Ceremonia urbanística de la confusión

Abruma la cantidad de espacio informativo que viene ocupando el urbanismo en los medios de comunicación indígenas y foráneos, con la pintoresca excepción del canal televisivo autonómico -Canal 9-, que no sabe cómo hincarle el diente al asunto sin levantar ampollas. Mejor pasar como autistas que mentir como bellacos, deben pensar. Pero es lógico que se hable y se abunde en un fenómeno que no solo ha determinado económicamente estos últimos lustros en el País Valenciano, sino que también ha transformado -¿o será traumatizado?- nuestro territorio y arrojado graves sospechas sobre la probidad y co...

Abruma la cantidad de espacio informativo que viene ocupando el urbanismo en los medios de comunicación indígenas y foráneos, con la pintoresca excepción del canal televisivo autonómico -Canal 9-, que no sabe cómo hincarle el diente al asunto sin levantar ampollas. Mejor pasar como autistas que mentir como bellacos, deben pensar. Pero es lógico que se hable y se abunde en un fenómeno que no solo ha determinado económicamente estos últimos lustros en el País Valenciano, sino que también ha transformado -¿o será traumatizado?- nuestro territorio y arrojado graves sospechas sobre la probidad y control efectivo de buena parte de los políticos, bien sea de los chorizos más o menos presuntos, bien de los llamados a establecer formas de fiscalización. O sea, que hay tela para informar y comentar y ya llevamos años haciéndolo sin que se perciban los remedios.

Estos días se han reproducido las alarmas y cautelas ante un proyecto descomunal que ya suscitó reservas cuando se anunció. Nos referimos al PAI de la Vega o más conocido como Manhattan de Cullera, a construir en la desembocadura del Júcar. Tal como ha sido divulgado, la propuesta contempla la construcción de 35 torres entre 25 y 40 alturas, hoteles, palacio de congresos y puerto deportivo. Quizá se nos haya pasado inadvertido, pero carece de campo de golf, lo que no deja de ser novedoso entre tanta aparatosidad. El PP y UV, que rigen el mentado municipio, ya han bendecido el plan que ampara la Generalitat debido a la colaboración técnica del Instituto Valenciano de la Vivienda. ¿Qué impide, pues, que se coloque la primera piedra?

En realidad, poca cosa. Solucionar los accesos del complejo urbanístico a la N-332, que correrán a cuenta de los promotores, y garantizar el suministro de agua potable, que los munícipes aludidos aseguran tener resuelto, de lo que discrepa la Confederación Hidrográfica del mentado río. Hay otros informes ministeriales negativos y la misma Delegación del Gobierno de Valencia ha llevado el asunto ante los tribunales, lo que no impediría la ejecución del proyecto. Sin embargo, está provisoriamente detenido por iniciativa del consejero de Territorio y Vivienda, Esteban González Pons, que declara la necesidad de repensarlo y acaso busca la fórmula mágica para encajarlo en su afamado discurso verde sandía.

No creemos que merezca la pena detenernos en conjeturas acerca del destino último del proyecto. Se llevará a cabo. Una macrourbanización como esta no se concibe sin el consentimiento y aval del mismo presidente de la Generalitat, Francisco Camps, a quien hay que endosarle justamente los méritos de este ambicioso (des)propósito. Y además, no se atisba el menor indicio de enmienda, como podría ser la declaración de una moratoria urbanística en determinados espacios saturados, cual es el caso. ¿Cómo hacerlo, tratándose de una propuesta de la izquierda que podría incomodar al estamento del ladrillar e incluso colisionar con la política faraónica al uso? Esta pausa reflexiva que se ha administrado el consejero ecologista no es más que un ceremonial de la confusión para dorar la píldora y dar la respuesta insoslayable a los referidos déficit hídrico y de infraestructuras.

Si bien nos parece inevitable la desmesura que comentamos, y que, todo sea dicho, el repetido consejero se encontró servida cuando asumió la poltrona, lo bien cierto es que, a pesar de todo, podría dejar un legado positivo de su paso por el departamento. Bastaría con que fuese consecuente con sus enunciados y condensase todo el brío político en planificar un urbanismo supramunicipal y hasta a escala regional. Saber, sí sabe el cometido apremiante que tiene. Otra cosa es que le acompañe la voluntad y tenga peso partidario para acometer tamaña empresa, contradictoria con la política urbanística predadora del casi todo vale auspiciada por el PP desde que sentó sus reales en la Generalitat, va ya para doce años.

Por ahora, en este sentido, únicamente ha cambiado la retórica, que se quiere florida y verde, cuanto menos hasta las elecciones del mes de mayo. Una operación de mero maquillaje que trata de ganar tiempo y abonar los rascacielos de Cullera.