Los criterios de inversión

Las vacaciones de verano nunca suelen ser completamente ociosas en política. En esta ocasión, la última semana de julio y todo agosto serán el escenario de reuniones entre los socialistas andaluces y los responsables del PSOE para negociar los cambios que deben introducirse en el texto del nuevo Estatuto de autonomía que ha enviado el Parlamento andaluz al Congreso de los Diputados. La negociación no tendrá nada que ver con la que entablaron en su día el PSOE y los socialistas catalanes, pero tampoco será una balsa de aceite. Los responsables del PSOE aseguran que habrá que consensuar numerosa...

Las vacaciones de verano nunca suelen ser completamente ociosas en política. En esta ocasión, la última semana de julio y todo agosto serán el escenario de reuniones entre los socialistas andaluces y los responsables del PSOE para negociar los cambios que deben introducirse en el texto del nuevo Estatuto de autonomía que ha enviado el Parlamento andaluz al Congreso de los Diputados. La negociación no tendrá nada que ver con la que entablaron en su día el PSOE y los socialistas catalanes, pero tampoco será una balsa de aceite. Los responsables del PSOE aseguran que habrá que consensuar numerosas enmiendas "técnicas", y unos y otros reconocen que han quedado pendientes, al menos, tres temas importantes.

El PSOE limitará en el tiempo la disposición por la que la inversión en Andalucía deberá equivaler al peso de la población andaluza en todo el Estado

El primero de ellos es el relacionado con los criterios para el cálculo de la inversión estatal en Andalucía. En los Estatutos anteriores a 2006, el catalán incluido, no figuró ninguna disposición en ese sentido, y aunque en la práctica siempre se tuvieran en cuenta alianzas políticas y pactos, Hacienda no se enfrentó a ninguna norma legal que le impidiera distribuir esas inversiones de acuerdo con sus propios criterios o con las prioridades de la política estatal. El nuevo Estatut de Cataluña introdujo una novedad absoluta cuando dejó establecido que el Estado debería destinar a Cataluña, en los próximos siete años, un porcentaje del gasto de inversión en infraestructuras que equivaliera al peso de Cataluña en el PIB nacional.

A la hora de elaborar el proyecto de Estatuto de autonomía de Andalucía quedó claro que el criterio del peso de la región en el PIB nacional no beneficiaba en nada las aspiraciones andaluzas. El Parlamento con sede en Sevilla aprobó entonces una disposición adicional tercera en la que se afirma que la inversión destinada a esa región deberá ser, al menos, "equivalente al peso de la población andaluza sobre el conjunto del Estado", un criterio distinto del catalán y mucho más favorable económicamente.

Ése es el texto que ahora habrá que negociar, primero para ponerle un tope temporal, como en el Estatut, y luego para afinar bien las cuentas. El Ministerio de Hacienda no oculta su escaso entusiasmo por este tipo de cláusulas estatutarias que, lógicamente, se irá extendiendo a todos los nuevos estatutos de autonomía, siempre de acuerdo con el criterio que sea más conveniente para la región o la nacionalidad implicada. Hacienda preferiría que el Estatuto andaluz no terminara de abrir un camino tan complejo.

Los socialistas andaluces aseguran que, sea como sea, esa disposición fue pactada en una reunión formal entre el presidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves, y los representantes del PSOE, encabezados en aquel momento por Alfredo Pérez Rubalcaba. Y recuerdan que el texto no habla exclusivamente de "inversión en infraestructuras", como el caso catalán, sino de "inversión" en general, lo que permite contabilizar otros muchos conceptos y hace el compromiso más flexible. Admiten, sin embargo, que la exigencia del PSOE de un tope temporal, "los famosos siete años", es "bastante razonable".

Otros puntos de fricción

Los otros puntos de fricción más destacados son los relativos a la competencia sobre la cuenca del Guadalquivir, que el borrador de nuevo Estatuto atribuye a Andalucía, y el artículo según el cual la Comunidad tendrá competencias sobre todas las materias que no se reserve expresamente el Estado (lo que, según los expertos del PSOE, es justo lo contrario de lo que dice la Constitución).

Sobre lo que no existe ninguna duda es sobre la inclusión en el preámbulo del nuevo Estatuto de la consideración de Andalucía como una "realidad nacional" junto con una reiterada mención a la "indisoluble unidad de España", que figura en un texto que se incorporará en los futuros debates del Congreso de los Diputados. La realidad es que el nuevo Estatuto andaluz va a terminar mencionando bastantes más veces a España que el texto que viene a reemplazar.

La polémica alusión a la "realidad nacional" fue acordada, en teoría, como un guiño para atraer el apoyo del Partido Andalucista, que finalmente no se produjo. En la práctica, la "realidad nacional" andaluza resulta muy útil para todo el PSOE frente al duro desgaste que produjo la inclusión de la "nación" catalana en el preámbulo del Estatut. Andalucía se presenta en el mismo plano político que Cataluña, evitando a la vez las suspicacias de los votantes socialistas sobre el alcance de los reconocimientos "nacionales".