Cataluña registra en tan sólo seis días el derrumbe de cinco casas

La Administración catalana está desarmada ante situaciones como la del derrumbe de cinco casas registrado en Cataluña en los últimos seis días, uno de los cuales, el de Piera (Anoia), causó la muerte a cinco inmigrantes. El Ejecutivo catalán carece de medios legales para afrontar y prevenir este tipo de siniestros, el último de los cuales se produjo ayer en Sant Fruitós de Bages, cuando una casa cayó presuntamente por las obras que se realizaban en el solar contiguo, afirma el secretario de Vivienda, Ricard Fernández. La futura Ley de la Vivienda establece en su articulado que los ayuntamiento...

La Administración catalana está desarmada ante situaciones como la del derrumbe de cinco casas registrado en Cataluña en los últimos seis días, uno de los cuales, el de Piera (Anoia), causó la muerte a cinco inmigrantes. El Ejecutivo catalán carece de medios legales para afrontar y prevenir este tipo de siniestros, el último de los cuales se produjo ayer en Sant Fruitós de Bages, cuando una casa cayó presuntamente por las obras que se realizaban en el solar contiguo, afirma el secretario de Vivienda, Ricard Fernández. La futura Ley de la Vivienda establece en su articulado que los ayuntamientos puedan obligar a los propietarios de casas y a las comunidades de vecinos a pasar una inspección periódica, similar a las ITV de los coches, que detectaría problemas estructurales en las viviendas antes de que éstos fueran peligrosos.

La Administración autonómica sólo puede actuar en casos de claros síntomas de ruina o si se causan molestias a los vecinos. En el resto de situaciones, está atada de manos y no puede hacer nada ni obligar a ningún propietario de inmueble a que lo haga.

La lluvia de los pasados días seguramente ha acelerado el proceso de degradación de los inmuebles antiguos en los casos de Olot, donde se ha tenido que desalojar un oratorio musulmán y a 20 vecinos inmigrantes magrebíes, y en Tortosa, donde se cayó un edificio deshabitado y en ruina. En el caso de Piera, presuntamente las obras estructurales ilegales en el edificio originaron su hundimiento y arrastraron una casa vecina. Las causas de los derrumbes parciales de Arenys de Mar, el jueves pasado, y el de Sant Fruitós de ayer, en cambio, pueden tener que ver con las obras que se realizaban en los solares vecinos a los inmuebles hundidos.

Una circunstancia común en los cinco hundimientos es que los edificios derrumbados se encontraban en los barrios antiguos de las respectivas poblaciones. Ricard Fernández previene que situaciones como la de Piera, Olot o Tortosa se pueden repetir: "No es casualidad que las viviendas que han caído o que tienen graves problemas estructurales estén ubicadas en los cascos antiguos. Casos como estos nos los iremos encontrando cada vez más". Fernández precisa que es en los cascos antiguos donde se halla la mayor proporción de viviendas deshabitadas y degradadas y es a muchas de estas viviendas donde van a parar la mayoría de los inmigrantes por razones lógicas de mercado.

Diagnóstico gratis

El plan de rehabilitación de la Secretaría de la Vivienda preveía actuar en 40.000 pisos, pero se ha visto desbordada con 69.000 solicitudes. El plan señala que el coste del diagnóstico de una casa corre a cargo íntegramente de la Generalitat. Las subvenciones que concede la Administración catalana para afrontar patologías como la aluminosis, las obras de estanqueidad de un edificio o la instalación de ascensores alcanzan entre el 40% y el 60% del precio de la obra.

Pero Ricard Fernández admite que estas acciones, que gozan del favor de muchos propietarios y comunidades de vecinos, tienen un problema añadido cuando los beneficiarios potenciales son inmigrantes. "Pese a que las ayudas son elevadas, los inmigrantes no se sienten atraídos por esta política de subvenciones altas, porque el beneficiario tiene que acabar poniendo una parte de dinero y muchos no lo tienen", precisa. Fernández añade: "Con los medios que tenemos, no podemos obligar a nadie a hacer nada, ni tan sólo a coger las ayudas públicas".

El secretario de Vivienda añade que la Administración ha llegado a tiempo y está preparada para actuar en aquellos barrios de emigración antigua, la de los años cincuenta y sesenta, pero tiene pocos instrumentos para afrontar los problemas de vivienda que plantea la nueva emigración, la de los ciudadanos extracomunitarios. Éstos, matiza Ricard Fernández, seguramente precisan de nuevas modalidades de ayudas para logar que sus viviendas sean seguras "para evitar encontrarnos con casos como el de Piera".

Fernández, que también es presidente de la empresa Adigsa, que gestiona las viviendas sociales del Gobierno catalán, advierte de que las actuales políticas de ayudas a la rehabilitación de viviendas todavía no están dando frutos "porque precisamente ahora se están poniendo en marcha". El secretario de Vivienda agrega que el departamento ha solicitado para el próximo ejercicio un montante de 84 millones de euros para rehabilitación de edificios. Por su parte, Adigsa, para reformar su parque público ha pedido 35 millones de euros.Los cinco miembros de una familia de Sant Fruitós de Bages se salvaron ayer del hundimiento de su casa por minutos. La abuela, que dormía en la primera planta, se despertó a las 5.45 al oír el chasquido de las vigas y observó que se habían abierto grandes grietas en la casa. Avisó al resto de la familia, un matrimonio con dos hijos que dormían en el segundo piso. Salieron a la calle y, sin darles tiempo a más, la casa se hundió por la parte posterior, informa Enric Badia. Las hipótesis de los técnicos municipales apuntan a que la casa se desplomó por las obras de un edificio en el solar contiguo. El constructor rebajó el terreno para construir un aparcamiento y la casa que ayer se hundió quedó con los cimientos al descubierto. Hace unos meses, los vecinos de una casa contigua se quejaron al Ayuntamiento y éste instó a la constructora a reforzar la cimentación de las viviendas vecinas.

En el solar se ha acumulado en los últimos días de lluvia bastante agua. Se trata de una casa con los cimientos de piedra, que puede ser de finales del siglo XIX o principios del XX. El alcalde de Sant Fruitós, Josep Rafart, explicó ayer que la casa en construcción tenía los correspondientes permisos. Fuentes de la empresa indicaron que han ofrecido a la familia desalojada un piso mientras duren las obras de reparación de su inmueble.

Distinto es el caso del edificio que se derrumbó el sábado pasado en Piera (Anoia), donde vivían en una casa sin condiciones una docena de inmigrantes de origen marroquí. Cinco de ellos perdieron la vida. En esta casa, sin permiso de obras, su propietario, Mustafá Afilal, había iniciado unas obras en la planta del semisótano para ampliar la capacidad de la vivienda. La casa era de adobe y, según los primeros informes técnicos, que hizo públicos el alcalde, parte de las obras habían afectado a la pared maestra.

Un caso de desalojo preventivo que no acabó en derrumbe se produjo el miércoles en Olot (Garrotxa), donde el Ayuntamiento ordenó que se abandonara un edificio de tres plantas del casco antiguo por serio peligro de hundimiento. La planta baja del edificio, en el que vivían 20 personas, en su mayoría marroquíes, era usada como oratorio islámico, informa Gerard Bagué. El inmueble está muy deteriorado y algunos de sus inquilinos habían denunciado la situación. El miércoles la aparición de una enorme grieta puso sobre aviso a los inquilinos. En una inspección municipal se descubrieron vigas rotas, lo que aconsejó apuntalar algunas zonas.

El consistorio cederá un pabellón para que sea usado como oratorio. La mayoría de las familias desalojadas se instalaron en un cámping.

El deterioro de muchos edificios del centro de Tortosa (Baix Ebre) es una de las preocupaciones del equipo de gobierno (PSC-ICV-Independents per l'Ebre). El hundimiento de la estructura de una casa del barrio de Sant Jaume ha provocado movimientos de paredes en las adyacentes y los técnicos han determinado que existe riesgo en tres inmuebles más de la misma manzana. Los seis edificios, de propiedad municipal y deshabitados, serán derribados, informa Laura Casadevall.