Jueces para la Democracia pide a la judicatura que no sea obstáculo para la paz
El pleno del XXI Congreso de Jueces para la Democracia (JpD) aprobó ayer un documento que expresa su convencimiento de que la labor que desarrollen los jueces "no debería ser un obstáculo para que culmine con éxito" el proceso de paz iniciado tras el alto el fuego de ETA. El documento, que fue aprobado por 89 votos a favor, cinco en contra y 35 abstenciones, estuvo precedido de un intenso y, en ocasiones, agrio debate en el que se presentaron diversas enmiendas en todos los sentidos.
Al congreso clausurado ayer asistieron más de 150 asociados de esta organización judicial progresista y,...
El pleno del XXI Congreso de Jueces para la Democracia (JpD) aprobó ayer un documento que expresa su convencimiento de que la labor que desarrollen los jueces "no debería ser un obstáculo para que culmine con éxito" el proceso de paz iniciado tras el alto el fuego de ETA. El documento, que fue aprobado por 89 votos a favor, cinco en contra y 35 abstenciones, estuvo precedido de un intenso y, en ocasiones, agrio debate en el que se presentaron diversas enmiendas en todos los sentidos.
Al congreso clausurado ayer asistieron más de 150 asociados de esta organización judicial progresista y, desde meses antes de su celebración, cuando ETA aún no había declarado la tregua, se empezó a fraguar un documento que respondiera al lema del encuentro: Diálogo, justicia y paz. El texto final recuerda que durante los años de actividad terrorista han ido cambiando los criterios judiciales a la hora de aplicar la ley, pero no por los cambios legislativos, sino por la manera de interpretarlas de quienes imparten justicia.
Por ello, la declaración de JpD considera que los jueces no pueden variar los hechos probados ni la consideración delictiva de actividades relacionadas con el terrorismo por mucho que se quiera tener en cuenta "el componente de la realidad social" creada.
Sin embargo, los asociados sí que consideran que los jueces pueden ser más flexibles cuando hayan de decidir sobre medidas cautelares o a la hora de determinar y ejecutar la pena a aplicar a las actividades relacionadas con el terrorismo, teniendo en cuenta que se ha difuminado el riesgo de fuga y se ha eliminado el riesgo de reincidencia tras la desaparición de ETA. JpD reconoce que los jueces tienen "un margen de actuación" al aplicar leyes, pero pide al Gobierno y a los partidos que no dejen en sus manos toma de decisiones que rebasan sus competencias y que afectan a medidas penitenciarias, gubernativas o legislativas.
El "coraje" del Gobierno
La ponencia aprobada la redactaron los magistrados José Maria Balardi y Edmundo Rodríguez, y durante el debate se añadió un texto presentado, entre otros, por los magistrados del Supremo Margarita Robles y Perfecto Andrés en el que piden "coraje" al Gobierno y al Parlamento para realizar las reformas legislativas necesarias. También se reclama a los jueces que estén "muy atentos a la realidad" y que se contribuya así a la superación de "la fractura social".
Al acto de clausura asistió el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, quien anunció que la institución que dirige va a seguir actuando como hasta ahora, "para procurar ante los tribunales la satisfacción del interés social". También reiteró que sus criterios como fiscal no pueden olvidar "la mayoría de cada momento expresada en las Cortes". El ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, que también asistió a la clausura pidió a los jueces y a los políticos "que arrimen el hombro" al proceso iniciado.