Planta polémica
Estos días Miguel Ángel Moratinos trata con representantes uruguayos y argentinos el conflicto que enfrenta a la Empresa Nacional de Celulosa Española (ENCE) con grupos ecologistas argentinos y uruguayos. El conflicto estalló cuando ENCE (la empresa forestal más importante de Europa del Sur, líder europea de producción de celulosa y segunda productora mundial) anunció su intención de realizar una gran planta de tratamiento de celulosa en la orilla del río Uruguay, fronterizo entre los dos países, cuya producción (más de 600.000 metros cúbicos al año) será destinada íntegramente a la exportació...
Estos días Miguel Ángel Moratinos trata con representantes uruguayos y argentinos el conflicto que enfrenta a la Empresa Nacional de Celulosa Española (ENCE) con grupos ecologistas argentinos y uruguayos. El conflicto estalló cuando ENCE (la empresa forestal más importante de Europa del Sur, líder europea de producción de celulosa y segunda productora mundial) anunció su intención de realizar una gran planta de tratamiento de celulosa en la orilla del río Uruguay, fronterizo entre los dos países, cuya producción (más de 600.000 metros cúbicos al año) será destinada íntegramente a la exportación con destino el mercado europeo. Un mercado que consume un 51% del total global mundial, contra el 8% del consumo de celulosa en Suramérica, por ejemplo.
Si el proyecto se realiza en Uruguay los usuarios finales españoles y europeos se enterarán muy poco de los impactos ecológicos que se producen a miles de kilómetros, y que impedirán otras alternativas económicas viables en la zona. Unos impactos que se describen claramente en las diversas denuncias que han interpuesto organismos como el Centro de Derechos Humanos y Ambiente (CEDHA), que han sido aceptados a tramite, y están pendientes de resolución. También muy pocos sabrán que el proyecto se planifica en una Zona Franca por la que se exonera al proyecto de cualquier impuesto creado o por crearse por un periodo de 30 años, extensible a 50.
Menos aún sabrán que se han utilizado sus impuestos: el Instituto de Crédito Oficial ha comprometido 100 millones de dólares. Aún menos sabremos que existen claras razones para que ENCE se decida a irse lejos a producir: tiene el dudoso honor de haber sido ya condenada por delito ecológico continuado el año 2002 en Pontevedra; además consiguió que el 4 de junio de 2005 se produjera la manifestación más grande en los últimos años en esta ciudad pidiendo que cesaran sus actividades. No es extraño que busque nuevos espacios donde actuar.
Los consumidores pueden no saber eso, pero me niego a pensar que el ministro no conoce esta información. Yo querría saber, ¿por qué el señor Moratinos defiende a esta empresa?