El fiscal rebaja a multa su petición de condena para Julián Muñoz

El ex alcalde de Marbella Julián Muñoz no saldrá muy mal parado del tercer juicio por delito urbanístico que ha afrontado en los últimos siete meses. El fiscal, que en principio solicitaba 18 meses de prisión, redujo ayer en la vista oral esta petición a una multa de 2.520 euros -seis euros diarios durante 14 meses- y a siete años de inhabilitación para cargo público por permitir a una comunidad de vecinos la construcción de dos pilares ornamentales sobre una vía pública.

El fiscal también retiró la acusación de delito de tráfico de influencia contra uno de los procesados y redujo la pe...

El ex alcalde de Marbella Julián Muñoz no saldrá muy mal parado del tercer juicio por delito urbanístico que ha afrontado en los últimos siete meses. El fiscal, que en principio solicitaba 18 meses de prisión, redujo ayer en la vista oral esta petición a una multa de 2.520 euros -seis euros diarios durante 14 meses- y a siete años de inhabilitación para cargo público por permitir a una comunidad de vecinos la construcción de dos pilares ornamentales sobre una vía pública.

El fiscal también retiró la acusación de delito de tráfico de influencia contra uno de los procesados y redujo la petición de penas para el tercero de ellos.

En la relación de medio centenar de casos penales por delito urbanístico que se instruyen en los juzgados contra ex gobernantes de Marbella, el enjuiciado ayer puede considerarse un asunto menor. Muñoz fue acusado por el fiscal de permitir "de forma arbitraria e injustificada, no conforme a la normativa en vigor" que la comunidad de vecinos de la urbanización Riachuelo construyera junto a la entrada de ésta unos pilares de adorno sobre una vía pública.

En un primer momento, el entonces alcalde denegó la licencia de obras, e incluso ordenó en septiembre de 2002 la paralización de las mismas porque vulneraban el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que reservaba el suelo para viario de uso público. Pero en enero de 2003, Muñoz firmó un decreto en el que autorizaba la construcción de los pilares, según el fiscal sin que existiera informe técnico ni expediente que fundamentaran la medida.

Muñoz explicó en su declaración ante el juez que permitió las obras tras mantener una reunión con los vecinos, que así se lo pidieron, y tras comprobar que se trataba de una "obra menor que no impedía el tránsito de los coches ni invadía la vía pública". "Era pura ornamentación y no entorpecía", aseveró.

La acusación particular mantiene la petición de 24 meses de prisión para Julián Muñoz, y de 18 y 12 meses respectivamente para los otros dos procesados, el presidente de la comunidad de vecinos de la urbanización, Salvador Díaz, y el vicepresidente de la misma y funcionario municipal José Luis Bejarano.

El fiscal sí pide seis meses de prisión para el presidente de la comunidad de propietarios acusado de un delito contra la ordenación del territorio porque comenzó las obras antes de disponer del preceptivo permiso municipal, en julio de 2002 -El Ayuntamiento negó la licencia en septiembre de 2002 y finalmente la concedió en enero de 2003-. El acusado aseguró que las obras eran un mero distintivo de la urbanización y que siempre "entendió" que estaban en terrenos propiedad de ésta y no afectaban a la vía pública. También aseguró que se descartó construir una puerta, contemplada en el proyecto inicial.

El ministerio público retiró además la acusación de un delito de tráfico de influencias contra el funcionario municipal José Luis Bejarano, vicepresidente de la comunidad. En su escrito inicial, el fiscal sostenía que Bejarano, que tenía relación de amistad con el alcalde, hizo de intermediario para conseguir que finalmente éste autorizara las obras. Tanto el ex alcalde como el funcionario negaron esta relación de amistad. "Ni yo como funcionario público me iba a jugar mi puesto, ni iba a hacer al alcalde que se lo jugara por una obra, si me lo permiten, tan absurda", aseguró Bejarano.

El abogado defensor de Julián Muñoz, José María del Nido, pidió la absolución del ex alcalde pues consideró que en las obras en cuestión no existen perjudicados, pues ni se impide el acceso a los vecinos ni se dificulta la circulación viaria, y que si los vecinos en principio pretendían colocar una puerta, "el derecho penal no sanciona las intenciones".