Una moción huérfana
TRAS LA INTERPELACIÓN promovida el 13 de septiembre por el portavoz popular en el Congreso para exigir al Ejecutivo "la verdad del 11-M", una diputada del PP presentó esta semana una moción denunciando la opacidad de las investigaciones sobre el atentado: "El Gobierno", subrayó, "es responsable de informes falsos, de ocultación de pruebas y de todo tipo de obstáculos a la actuación judicial". Alicia Castro recibió una respuesta sustancialmente idéntica de todos los portavoces: el resumen de una enmienda conjunta de sustitución suscrita por los restantes grupos de la Cámara. Ese texto concertad...
TRAS LA INTERPELACIÓN promovida el 13 de septiembre por el portavoz popular en el Congreso para exigir al Ejecutivo "la verdad del 11-M", una diputada del PP presentó esta semana una moción denunciando la opacidad de las investigaciones sobre el atentado: "El Gobierno", subrayó, "es responsable de informes falsos, de ocultación de pruebas y de todo tipo de obstáculos a la actuación judicial". Alicia Castro recibió una respuesta sustancialmente idéntica de todos los portavoces: el resumen de una enmienda conjunta de sustitución suscrita por los restantes grupos de la Cámara. Ese texto concertado declara el pleno apoyo del Congreso a las instituciones del Estado de derecho en relación con el atentado del 11-M, expresa su confianza en las investigaciones llevadas a cabo por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, respalda la labor independiente de la fiscalía y de los tribunales (desde la convicción de que sólo a ellos incumbe el esclarecimiento de la verdad material y penal del crimen), y ratifica las conclusiones alcanzadas en 2004 por la comisión de investigación parlamentaria.
Todos los grupos parlamentarios rechazan la iniciativa del PP con una enmienda que ratifica su confianza en las investigaciones sobre el atentado de la policía, la fiscalía y el juez
Los portavoces de los partidos explicaron al día siguiente en rueda de prensa que el motivo de la concordancia de sus réplicas había sido la decisión de preservar al Parlamento de la contaminación confusionista que la iniciativa del PP buscaba como objetivo. No se trata sólo de que la investigación penal del atentado corresponda -por mandato constitucional- al Poder Judicial y no al Congreso; además, las preguntas retóricas, las dudas fingidas y las conjeturas absurdas de la moción daban por supuesta la incapacidad culpable o la voluntad prevaricadora del juez de instrucción, la fiscalía y la policía en la instrucción del 11-M, así como el propósito del Gobierno de boicotear la investigación. La repetición en la Cámara de un monótono mantra de fabulaciones disparatadas y alucinadas hipótesis sobre el atentado daría un tinte de respetabilidad parlamentaria a la teoría conspirativa según la cual la matanza de Atocha no habría sido perpetrada por el terrorismo islamista, sino por ETA, los servicios de inteligencia extranjeros y la policía española, con la previa complicidad o el posterior encubrimiento de los socialistas.
Al regreso de las vacaciones veraniegas, el presidente del PP dio a entender que se disponía a impulsar durante el resto de la legislatura un estilo de oposición diferente a la dura estrategia de broncos enfrentamientos de los años anteriores. A partir de ese momento, los populares deberían centrar sus esfuerzos sobre los problemas de los ciudadanos y la defensa de sus intereses, en lugar de enzarzarse en polémicas ideológicas; también las discusiones acerca del pasado -el 11-M- cederían su lugar a las propuestas de futuro. Todo el peso de la crítica descansaría en adelante sobre los defectos, errores e incumplimientos de la gestión del Gobierno: las acusaciones de ineficacia, incompetencia y demagogia pasarían a ser el caballo de batalla de la oposición.
Aunque los incendios en Galicia y la llegada a Canarias de los cayucos africanos sirvieron a Rajoy para iniciar ese cambio de rumbo, la fantasmal resurrección del 11-M como bandera de combate del PP ha frenado en seco el intento: la cruda teoría de la conspiración que acusa implícitamente al Gobierno de estar pagando a ETA la deuda pendiente por haberle brindado en bandeja la victoria del 14-M sustituye a la pacífica competición democrática entre adversarios por una guerra a muerte entre enemigos. No hace falta excesiva malicia para suponer que el forcejeo en torno a la línea estratégica del principal partido de la oposición es un reflejo de la lucha por el poder dentro de la cúpula de organización. Tal vez Rajoy sea un rehén de los guardianes de las esencias -Acebes y Zaplana- dejados por Aznar como vigilantes a las puertas del PP después de su aparente retirada. A efectos prácticos, empero, da igual que el sometimiento de Rajoy a la estrategia de oposición dictada por el ala dura del partido sea sinceramente voluntario o vergonzantemente forzoso.