El fiscal pide 8 años de cárcel por el vertido de 14.000 toneladas de tóxicos en Castellón
Intal arrojó los residuos en Oropesa, Almassora, Vila-real y Xilxes en 1996
El vertido de 14.000 toneladas de residuos tóxicos en los años noventa en Oropesa, Almassora, Vila-real y Xilxes llegó ayer a juicio. En el banquillo de la Audiencia de Castellón se sentaron representantes de la refinería de aluminio Intal, que generó los residuos; de la empresa que los transportó desde Cataluña, y los gestores de los vertederos que admitieron los restos. El fiscal pide para los cinco acusados ocho años de prisión. El administrador de Intal, Carlos Barrachina, aseguró que los vertidos no eran peligrosos y eran conocidos por la Generalitat, que exigió luego su retirada.
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El vertido de 14.000 toneladas de residuos tóxicos en los años noventa en Oropesa, Almassora, Vila-real y Xilxes llegó ayer a juicio. En el banquillo de la Audiencia de Castellón se sentaron representantes de la refinería de aluminio Intal, que generó los residuos; de la empresa que los transportó desde Cataluña, y los gestores de los vertederos que admitieron los restos. El fiscal pide para los cinco acusados ocho años de prisión. El administrador de Intal, Carlos Barrachina, aseguró que los vertidos no eran peligrosos y eran conocidos por la Generalitat, que exigió luego su retirada.
Cuestión de dinero
El traslado de los residuos de Intal a Castellón costaba la mitad que el traslado al vertedero designado por la Generalitat de Cataluña como idóneo, en Hostalets de Pierola, según dijo ayer el fiscal del caso. Mientras que el coste hasta Castellón era de 0,012 a 0,018 euros por kilogramo, en el caso de trasladarse al lugar autorizado, el precio oscilaba entre 0,028 y 0,054 euros, que se aplicaba a los miles de toneladas que se transportaban. En este sentido, interrogó al representante de la empresa, al que peguntó si conocía la cantidad de dinero que se había ahorrado con la designación del nuevo destino.
El empresario indicó que se trataba de una cuestión de "competitividad" y reiteró que los precios que se pagaban en Hostalets de Pierola eran "abusivos", y no por la seguridad que aportaban, sino porque "había intereses económicos de familiares de políticos de Cataluña".
Sobre el procedimiento pesa el coste de la limpieza de las zonas afectadas, sobre todo en la Rambla de la Viuda, que ascendió a 1,4 millones de euros de los que, según el fiscal y la acusación, las mercantiles de los acusados sólo sufragaron alrededor de 190.000 euros. El resto corrió a cargo de las arcas públicas de la Generalitat en un momento en el que la aparición de los vertidos provocó una gran polémica, la queja de partidos de la oposición y vecinos y la promesa del Consell de una solución.
Así, entre otros, están llamados a declarar los ex consejeros de Medio Ambiente José Manuel Castellà y Fernando Modrego, el ex presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar José Manuel Aragonés, el actual director territorial de Territorio, Jorge Traver, y el alcalde de Oropesa, Rafael Albert. Entre otras cosas, éstos habrán de responder sobre el sistema con el que se realizaron las tomas de muestras de los vertidos, que ayer provocaron que las defensas de los acusados solicitarán la nulidad de las mismas.
La Audiencia de Castellón, que juzga desde ayer el caso, desestimó la solicitud que, de haberse aceptado, hubiera supuesto la nulidad en cadena de todas las pruebas que se derivaron de la recogida de estas muestras, así como de la citación de los peritos y testigos que participaron en la toma y análisis de las mismas.
La firma retiró los restos de aluminio tras un acuerdo con la Generalitat en 2002
La Generalitat valenciana detectó en 1996 a partir de una denuncia vecinal la presencia, en varios municipios de Castellón de residuos procedentes de una empresa catalana dedicada a la refinería de aluminio, Intal. Los residuos, según la calificación de la Junta de Residuos de Cataluña, eran peligrosos y precisaban de unas características especiales para su vertido. La empresa consideró demasiado cara su eliminación en un vertedero catalán y los envió a Castellón, donde fueron repartidos en distintos basureros, y en el caso de Almassora incluso en un cauce, la rambla de la Viuda. La Policía Autonómica abrió una investigación que derivó en una causa judicial, mientras que la Generalitat expedientó a Intal y negoció en 2002 la retirada de los residuos tóxicos. El Consell cifró en 65.000 toneladas estos restos, pero la causa judicial los reduce a algo más de 14.000.
Ayer, la Audiencia de Castellón fue escenario del inicio del juicio al representante de la empresa Intal, Carlos Barrachina, y a los de la empresa de transporte Cotravi, José Antonio Pérez y Tomás Muñoz, y de los gestores de los vertederos que dieron cobijo a los residuos en Oropesa, Almassora, Vila-real y Xilxes, José Rubert y Manuel Beltrán . El fiscal solicitó, para cada uno de ellos, un total de ocho años de prisión por un delito continuado contra el medio ambiente y un delito continuado de daños. La acusación particular, que representa la Generalitat, elevó la petición a más de 9 años, mientras que las defensas pidieron la absolución.
El fiscal, en su escrito de acusación, considera que, por una cuestión económica, Intal decidió trasladar sus residuos a Castellón a través de la empresa Cotravi, "a pesar de que esta empresa no tenía autorización para el transporte de residuos tóxicos y peligrosos". Pese a ello, el traslado se realizó a través de esta empresa, después de localizar a dos gestores de vertederos que "no tenían licencia y mucho menos los tenían acondicionados para recibir vertidos de las características de los residuos emanados por Intal".
Los terrenos escogidos para su depósito eran propiedad de los mismos gestores de vertederos, en algunos casos, mientras que en otros los titulares de los terrenos desconocían el uso que se estaba dando a sus propiedades, según el fiscal. El mismo escrito sostiene, además de que los gestores carecían de autorización para este tipo de vertidos, que "los terrenos no estaban habilitados para que el vertido se produjera en condiciones de seguridad y, por las características de los mismos, había un peligro potencial de contaminación de las aguas subterráneas, debido a la toxicidad de los productos". En total, según el escrito, se ha podido certificar el vertido de más de 14.000 toneladas entre 1993 y 1996. Unos residuos que, según el fiscal, tienen la característica de peligrosos, ya que pueden derivar en un producto de lixiviación potencialmente cancerígeno, corrosivo, infeccioso, nocivo, tóxico y mutagénico, por lo que requieren su depósito en suelo especialmente acondicionado o en balsas de seguridad.
Durante la mañana de ayer únicamente fue interrogado el representante de Intal quien, en todo momento, sostuvo que los residuos de su empresa no eran tóxicos, sino únicamente salinos. También mantuvo que sólo conocía los vertidos realizados en Almassora y Oropesa. El empresario aseguró que el cambio de calificación del tipo de residuos decretado por la Generalitat de Cataluña se debió únicamente al interés de esa administración por que los residuos fueran a un vertedero en concreto, en cuyo accionariado, según sostuvo, había familiares de políticos.
Barrachina también afirmó que remitía a la empresa de transportes el resultado de los análisis hechos a los residuos, y que Cotravi a su vez los entregaba al Seprona y la Generalitat valenciana, por lo que ésta, según su versión, conocía los vertidos. Además, calificó de "cuestión política" la firma del acuerdo al que se llegó con la Consejería de Medio Ambiente, presidida entonces por José Manuel Castellà, de Unión Valenciana, para la retirada de los residuos. Este acuerdo se rompió porque, según el representante de Intal, les obligaron a asumir los residuos de su empresa y otros que se hallaron en la zona a limpiar.