bórico no es un explosivo, sino sólo un producto de limpieza utilizado por cientos de miles de amas de casa.