Un voladizo permitirá el uso conjunto del aeropuerto
El acuerdo global de cooperación entre España y Gibraltar se extiende a cuatro capítulos -aeropuerto, líneas telefónicas, pensiones y facilidades de tránsito-, en los que los tres negociadores -españoles, gibraltareños y británicos, éstos como administradores coloniales y propietarios de la base militar a la que pertenece el aeropuerto- han tenido que desplegar imaginación y sentido del equilibrio para sortear los obstáculos que el contencioso sobre un concepto secular, como es la soberanía, plantea a la realización de proyectos entre los dos lados de un territorio dividido.
El esfuerzo...
El acuerdo global de cooperación entre España y Gibraltar se extiende a cuatro capítulos -aeropuerto, líneas telefónicas, pensiones y facilidades de tránsito-, en los que los tres negociadores -españoles, gibraltareños y británicos, éstos como administradores coloniales y propietarios de la base militar a la que pertenece el aeropuerto- han tenido que desplegar imaginación y sentido del equilibrio para sortear los obstáculos que el contencioso sobre un concepto secular, como es la soberanía, plantea a la realización de proyectos entre los dos lados de un territorio dividido.
El esfuerzo implica soluciones arquitectónicas, como la instalación de un control policial en un voladizo; económicas, como la apertura del mercado gibraltareño de telecomunicaciones, y hasta recursos lingüísticos susceptibles de evitar las suspicacias que el nombre directo de las cosas puedan suscitar entre las dos partes dispuestas a cooperar, sin renunciar a sus respectivas posiciones sobre el conflicto. Así, se habla de "Verja-frontera" porque el segundo término no gusta a los españoles, y de "norte de la Verja" y de "sur de la Verja", en vez de España y Gibraltar, para que los españoles no tengan que dar a entender que el ciudadano que cruce ese límite -al que tampoco denominan frontera- ha salido de su territorio.
Los resultados se prestan incluso a la caricatura, por su gran carga diplomática. Los signos más flagrantes, como las banderas, se han obviado al máximo. No estará la española en el aeropuerto de uso conjunto, que será cien por cien de Gibraltar. La única enseña roja y gualda que ondeará en el Peñón será la de la sede del Instituto Cervantes, que se abrirá como quinto punto, negociado a última hora, de estos acuerdos. El resto de los temas ha quedado resuelto, en sus grandes líneas, del siguiente modo:
AEROPUERTO Una terminal sobre la Verja
Una terminal a caballo sobre la Verja, con una parte suspendida sobre su lado norte, es decir, sobre territorio de La Línea de la Concepción, es el eje que ha permitido recuperar este proyecto fracasado desde 1987. Es el punto más sustancial y conflictivo del paquete, porque exige situar a policías españoles en terrenos controvertidos. El propio aeropuerto de Gibraltar se encuentra sobre un istmo no cubierto por el Tratado de Utrecht, y sobre el que, en consecuencia, España no reconoce la soberanía de los británicos.
Los gibraltareños han reiterado ahora, como hace 19 años, que no quieren policía de inmigración española en su territorio, y los negociadores españoles se han conformado con que la policía española esté "en el aeropuerto de Gibraltar". Eso se logra con la solución del voladizo que sobresaldrá al norte de la Verja. Los policías instalados allí estarán, sin duda, en el aeropuerto y, siendo éste de Gibraltar, su situación territorial será cuando menos ambigua. Pero la parte gibraltareña podrá sostener que el puesto está suspendido sobre territorio español.
Para subrayar que el aeropuerto es de Gibraltar, a la terminal se accederá únicamente desde el sur de la Verja, a través de una escalera situada antes de los controles establecidos para el tráfico de coches y peatones, que seguirán circulando por la carretera actual, bajo las nuevas instalaciones del aeropuerto. Una vez arriba, el pasajero encontrará a la izquierda el control español y a la derecha, el británico. Luego, el único pasillo, que conduce al avión.
Un punto fuerte de la negociación ha sido quién tiene la competencia de controlar a quién. Un pasajero que vaya, por ejemplo, de Santander a La Línea, o viceversa, estará libre de controles. Pero si el pasajero parte de otro punto no español cubierto por el Tratado de Schengen, que regula el tráfico sin restricciones dentro de la UE, deberá pasar los dos controles. La parte española quería que estos viajeros estuvieran exentos de control, como los que hacen un itinerario puramente español, pero los gibraltareños se negaron. El motivo es que, de aceptarlo, quien vuele de Gibraltar a Berlín tendría que ser controlado en la Verja por los policías españoles. Las dos partes seguirán negociando este asunto.
Tanto los españoles que vuelen a Gibraltar para quedarse allí como los gibraltareños que vuelen a aeropuertos españoles pasarán doble control, lo mismo que los que lleguen o vayan a territorios fuera de la zona Schengen. El tránsito de equipajes y mercancías seguirá los mismos trámites.
Buena parte de esta casuística es un ejercicio puramente teórico y diplomático, ya que la capacidad operativa del aeropuerto va a ser muy reducida: además de dividir su uso entre militares y civiles, tiene una sola pista que cruza la única carretera que lleva al Peñón, donde, con ocasión de cada despegue o aterrizaje, se levantan barreras para cortar el tráfico rodado. El aeropuerto del Peñón registra ahora tres vuelos civiles diarios.
La nueva terminal será construida y financiada exclusivamente por la parte gibraltareña, que proveerá también a su mantenimiento. Los británicos se responsabilizarán, en cambio, de la pista y la torre de control. España intervendrá en un comité tripartito, con gibraltareños y militares británicos, para fijar las reglas de uso y vigilará la marcha del aeropuerto. También participará en su gestión, probablemente a través de AENA, mediante una empresa mixta con Gibraltar, cuya adjudicación no requiere concurso.
La construcción de la terminal puede durar dos años. España y el Reino Unido fijaron ayer un calendario para negociar, entretanto, la aplicación a Gibraltar de todas las normas comunitarias del paquete conocido como Cielos Abiertos y para el levantamiento de las restricciones particulares impuestas por Madrid a la colonia, como la prohibición de que un avión vaya directamente del aeropuerto del Peñón a otro español.
LÍNEAS TELEFÓNICAS
Prefijo 350
El Gobierno ha accedido a que Gibraltar funcione a corto plazo con sólo el prefijo internacional 350, de manera que el Peñón dejará de depender de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) y podrá contratar en el mercado tantas líneas como desee. En la actualidad, se puede llamar a Gibraltar con el 350 desde todo el mundo menos desde España, donde hay que marcar el 956, prefijo de Cádiz. El Peñón se compromete a aplicar las normas comunitarias que regulan el mercado de las telecomunicaciones, de manera que las empresas españolas puedan operar en ese territorio.
Gibraltar funciona hoy con 30.000 líneas españolas, y pide unas 500.000, para sus 28.000 habitantes. Los dirigentes gibraltareños explican que las necesitan porque los negocios de Internet, entre otros las apuestas deportivas, han adquirido gran auge. El Gobierno del PP ofreció hace cuatro años 100.000 líneas nuevas, ligadas al prefijo 956, pero los llanitos las rechazaron, por no seguir dependiendo del regulador español.
Fuentes de Exteriores subrayan que los prefijos telefónicos no son realmente nacionales y, en ese sentido, señalan ejemplos como los de China y Hong Kong, que son distintos, igual que los de las Malvinas y el Reino Unido, o el de las islas británicas del Caribe, que tiene el mismo prefijo que EE UU.
PENSIONES 6.000 beneficiarios
El Gobierno del Reino Unido va a compensar a los aproximadamente 6.000 pensionistas españoles aún vivos que perdieron sus trabajos en Gibraltar cuando se cerró la Verja, el 8 de junio de 1969. Estos trabajadores, aproximadamente la mitad de los que había, contratados en su gran mayoría por el Ministerio de Defensa británico, cobran hoy de Gibraltar y tienen sus pensiones congeladas desde 1989, como todos los gibraltareños. Londres acepta ahora asumir directamente la carga y les ofrece pasar a un nuevo fondo británico. Pagará los atrasos con un tanto alzado de 6.200 euros por pensionista a los que acepten su oferta, actualizará sus derechos y los seguirá manteniendo al día en el futuro. Son pensiones modestas de unos 200 euros mensuales, que podrían duplicarse con el cambio de sistema.
El Gobierno español se ofrece a adelantar sumas puntuales y reintegrables para que la medida entre en vigor de inmediato, si los británicos tropiezan con problemas presupuestarios. España cooperará también con el Reino Unido para que la Comisión Europea archive el procedimiento abierto contra Londres por este asunto.
FACILIDADES DE TRÁNSITO Menos controles
Los acuerdos se complementan con una declaración de intenciones de España de no utilizar los controles del tránsito rodado a través de la Verja como medio de presión política, y con compromisos españoles de invertir millón y medio de euros en la ampliación y diversificación de los carriles, la ampliación de la plantilla y la mejora general de las instalaciones.