Los asuntos espinosos
Los grandes desacuerdos en torno a la ley (en el ámbito social y político) se pueden resumir en unos pocos puntos que son la base de las negociaciones de estos días entre el Gobierno y la concertada y que tienen que ver con la admisión de alumnos, la distribución de inmigrantes entre la red pública y la concertada, con los conciertos educativos y con las enseñanzas comunes.
La nueva ley establece que será la Administración la que determine la proporción de alumnos con necesidades de apoyo [inmigrantes, por lo general] que deberán escolarizarse en los centros públicos y los concertados. ...
Los grandes desacuerdos en torno a la ley (en el ámbito social y político) se pueden resumir en unos pocos puntos que son la base de las negociaciones de estos días entre el Gobierno y la concertada y que tienen que ver con la admisión de alumnos, la distribución de inmigrantes entre la red pública y la concertada, con los conciertos educativos y con las enseñanzas comunes.
La nueva ley establece que será la Administración la que determine la proporción de alumnos con necesidades de apoyo [inmigrantes, por lo general] que deberán escolarizarse en los centros públicos y los concertados. También fijará la reserva de las plazas que han de hacer los colegios para los inmigrantes que llegan iniciado el curso. Y una comisión vigilará que estos procesos se ajusten a la ley. Este organismo estará formado por la administración educativa, los ayuntamientos, padres, profesores y centros públicos y privados.
Los contrarios a la ley, en el lado conservador, opinan que el criterio primero para elegir colegio debe ser la decisión libre de los padres, y esperan que el Gobierno no ponga cortapisas a esto. La reserva de plazas y la distribución de los alumnos suponen, dicen, "cupos forzosos" que vulneran el derecho a elegir.
La Administración decidirá también si establece o no conciertos, algo con lo que no están de acuerdo estas asociaciones. Y esperan que la ley deje claro que el Gobierno de turno no podrá fijar menos del 65% de enseñanzas comunes para todo el Estado (55% en los territorios con idioma propio). Todo ello está abierto a posibles acuerdos.