El fiscal jefe adopta medidas para proteger el patrimonio de los ancianos internos en residencias

Un mes después de que la fiscalía de Valencia iniciara el programa de inspecciones de residencias, centros y pisos tutelados con internos no voluntarios, el fiscal jefe, Ricard Cabedo, ha instado a los fiscales a controlar a los responsables de ese tipo de centros. Quienes gestionan las residencias se hacen cargo de administrar el patrimonio de personas con deficiencias psíquicas no incapacitadas por un juez, en su mayoría ancianos, y la fiscalía, dada la falta de control que ha detectado, quiere que den cuenta de los detalles de esa administración para proteger los bienes de las personas que ...

Un mes después de que la fiscalía de Valencia iniciara el programa de inspecciones de residencias, centros y pisos tutelados con internos no voluntarios, el fiscal jefe, Ricard Cabedo, ha instado a los fiscales a controlar a los responsables de ese tipo de centros. Quienes gestionan las residencias se hacen cargo de administrar el patrimonio de personas con deficiencias psíquicas no incapacitadas por un juez, en su mayoría ancianos, y la fiscalía, dada la falta de control que ha detectado, quiere que den cuenta de los detalles de esa administración para proteger los bienes de las personas que no se valen por ellas mismas.

Las inspecciones realizadas en residencias, centros y pisos tutelados durante el mes de enero han puesto de manifiesto la falta de control sobre la gestión patrimonial, que recae en los guardadores de hecho de las personas ingresadas cuando no existen familiares directos que asuman esa responsablidad. El coordinador de la sección civil de la fiscalía de Valencia, Gonzalo López Ebri, explica que se trata de "proteger los intereses de aquellas personas que están siendo atendidas, en régimen de internas, por quienes no son familiares directos y tienen un cierto patrimonio". Según López Ebri, "la fiscalía pretende así proteger a estas personas".

La nota enviada por Ricard Cabedo a los fiscales de la sección civil de Valencia y a las adscripciones de Alzira y Gandia, recoge su planteamiento de "protección discriminatoria de las personas no declaradas incapaces frente a las incapacitadas". Señala, en esa comunicación, que las personas declaradas incapaces tienen nombrado un tutor que es representante legal conocido, al que se le puede exigir hasta fianza para garantizar la integridad del patrimonio del incapaz, que está obligado a hacer inventario y a rendir cuentas anualmente. Y por el contrario, explica, los llamados internamientos no voluntarios sin incapacidad carecen de esa garantía.

"No se nos debe escapar ni dejar de lado que la realidad actual demuestra que son más los internamientos involuntarios que las incapacidades, y que la proliferación de las denominadas residencias de la tercera edad o de mayores es abrumadora, hasta el punto de que en la provincia de Valencia se acerca a la cifra de 500, debiéndose tener en cuenta que estos internamientos en la mayoría de los casos son de por vida", señala el fiscal jefe.

Por tanto, emplaza a que en las inspecciones los fiscales recojan datos de quién tiene las llaves de la vivienda en donde habitaba la persona internada, dónde se encuentran sus enseres y objetos que han constituido hasta entonces su esfera patrimonial más íntima y privada, quién custodia el patrimonio, cómo se está usando ese patrimonio y a qué se está dedicando, quién cobra las pensiones y dispone de los saldos, si existen algunos poderes generales otorgados a otra persona (ya que al no estar incapacitada son susceptibles de ser usados) y quién rinde cuentas tras el fallecimiento de esa persona.

Según López Ebri, el 80% de las personas internadas no están incapacitadas. Y con esa "realidad", dice, "procede activar una protección". El fiscal jefe especifica que "cuando se observe que quienes ejercen la guarda de hecho son parientes directos, padres o hijos, como regla general no será necesario que se requiera una vigilancia especial". Sin embargo, cuando el parentesco no exista o no sea próximo, ordena "practicar cuantas diligencias preprocesales sean necesarias para averiguar tanto la situación patrimonial como la personal" de los internos y, si es necesario, incapacitarlos para nombrar un tutor o, en caso contrario, "mantener al guardador de hecho con el control judicial que establece la ley". López Ebri defiende la instrucción del fiscal jefe por su carácter no sólo de ejecución de sus funciones sino "por su carácter de protección social". Y afirma: "Todos seremos mayores, a todos nos cuidarán, y es nuestra responsabilidad velar por el cuidado de un patrimonio que es fruto del esfuerzo de toda una vida".