La Fiscalía investiga a cinco promotoras de Marbella por no paralizar obras ilegales

La Fiscalía de Medio Ambiente de Málaga tiene abiertas diligencias de investigación penal a cinco promotoras de Marbella que han incumplido autos judiciales que ordenaban la paralización de obras por no estar ajustadas a la legalidad. Se trata de Europea de Complejos Comerciales, Yambali 2000, Haviland Project, Hoteles Playa y la comunidad de bienes Cristo de los Molinos. Algunas de estas obras ya están incluso concluidas. El TSJA ya había avisado a los promotores de que podían incurrir en delito en el caso de que no paralizaran las obras.

La Fiscalía ha remitido ya los expedientes a lo...

La Fiscalía de Medio Ambiente de Málaga tiene abiertas diligencias de investigación penal a cinco promotoras de Marbella que han incumplido autos judiciales que ordenaban la paralización de obras por no estar ajustadas a la legalidad. Se trata de Europea de Complejos Comerciales, Yambali 2000, Haviland Project, Hoteles Playa y la comunidad de bienes Cristo de los Molinos. Algunas de estas obras ya están incluso concluidas. El TSJA ya había avisado a los promotores de que podían incurrir en delito en el caso de que no paralizaran las obras.

La Fiscalía ha remitido ya los expedientes a los juzgados de Marbella para que instruyan las correspondientes causas por desobediencia a la autoridad judicial. En algunos de estos casos, previamente el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ya había dictado providencias en las que advertía a los promotores de que si no paraban las obras podían incurrir en delito.

En algunos casos, las obras ya están concluidas, como es el hotel Senator, del grupo Hoteles Playa, y un edificio contiguo de 99 viviendas construidos en un suelo que el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) vigente dejaba libre para sistema general de equipamientos.

La Consejería de Obras Públicas ha pedido a la Consejería de Turismo que no autorice la apertura del establecimiento, que está incluso amueblado. También están acabadas las 42 viviendas construidas por Haviland Project o las tres casas promovidas por la comunidad Cristo de los Molinos sin que se hubiera tramitado previamente el preceptivo plan de ordenamiento urbanístico de la zona.

Además, la Consejería de Obras Públicas, que dirige Concepción Gutiérrez del Castillo, ha remitido a la Fiscalía otros cinco casos de incumplimientos sobre los que el ministerio público aún no se ha pronunciado. Estas presuntas irregularidades están protagonizados por las promotoras Apex 2000 (en dos promociones diferentes), Stael Inversiones, Naviro Inmobiliaria 2000 y Turasa.

En el caso de las obras de ampliación del centro comercial La Cañada, promovida por Europea de Complejos Comerciales, las obras están ahora paralizadas, pero una vez que se han terminado la mayoría de las naves y se han concluido las obras de urbanización exterior.

Por no atender las órdenes del juez en la paralización de estas obras, el fiscal también instó al juzgado decano de Marbella a incoar diligencias penales contra la alcaldesa en funciones Marisol Yagüe, que se encuentra actualmente en la prisión de Alhaurín de la Torre.

Nueva inspección

Al frente de esta sociedad promotora está el constructor Tomás Olivo, con quien llegó a Marbella hace 20 años el presunto cerebro de la red de corrupción destapada en la Operación Malaya y asesor de Ubranismo de la alcaldesa, Juan Antonio Roca, también en prisión.

El 30 de septiembre de 2003, y a requerimiento de la Consejería de Obras Públicas, la alcaldesa dictó un decreto de paralización de las obras, pero no lo notificó a la promotora hasta dos meses y medio más tarde, el 14 de diciembre, después de que una nueva inspección de la Junta detectara que los trabajos no habían cesado, por lo que envió el caso a la Fiscalía. Aún después de ser notificado el decreto de Alcaldía, la promotora hizo caso omiso a la advertencia y continuó la construcción.

El TSJA ordenó la paralización de las obras porque fueron autorizadas de forma irregular por el ex alcalde Julián Muñoz mediante nueve licencias otorgadas por decreto, sin ningún trámite urbanístico ni informe técnico previo.

En el caso de la promotora Yambali 2000, se trata de un edificio de 10 plantas con 114 viviendas en la lujosa zona de Puerto Banús, que se alza en una parcela que el planeamiento vigente reserva a equipamiento comercial y parques y jardines. Haviland Project construyó una urbanización de 42 viviendas en El Camino del Pilar sobre suelo urbanizable no programado sin que se haya tramitado el preceptivo planeamiento para el desarrollo de la zona. Aunque el tribunal mandó paralizar las obras en febrero de 2004, los trabajos continuaron su curso hasta que concluyeron en en le mes de noviembre de 2005.

Las otras denuncias por incumplimiento de resoluciones judiciales sobre las que aún no se ha pronunciado la fiscalía afectan a 867 viviendas repartidas en cinco promociones diferentes. Una de ellas, 168 casas en la urbanización Golf Río Real, está promovida por Recreo y Turismo Andaluz (Turasa), sociedad del grupo Ávila Rojas que construyó el complejo Banana Beach. Esta urbanización supuso la celebración del primer juicio por delito urbanístico contra miembros de la corporación de Marbella. Julián Muñoz y otos siete concejales fueron condenados hace un año a seis meses de prisión por conceder la licencia de este complejo en una zona verde situada a muy pocos metros de la línea de playa.

Además, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía también anuló en la vía de lo contencioso la licencia de obras. Turasa tiene además otra obra paralizada por resolución judicial de 144 viviendas en el polígono La Ermita.

Dos de estas cinco denuncias afectan a la promotora Apex 2000. Se trata de dos promociones en la zona de Elviria con 368 y 23 viviendas respectivamente. La primera se construye en bloques sobre un suelo donde en una parte sólo está permitida la vivienda unifamiliar y que en otra es zona verde. La promoción de 23 no respeta los parámetros de densidad y edificabilidad tolerados en la zona.

Stael Inversiones y Naviro Inmobiliaria 2000 promueven sendas urbanizaciones de 229 y 279 viviendas con el mismo defecto legal según el tribunal que ordenó su paralización, no haber tramitado ningún plan que definiera el desarrollo de unos suelos catalogados de urbanizables no programados.