Empresarios, sindicatos y ONG afirman que sí hay trabajo para más inmigrantes
Cuevas: "Las declaraciones de José Blanco son un mensaje político, no económico"
Empresarios, sindicatos y organizaciones humanitarias coincidieron ayer al calificar como "un mensaje político, no económico" las declaraciones realizadas el lunes a EL PAÍS por el secretario de Organización del PSOE, José Blanco, en el sentido de que el mercado de trabajo ya no puede absorber a más inmigrantes. Las principales ONG consideran que esas palabras son una reacción a la llegada a Canarias de más de 21.000 personas en barcas este año, y que tienden a estigmatizar a los subsaharianos, mientras que por otras fronteras entran muchos más inmigrantes de los que no se habla.
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Empresarios, sindicatos y organizaciones humanitarias coincidieron ayer al calificar como "un mensaje político, no económico" las declaraciones realizadas el lunes a EL PAÍS por el secretario de Organización del PSOE, José Blanco, en el sentido de que el mercado de trabajo ya no puede absorber a más inmigrantes. Las principales ONG consideran que esas palabras son una reacción a la llegada a Canarias de más de 21.000 personas en barcas este año, y que tienden a estigmatizar a los subsaharianos, mientras que por otras fronteras entran muchos más inmigrantes de los que no se habla.
Incluso el secretario general de Empleo, Valeriano Gómez, afirmó que el mercado de trabajo español "seguirá necesitando durante mucho tiempo el concurso de la población inmigrante. Ni España ni las economías europeas", añadió, "pueden prescindir hoy del trabajador inmigrante. El que ya está trabajando es el que en el futuro puede encontrar dignamente una integración laboral en esas economías".
No obstante, Gómez hizo una interpretación que suaviza las declaraciones del secretario de Organización del PSOE. Según dijo, Blanco se refería a que el mercado laboral "no puede tener más presencia de empleo irregular, necesita que todos los trabajadores estén legalmente, con derechos y con cotizaciones".
El presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), José María Cuevas, afirmó que "no puede darse por cerrado ningún mercado de trabajo a nivel empresarial. Que sea cada vez más difícil encajar nuevas ofertas de trabajo en el mercado parece evidente -argumentó-, pero de ello no se puede sacar la conclusión de que ya no encaja más oferta".
Para el secretario general de la Unión General de Trabajadores (UGT), Cándido Méndez, las declaraciones de Blanco son "drásticas" y necesitan "muchas matizaciones". A su juicio, la política de inmigración "basada en la inmigración legal" y "a partir de la definición del catálogo de ocupaciones", de la cual se deriva "la política de contingentes y de contratación en origen", "funciona adecuadamente". Méndez aconsejó indirectamente a Blanco: "Debemos trabajar en la visión de la política de inmigración con perspectiva y no dejarnos atrapar por la terrible crisis humanitaria que se ha vivido".
Más duro fue el secretario confederal de Migraciones de Comisiones Obreras, Julio Ruiz, quien afirmó que las declaraciones del secretario de Organización del PSOE "evidencian un gran desconocimiento". Para Ruiz, "el mercado laboral no asumirá más indocumentados ni debe hacerlo", pero la contratación legal "sigue absorbiendo y reclamando nuevos contingentes de extranjeros para desempeñar trabajos de difícil cobertura".
Ignacio Díaz de Aguilar, presidente de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), una de las organizaciones que gestiona más plazas de acogida para los subsaharianos trasladados desde Canarias a la Península, pidió "el fin del recurso radical de la Administración" sobre el fenómeno de la inmigración irregular y calificó de "injustificada" la alarma generada en torno a la llegada de cayucos a Canarias. "España todavía sigue creciendo muy por encima de la media europea, y sigue demandando empleo", recordó. "La prueba está en que algunos sectores tienen problemas para conseguir trabajadores y los propios empresarios así lo comunican". Díaz de Aguilar censuró que, "en los últimos años, los gobiernos, sean del signo que sean, siempre han negado que en España hicieran falta inmigrantes. De hecho, nunca ha habido cupos de entrada importantes y numerosos. Pero la realidad es que los empresarios demandan mucha mano de obra y que, gracias a que los inmigrantes la han cubierto, hemos podido seguir creciendo".
Otra de las ONG que acoge a numerosos africanos llegados desde Canarias es Cáritas. Su portavoz, María Segurado, también cree que el mercado laboral aún puede absorber a extranjeros. De entrada, Segurado rechaza el término "efecto llamada" al referirse a las llegadas de cayucos al archipiélago, Ella prefiere utilizar el de "efecto expulsión". Para Cáritas, las cifras del mercado de trabajo en la UE demuestran que aún es posible absorber mano de obra procedente de países subsaharianos. Segurado dice no entender el "doble discurso" de los responsables políticos en este asunto. "Parece que como son subsaharianos son distintos, cuando la realidad es que en España entran por otras fronteras muchos más inmigrantes, de los que no se habla".
El portavoz de la Asociación Hispano-Ecuatoriana Rumiñahui, Raúl Jiménez manifestó que las palabras de Blanco sólo buscan "salir al paso" de la polémica por las llegadas masivas de subsaharianos a Canarias y "son contradictorias con los informes de la ONU".
La Rioja no admite subsaharianos
Los secretarios de Estado de Seguridad, Antonio Camacho, y de Inmigración, Consuelo Rumí, se reunieron ayer con representantes de todas las comunidades autónomas para pedirles que pongan el mayor número posible de sus plazas de acogida a disposición de los subsaharianos que son trasladados diariamente desde Canarias a la Península.
Hubo tres clases de respuestas. Las comunidades gobernadas por el PSOE mostraron su disposición sin condiciones. La mayoría de las gobernadas por el PP, aunque levantaron un memorial de agravios -falta de información, necesidad de más dinero-, se avinieron a estudiar la petición.
Pero una comunidad autónoma se negó a acoger a un solo subsahariano: La Rioja. Según su representante en la reunión, el Gobierno de esa comunidad, en manos del PP, está en absoluto desacuerdo con la política del Ejecutivo en materia de inmigración. Y por eso se niega a albergar a los africanos. Ello, a pesar de que en 2005 recibió del Estado 1,3 millones de euros para acoger a los inmigrantes. En 2006 recibirá dos millones.
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