La Fiscalía pedirá más penas para quienes agredan a médicos y profesores
La Junta de Fiscales de Córdoba ha acordado agravar la petición de penas que soliciten para los agresores de médicos o profesores públicos, ya que a la acusación por un delito o falta de lesiones sumarán, como criterio general, la imputación de un delito de atentado contra funcionario público.
El fiscal jefe de Córdoba, José Antonio Martín Caro, explicó que ante la alarma social que existe por este tipo de conductas, la Fiscalía cordobesa ha decidido revisar el criterio con el que se abordaban estos casos para incrementar el reproche penal que se solicite contra los supuestos autores. M...
La Junta de Fiscales de Córdoba ha acordado agravar la petición de penas que soliciten para los agresores de médicos o profesores públicos, ya que a la acusación por un delito o falta de lesiones sumarán, como criterio general, la imputación de un delito de atentado contra funcionario público.
El fiscal jefe de Córdoba, José Antonio Martín Caro, explicó que ante la alarma social que existe por este tipo de conductas, la Fiscalía cordobesa ha decidido revisar el criterio con el que se abordaban estos casos para incrementar el reproche penal que se solicite contra los supuestos autores. Martín Caro señaló que, aunque esa acusación por delito de atentado contra funcionario público ya se ha aplicado en algunas ocasiones, a partir de ahora se hará con un criterio general.
El fiscal jefe destacó también que la intención es aplicar toda la contundencia de la normativa vigente para afrontar este tipo de conductas, de tal forma que los acusados se enfrentarán, además de a la pena que se les solicite por el delito o la falta de lesiones, a la condena de uno a tres años de prisión que recoge el Código Penal para los delitos de atentado contra funcionario público.
Señaló que esta petición quedará limitada a los casos de médicos o profesores del servicio público que sufran agresiones cuando estén en el desempeño de su actividad o cuando la agresión esté relacionada con la misma, pero no se podrá aplicar cuando se produzcan contra profesionales de la sanidad y educación privada. Añadió, no obstante, que sí se incluirán dentro de este criterio general las agresiones que puedan sufrir aquellos profesores de la educación privada concertada que impartan enseñanzas de educación obligatoria, "ya que en ese caso se entenderá que también desempeñan un servicio público".
El fiscal jefe resaltó que es necesario frenar este tipo de conductas y destacó que el desarrollo de la función pública merece que se le ofrezca toda la protección que la legislación contempla.