Las Beatillas, la ley frente al desarrollo

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía rechazó la pasada semana el recurso del promotor inmobiliario José Antonio López Esteras, propietario del centro turístico Las Beatillas, con el que pretendía paralizar, de manera cautelar, el derribo de este complejo, construido de manera ilegal, según la Consejería de Obras Públicas y Transportes. Las Beatillas cuenta en la actualidad con un centro de congresos, pistas deportivas, un restaurante, una carpa de celebraciones y aparcamientos sobre una superficie total de 4.000 metros cuadrados. La Junta ordenó su demolición en abril de 2003 al consi...

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía rechazó la pasada semana el recurso del promotor inmobiliario José Antonio López Esteras, propietario del centro turístico Las Beatillas, con el que pretendía paralizar, de manera cautelar, el derribo de este complejo, construido de manera ilegal, según la Consejería de Obras Públicas y Transportes. Las Beatillas cuenta en la actualidad con un centro de congresos, pistas deportivas, un restaurante, una carpa de celebraciones y aparcamientos sobre una superficie total de 4.000 metros cuadrados. La Junta ordenó su demolición en abril de 2003 al considerar que las obras se realizaron en suelo urbanizable no programado de la Sierra de San Cristóbal y se ejecutaron "sin licencia" y "desatendiendo" las sucesivas órdenes de suspensión del Ayuntamiento portuense.

Frente a la opinión general de que debe derribarse, hay instituciones o colectivos que reclaman que se legalice con la excusa de la creación de empleo y la proyección turística de Las Beatillas. Siete personas opinan del caso.

- Juan Clavero, portavoz de Ecologistas en Acción. En su opinión, las leyes y las sentencias judiciales "tienen que cumplirse y recuerda que Ecologistas en Acción denunció que Las Beatillas se construyó "con la total connivencia" del Ayuntamiento. "No derribarlo supondría un precedente escandaloso. Abriría las puertas a la total impunidad de los infractores de las leyes urbanísticas, que seguirían construyendo donde les plazca con el convencimiento de que después se cambiarán las leyes a su conveniencia. Inadmisible", afirma.

- Ignacio García, diputado de IU y concejal portuense. A su juicio, es "responsabilidad" de la Junta el cumplir la sentencia de demolición. "Por respeto a sí misma, a la ley y a los ciudadanos", sostiene. "Es lamentable que se utilice ahora demagógicamente a los trabajadores como escudos humanos".

- Consuelo Gamero, portavoz del PSOE portuense. Debe derribarse porque "la ley existe y es igual para todos y todos debemos respetarla y acatarla".

- José Rodríguez, presidente de la Federación de Vecinos. "La ley la tiene que cumplir todo el mundo", enfatiza. "En este caso, con más razón porque se ha construido en una zona protegida", dijo Rodríguez, para quien "no tiene por qué haber distinciones por ser un empresario que quiere usar el escudo de los puestos de trabajo".

- Pablo Lorenzo, delegado de Obras Públicas en Cádiz. Sostiene que las posibles consecuencias de las decisiones judiciales "sólo deben ser atribuidas a quienes actúan fuera de la legalidad, nunca a quien hace que se cumpla la misma". "Apostamos por un desarrollo turístico y económico compatible con la legalidad, como actúan casi la mayoría de los empresarios", añadió.

- Hernán Díaz Cortés, alcalde de El Puerto de Santa María. Fue el primero en pedir que se legalice el complejo. "Las sentencias hay que cumplirlas, pero lo que no se puede permitir es que se haga justicia en la casa de enfrente, y no en la mía. Si en Las Beatillas hay una edificación ilegal, en Chiclana hay 21.000. Y si en El Puerto hay cerca de 5.000 viviendas ilegales, en Puerto Real esta cifra casi se dobla, en Conil, se triplica. Todos debían de tener procedimientos judiciales, sin excepción. Incluso, hay hasta grandes urbanizaciones como Montenmedio, sobre la que también pesa una sentencia no ejecutada".

- Miguel González, presidente de la Confederación de Empresarios. "Desde el más absoluto respeto hacia la legalidad y las decisiones judiciales", el presidente de la patronal pide la continuidad de este complejo "ante la influencia que estas actuaciones tienen sobre la inversión empresarial y el empleo".