El fiscal pide que se juzgue a Carretero por prevaricación

El fiscal Emilio Sánchez Ulled ha solicitado al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que abra juicio oral para sentar en el banquillo al ex consejero de Gobernación de la Generalitat Joan Carretero por un delito de prevaricación supuestamente cometido durante su época de alcalde de Puigcerdà. El azar quiso que el escrito del fiscal, que ocupa 30 folios redactados durante las últimas semanas, se entregase en el tribunal anteayer.

La sustitución de Carretero en el Gobierno catalán le ha hecho perder su condición de aforado, ya que tampoco es diputado autonómico. Por ese motivo...

El fiscal Emilio Sánchez Ulled ha solicitado al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que abra juicio oral para sentar en el banquillo al ex consejero de Gobernación de la Generalitat Joan Carretero por un delito de prevaricación supuestamente cometido durante su época de alcalde de Puigcerdà. El azar quiso que el escrito del fiscal, que ocupa 30 folios redactados durante las últimas semanas, se entregase en el tribunal anteayer.

La sustitución de Carretero en el Gobierno catalán le ha hecho perder su condición de aforado, ya que tampoco es diputado autonómico. Por ese motivo, el caso acabará en un juzgado ordinario.

La fiscalía acusa a Carretero de un presunto delito de prevaricación supuestamente cometido por la firma de dos convenios para realizar sendos planes urbanísticos cuando era alcalde de Puigcerdà. Uno de esos convenios se firmó el 16 de agosto de 1992 con la empresa Gesdip por el cual esta sociedad abonaría al Ayuntamiento 40 millones de pesetas (240.400 euros) que se dedicarían a la instalación de unos ascensores públicos. A cambio, el consistorio debía modificar un plan parcial y permitir la instalación de un centro comercial de la marca Supeco y una gasolinera. En aquella época estaba vigente en Cataluña una moratoria de centros comerciales, pero lo relevante es que esos terrenos estaban destinados a viviendas de protección oficial.

El segundo convenio supuestamente ilegal del que la fiscalía acusa a Carretero se firmó el 20 de marzo con la empresa Supeco, y en virtud de su aplicación el Ayuntamiento de Puigcerdà se obligaba a otorgar las licencias necesarias para la ampliación de la superficie comercial, la implantación de otra gasolinera y la ampliación de un aparcamiento. A cambio, la compañía beneficiaria se comprometía a abonar 80 millones de pesetas (480.800 euros) para "fines municipales". La fiscalía considera que ese convenio también era ilegal porque afectaba a terrenos destinados a usos industriales y su recalificación fue irregular.

Particular perjudicado

La investigación judicial se inició en 2004 a instancias de la querella que interpuso el propietario de la gasolinera que existe desde hace muchos años en Puigcerdà. El abogado que ha representado sus intereses es Pau Molins, situado en la órbita de CiU, y quien ayer expresó su satisfacción por la decisión del fiscal de presentar escrito de acusación. "La actuación del fiscal confirma la certeza y la bondad de la querella que presentamos en su día", dijo Molins.

Durante la instrucción de la causa, Carretero aseguró que el convenio suscrito en 1992 fue de mecenazgo, aunque admitió que se trató del único acuerdo en el que el Ayuntamiento cobró un dinero. En cuanto al segundo, el ex consejero derivó la responsabilidad en el secretario municipal, pero éste explicó que le presionaron para que declarase a favor de los querellados.