EU ve un "disparate" la denuncia contra Marcos y dos diputados

Los servicios jurídicos de Esquerra Unida del País Valencià consideran un "disparate jurídico y un ataque contra las libertades" el procedimiento iniciado por el TSJ contra la coordinadora de la formación, Glòria Marcos, y los diputados autonómicos Ramon Cardona y Alfred Botella por una presunta infracción penal contra el orden público por su participación en una manifestación. La Delegación del Gobierno reconoció que los policías que llevaron el atestado al juzgado actuaron con "exceso de celo".

El inicio de diligencias es "un auténtico disparate y un ataque contra las libertades, no s...

Los servicios jurídicos de Esquerra Unida del País Valencià consideran un "disparate jurídico y un ataque contra las libertades" el procedimiento iniciado por el TSJ contra la coordinadora de la formación, Glòria Marcos, y los diputados autonómicos Ramon Cardona y Alfred Botella por una presunta infracción penal contra el orden público por su participación en una manifestación. La Delegación del Gobierno reconoció que los policías que llevaron el atestado al juzgado actuaron con "exceso de celo".

El inicio de diligencias es "un auténtico disparate y un ataque contra las libertades, no sólo contra los responsables políticos, sino también los ciudadanos y en concreto un colectivo tan desfavorecido socialmente como los enfermos mentales y sus familias", explicó la abogada encargada del caso por EU, Mònica Oltra. Según la letrada, "el relato de los hechos contenido en el atestado policial, y que después se recoge en las diligencias judiciales, no se ajusta a la realidad y por lo tanto estamos ante un auténtico despropósito, policial primero y jurídico después por haber dado cobertura a una denuncia que no tendría que haber llegado a los tribunales".

Fuentes de la Delegación del Gobierno reconocieron como "un completo error" que el atestado señalara a Marcos como "responsable de la concentración", que había sido convocada por la plataforma en defensa de los servicios públicos de salud mental. También reconocieron que no se produjo ningún tipo de incidente y que la concentración no llegó a las Cortes, por lo que no sería de aplicación el artículo del Código Penal que considera punible manifestarse ante los Parlamentos cuando están reunidos y alterar su normal funcionamiento, cosa que tampoco sucedió. Los policías que intervinieron y que llevaron su atestado al juzgado actuaron con "exceso de celo", señalaron las citadas fuentes. Lo curioso es que el auto del magistrado de la sala de lo civil y penal del TSJ que ha decidido abrir diligencias por todo esto reconoce todos estos extremos.