El Gobierno ultima una ley para ordenar las competencias autonómicas

El Gobierno ultima un proyecto de ley de cooperación del Estado con las autonomías para ordenar las competencias autonómicas. Empezará a tramitarlo cuando quede encauzada la reforma del Estatuto de Cataluña. El objetivo de esta ley, anunciada por José Luis Rodríguez Zapatero en su investidura, es "culminar el proyecto territorial del Gobierno, adaptando un entramado de cooperación entre las comunidades y el Estado a la altura del enorme proceso descentralizador que se está produciendo", según el ministro Jordi Sevilla.

El proyecto de ley no pretende reabrir, en palabras del titular de A...

El Gobierno ultima un proyecto de ley de cooperación del Estado con las autonomías para ordenar las competencias autonómicas. Empezará a tramitarlo cuando quede encauzada la reforma del Estatuto de Cataluña. El objetivo de esta ley, anunciada por José Luis Rodríguez Zapatero en su investidura, es "culminar el proyecto territorial del Gobierno, adaptando un entramado de cooperación entre las comunidades y el Estado a la altura del enorme proceso descentralizador que se está produciendo", según el ministro Jordi Sevilla.

El proyecto de ley no pretende reabrir, en palabras del titular de Administraciones Públicas, el debate sobre competencias entre las comunidades y el Estado, sino mejorar la gestión de ellas de manera coordinada. Se trata de que la España descentralizada funcione mejor y de reconocer a las comunidades como Estado y que éstas sean leales con él.

La futura ley establecerá los derechos y obligaciones de las instituciones autonómicas. "No se puede gestionar bien la sanidad con 17 gobiernos autónomos que disponen de esa competencia sin sentarse todos con el Gobierno central a una misma mesa y ponerse de acuerdo. Hace falta una nueva regulación del funcionamiento de esas reuniones. Y esto también es de aplicación a numerosos organismos multilaterales", afirma Sevilla.

El proyecto regulará igualmente nuevas figuras creadas en el actual proceso de reformas estatutarias, el funcionamiento de la Conferencia de Presidentes y de las conferencias sectoriales, el Consejo de Política Fiscal y Financiera y la participación de las comunidades en la UE.