La compra de Quality Food pudo arruinar a la Zona Franca
La adquisición de Quality Food y la posterior gestión de esta empresa de alimentación por la Zona Franca de Cádiz estuvieron plagadas de supuestas irregularidades y fallos durante la etapa del ex delegado popular, Miguel Osuna, según el Tribunal de Cuentas del Estado. Esta operación puso incluso en peligro la supervivencia del recinto fiscal gaditano, que asumió un riesgo económico muy por encima a sus posibilidades, según el informe del órgano fiscalizador.
El Consorcio gaditano asumió un riesgo en la compra y gestión de Quality Food de casi 31 millones de euros. Esta cantidad suponía ...
La adquisición de Quality Food y la posterior gestión de esta empresa de alimentación por la Zona Franca de Cádiz estuvieron plagadas de supuestas irregularidades y fallos durante la etapa del ex delegado popular, Miguel Osuna, según el Tribunal de Cuentas del Estado. Esta operación puso incluso en peligro la supervivencia del recinto fiscal gaditano, que asumió un riesgo económico muy por encima a sus posibilidades, según el informe del órgano fiscalizador.
El Consorcio gaditano asumió un riesgo en la compra y gestión de Quality Food de casi 31 millones de euros. Esta cantidad suponía un 60% del patrimonio neto del Consorcio fiscal que ascendía a 50 millones de euros. Según el delegado actual de la Zona Franca, el socialista José de Mier, este porcentaje "desorbitado" dados los escasos recursos de esta empresa de alimentación "pudo arruinar a la Zona Franca". Según el informe del Tribunal de Cuentas, el precio pagado por la Zona Franca por Quality Food puede considerarse "excesivo" y se hizo "sin cumplir algunos requisitos imprescindibles", como la aprobación del comité ejecutivo y que se evaluara el precio de las acciones antes de su compra.
Las supuestas irregularidades continuaron con la concesión de algunos préstamos y líneas de crédito que sumaron una deuda de Quality Food con la Zona Franca de 17,5 millones de euros. Estos préstamos o créditos se formalizaron sin establecer "garantías sobre su devolución" y sin que hubiera un acuerdo expreso del Comité ejecutivo, como establecen las normas del Consorcio fiscal gaditano.
El plazo para presentar alegaciones a este informe concluye a finales de septiembre.