La Junta estudia llevar al TSJA la regulación de unas naves en Córdoba

Antonio Márquez, delegado de la Junta de Andalucía en Córdoba, sostuvo ayer que "probablemente" llevarán al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía la decisión del Ayuntamiento de la capital de legalizar unas naves de Arenal 2000 en la Carretera de Palma del Río. En su opinión, el proceso a través del que se ha hecho "no se ajusta a la legalidad".

El consejo rector de la Gerencia de Urbanismo, con los votos favorables de IU y PP y la abstención del PSOE, aprobó el martes un plan especial para la zona que incluye la cobertura legal para las naves del empresario Rafael Gómez.

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Antonio Márquez, delegado de la Junta de Andalucía en Córdoba, sostuvo ayer que "probablemente" llevarán al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía la decisión del Ayuntamiento de la capital de legalizar unas naves de Arenal 2000 en la Carretera de Palma del Río. En su opinión, el proceso a través del que se ha hecho "no se ajusta a la legalidad".

El consejo rector de la Gerencia de Urbanismo, con los votos favorables de IU y PP y la abstención del PSOE, aprobó el martes un plan especial para la zona que incluye la cobertura legal para las naves del empresario Rafael Gómez.

Esta decisión se tomó en contra de dos informes negativos de la Administración autonómica. Por un lado, el equipo legal de la Consejería de Obras Públicas advierte de que, al tratarse de una zona de especial protección y debido a la amplia superficie de las instalaciones, "hace falta una innovación del PGOU" para llevar a cabo la regulación, según dijo Márquez.

Por otro, la Consejería de Cultura advierte de que la decisión del Ayuntamiento puede afectar a la zona declarada Bien de Interés Cultural de Medina Azahara.

Por ello, Márquez insistió ayer en que se terminará por recurrir la decisión del Ayuntamiento cordobés si no varían las posiciones. De momento, según dijo, están a la espera de que este plan especial se apruebe en el Pleno del Consistorio y que se les remita la información que explique cómo se ha tomado la decisión de legalizar las naves, que ya fueron objeto de una sanción por empezar a levantarse sin permisos municipales. Andrés Ocaña (IU), responsable de Urbanismo del Ayuntamiento, justificó el martes la legalización argumentando que el dictamen de los asesores legales del Consistorio es de "mucha solvencia".

"El Ayuntamiento es soberano, pero la Junta tiene que velar porque se cumpla la legalidad", afirmó ayer Márquez, quien sostuvo que, hasta este caso, la coordinación entre la Junta y el Ayuntamiento había sido fluida. La instalación tiene previsto un uso para la venta al por mayor de mobiliario, ropa y almacén de construcción. La superficie de las naves es de 40.000 metros cuadrados.