El Gobierno obligará a las empresas a desvelar los blindajes de sus directivos

El Gobierno obligará a las empresas cotizadas a hacer públicos los acuerdos que hayan celebrado con sus consejeros o altos directivos y que blinden su despido con indemnizaciones multimillonarias. La reforma de la Ley del Mercado de Valores que prepara el Ejecutivo amplía el contenido del informe anual de buen gobierno que las compañías deben elaborar para que se incluyan en él las cláusulas indemnizatorias en caso de dimisión, despido o cambio de propiedad en la empresa. En la actualidad, sólo 10 de las 35 compañías que forman parte del Ibex informan en las juntas de accionistas de la ...

El Gobierno obligará a las empresas cotizadas a hacer públicos los acuerdos que hayan celebrado con sus consejeros o altos directivos y que blinden su despido con indemnizaciones multimillonarias. La reforma de la Ley del Mercado de Valores que prepara el Ejecutivo amplía el contenido del informe anual de buen gobierno que las compañías deben elaborar para que se incluyan en él las cláusulas indemnizatorias en caso de dimisión, despido o cambio de propiedad en la empresa. En la actualidad, sólo 10 de las 35 compañías que forman parte del Ibex informan en las juntas de accionistas de la existencia de este tipo de pactos con su cúpula directiva.

Más transparencia en los despidos de oro de las empresas cotizadas españolas. Es el objetivo que pretende la reforma legal que prepara el Gobierno y que obligará a las compañías a incluir en su informe de buen gobierno los pactos indemnizatorios que mantengan con sus consejeros o directivos.

Muchos altos ejecutvos firman contratos que les aseguran que, si abandonan la empresa, lo hacen con un comfortable colchón financiero. Y no sólo en casos de dimisión o despido, sino también si el control de la compañía cambia de manos como resultado de una oferta pública de adquisición de acciones (OPA).

Desde que entró en vigor la Ley de Transparencia de 2003, las empresas cotizadas deben consignar en su informe anual de buen gobierno -que deben remitir a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV)- de cuántos directivos poseen contratos blindados, quién los autoriza -consejo de administración o junta de accionistas- y si se informa de su contenido a la junta general.

El análisis de esta información revela que las grandes empresas españolas se resisten aún a compartir esos datos con los accionistas. Tan sólo 10 compañías del Ibex 35 informan en sus juntas generales sobre estos contratos que benefician a un total de 312 directivos de ese grupo de empresas.

Se trata de que el mercado esté prevenido de ciertos compromisos que exigirán desembolsos nada desdeñables. Algunas empresas ya los hacen públicos. El caso más reciente es el de Antonio Zoido, presidente de Bolsas y Mercados Españoles (BME), sociedad que agrupa los mercados de acciones y derivados, que se embolsará 2,58 millones de euros en caso de que sea despedido una vez que la compañía salga a Bolsa, previsiblemente en julio.

La cantidad que percibiría Zoido equivale a tres veces su sueldo anual, regla que parecen seguir numerosas empresas en sus acuerdos indemnizatorios. Por ejemplo, Endesa, que mantiene dicho compromiso con 31 directivos en caso de que éstos salgan de la empresa en diversos supuestos. Además, cobrarán una anualidad como contraprestación a su compromiso de no trabajar para ninguna empresa de la competencia durante dos años. Telefónica sigue también la pauta de los tres años de sueldo con 12 ejecutivos, aunque añade uno más según la antigüedad.

Cifras legendarias

Algunas cifras pueden llegar a ser legendarias. Como los casi 20 millones de euros que recibió Alfonso Cortina cuando abandonó la presidencia de Repsol YPF, las cinco anualidades que cobraría Francisco González si dejara el BBVA o la pensión vitalicia que recibiría Emilio Botín si saliera del Santander.

Aún está por ver con qué grado de detalle acabará por obligarse a las sociedades a facilitar esta información. Al igual que otras disposiciones incluidas en el anteproyecto de ley que reformará la Ley del Mercado de Valores-que incorpora dos directivas europeas a la normativa española-, se definirá en un posterior desarrollo reglamentario.

La reforma del Gobierno también obligará a las empresas a incluir en su informe de buen gobierno, entre otra información, los acuerdos que podrían entrar en vigor, modificarse o concluir en caso de que cambie el dominio de una empresa a raíz de una OPA. Sería el caso, por ejemplo, de Metrovacesa. En caso de que cambie el control de la inmobiliaria vencerían automáticamente créditos de su filial francesa Gecina, lo que obligaría al nuevo dueño a renegociar sus condiciones.