El PSOE se distancia de IP tras la sentencia que anula actuaciones urbanísticas en El Puerto

Los socialistas supeditan los pactos a la resolución del caso en los tribunales

El PSOE de Cádiz advirtió ayer de la posibilidad de revisar sus actuales alianzas con el partido Independientes Portuenses (IP) en el Ayuntamiento de El Puerto de Santa María (Cádiz) y en la Diputación, después de que una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) anule, por ser "contrarias al orden jurídico", las licencias concedidas en 2002 por el gobierno local (IP) para la construcción de un campo de golf en El Puerto. El secretario socialista Francisco González Cabañas dijo que la decisión dependerá de resolución del caso en los tribunales.

La pasada semana Gon...

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El PSOE de Cádiz advirtió ayer de la posibilidad de revisar sus actuales alianzas con el partido Independientes Portuenses (IP) en el Ayuntamiento de El Puerto de Santa María (Cádiz) y en la Diputación, después de que una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) anule, por ser "contrarias al orden jurídico", las licencias concedidas en 2002 por el gobierno local (IP) para la construcción de un campo de golf en El Puerto. El secretario socialista Francisco González Cabañas dijo que la decisión dependerá de resolución del caso en los tribunales.

La pasada semana González Cabaña había asegurado las alianzas con IP, a pesar de que otra sentencia del TSJA condenó a principios de mes al alcalde portuense y presidente de IP, Hernán Díaz Cortés, a siete años de inhabilitación para cargo público. El tribunal lo condenó por un delito de prevaricación cometido al designar a un subinspector para la Policía Local. La medida está pendiente de recurso ante la Audiencia de Cádiz.

González Cabaña aseguró que la nueva sentencia es "incluso más preocupante que la primera" por afectar a una materia, la urbanística, sobre la que el PSOE practica, según dijo, "un estricto cumplimiento de la legalidad".

El secretario socialista anunció que su partido estará "atento" a la evolución judicial de este caso, ya que la sentencia del TSJA ordena el envío del sumario al Juzgado de Instrucción por si las decisiones adoptadas por la comisión de gobierno del Ayuntamiento portuense fueran constitutivas de un nuevo delito de prevaricación.

El alcalde de El Puerto justificó las decisiones adoptadas por la Comisión de Gobierno, que dio las licencias ahora anuladas, en los informes favorables emitidos por el arquitecto jefe del área de Planeamiento, el jefe del servicio municipal de Licencias y el asesor jurídico del área de Urbanismo. Hernán Díaz concluyó que "no se encontró en ningún momento, en ninguno de los tres informes, ni una frase que haga dudar del acuerdo adoptado" y anunció la presentación de un recurso contra la sentencia ante el Tribunal Supremo.

Mientras, la oposición municipal insistió ayer en la necesidad de que el alcalde abandone el cargo. El portavoz del PP, Aurelio Sánchez, afirmó que la actual situación es "insostenible" y que Hernán Díaz debe cesar "por el buen nombre de la ciudad". El representante de IU, Ignacio García, denunció que el equipo de gobierno de IP "ha querido facilitar atajos tramposos a determinados promotores urbanísticos". Además, IU acusó a la Junta de "contribuir a la situación de ilegalidad por no haber actuado de oficio ante la construcción de un campo de golf con licencias ilegales".

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El campo de golf afectado por la sentencia del TSJA está representado por el ex consejero de Trabajo Ramón Marrero, y financiado por Caja Inmaculada. El fallo de TSJA responde a un recurso presentado por un grupo competidor, JALE, cuyo proyecto de campo de golf y complejo turístico fue construido en la finca Las Beatillas, de El Puerto, de forma ilegal, según figura en una sentencia emitida por el TSJA el pasado mes de septiembre. Sobre este complejo de ocio pesa una orden de derribo de la Junta.

El delegado de Obras Públicas, Pablo Lorenzo, aclaró que el campo de la Viña Rango "ha sido construido en una zona no urbanizable, en la que el Ayuntamiento tiene mecanismos para su regularización", mientras que en el caso de Las Beatillas se trata de un desarrollo "en suelo protegido por un sistema general de espacios libres, donde no cabe legalización".

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