La guerra de las remesas

JUAN JESÚS AZNÁREZ

Bancos, cajas de ahorros y cooperativas de crédito no entendieron a tiempo las potencialidades comerciales del pujante fenómeno migratorio registrado en España a partir del año 2000, perdieron terreno y batallan ahora, aceleradamente, con las 43 agencias de envío de dinero, las dos principales de matriz estadounidense, Western Union y MoneyGram, para captar clientes entre los más de tres millones de inmigrantes censados en las comunidades autónomas, cerca del 9% de la población total de España. El colectivo a seducir es pobre, endeudado en origen, vulnerable en España...

JUAN JESÚS AZNÁREZ

Bancos, cajas de ahorros y cooperativas de crédito no entendieron a tiempo las potencialidades comerciales del pujante fenómeno migratorio registrado en España a partir del año 2000, perdieron terreno y batallan ahora, aceleradamente, con las 43 agencias de envío de dinero, las dos principales de matriz estadounidense, Western Union y MoneyGram, para captar clientes entre los más de tres millones de inmigrantes censados en las comunidades autónomas, cerca del 9% de la población total de España. El colectivo a seducir es pobre, endeudado en origen, vulnerable en España, ahorrador euro a euro, y agobiado por comisiones de envío muy altas. Pero un efecto positivo de la pugna en curso ha sido el abaratamiento de los envíos hasta una cuantía que ronda el 6% de cada remesa, porcentaje que varía en función del destino, la rapidez, la disponibilidad y del perfil de la empresa remitente. Precisamente el abaratamiento de los envíos fue una de las vías propuestas por el presidente, José Luis Rodríguez Zapatero, el miércoles en la ONU para que el ahorro de los inmigrantes financie el desarrollo de sus países. "Hay que reducir los costes de envío para que no se quede dinero por el camino", subrayó Zapatero en una reunión de alto nivel sobre financiación del desarrollo. El monto de las remesas supera los 100.000 millones en todo el mundo y España ocupa el octavo lugar de las naciones remitentes.

El coste de envío de las remesas se acerca a los 300 millones de euros

La banca busca acabar con la desconfianza del inmigrante

El dinero transferido supone el 2% del PIB de los países más pobres

El Banco de España vigila el movimiento de fondos al exterior

Varias agencias denuncian el cierre de sus cuentas en bancos y cajas

A la espera de que los Gobiernos concreten fórmulas sobre su aprovechamiento para el desarrollo, las agencias controlan en España cerca del 80% de las transferencias familiares al haberse adaptado muy bien a las costumbres, horarios y necesidades de los inmigrantes. Acumulan las experiencias de anteriores procesos migratorios internacionales, pero la banca ha reaccionado y la pelea era inevitable. La Asociación Nacional de Agencias de Envío de Dinero (ANAED), que agrupa a 22 y más del 50% de los despachos, ha denunciado ante el Banco de España operaciones de zancadilleo y de exclusión, y cierre de cuentas, desde la competencia bancaria. Pide cambios normativos, mientras el Departamento del Tesoro del Ministerio de Economía y Hacienda analiza las reclamaciones.

La masiva entrada de extranjeros, multiplicada por cuatro en cinco años y con una masa salarial próxima a los 20.000 millones de euros, activó hace dos años una movilización contra la supremacía de las agencias de envío en el negocio de las remesas: el producto financiero más utilizado por los inmigrantes. "La banca tiene un gran potencial de actuación en ese colectivo, por dimensión y por utilización de productos", admite Miguel Ángel Muñoz, consejero delegado de Dinero Express, entidad creada hace casi tres años por el BBVA para entrar en el negocio. El pasado mes de marzo, cambió el modelo y se transformó en una innovadora tienda multiservicios. "Intentamos satisfacer las necesidades de productos financieros y no financieros del inmigrante: desde abrir una cuenta, conceder un crédito o una tarjeta, a facilitar la búsqueda de empleo, de vivienda o viajes baratos", agrega Muñoz. El BBVA parte con la ventaja competitiva de contar con la franquicia Bancomer Transfer Services (BTS), que el pasado año efectuó 16,5 millones de transacciones (6.260 millones de euros) de Estados Unidos a México.

"Se aprovecharon de la ingenuidad"

Toda ayuda es agradecida por un sector que ha sido muy explotado. "Por ejemplo, al inicio, los préstamos que se hacían los propios inmigrantes para viajar llegaban hasta el 10% mensual: es decir 500 dólares al mes por un préstamo de 5.000", recuerda Vladimir Paspuel, portavoz de la Asociación de Ecuatorianos Rumiñahui. En España, mujeres indocumentadas aceptaron trabajos de empleadas de hogar en penosas condiciones, pequeños empresarios vendieron contratos a 2.000 euros, y agencias desaprensivas cobraron 300 euros por gestionar préstamos bancarios que sabían no iban a ser aprobados. La relación es larga. "Se aprovecharon de la ingenuidad o la desinformación de muchos inmigrantes", resume Paspuel.

Las remesadoras coparon pronto el negocio. El Banco de España, en aplicación de un real-decreto desarrollado en 2000, las autorizó como sociedades anónimas inscritas en el Registro Mercantil y en el registro de compra venta de moneda extranjera. Todas deben transferir desde cuentas abiertas en bancos, cajas de ahorros y otras instituciones el importe de las órdenes de envío a sus corresponsales: las entidades con las que las remesadoras conciertan el pago al beneficiario en el país de destino. Esa dependencia operativa determina buena parte de las actuales fricciones. Un alto ejecutivo de banca desdeñó las quejas: "Con las remesadoras está pasando como cuando uno se ve amenazado e intenta justificarse por alguna vía. En un mercado donde no hay barreras de entrada importantes, que alguien tenga cerca del 80%, no es normal". Tiene que haber competencia, añadió esa fuente. "Y qué significa eso? Pues que habrá que ir captando cuota a la remesadora".

La agencias desplazaron a bancos y cajas de ahorros porque se anticiparon con facilidades, menos burocracia, rapidez en la entrega, incluso a domicilio, o telefonazo y mensaje escrito al destinatario. Esa flexibilidad es aplicada ahora, o incluso ampliada en algunos casos, por la ofensiva del sector financiero español. El objetivo es cobrar la comisión de sus envíos, fundamentalmente, y vender otros servicios: préstamos al consumo, hipotecarios, seguros, o planes de pensiones.

Hay espacio para todos

"La competencia ha ayudado a abaratar el coste de las remesas. La gente que no tenía papeles utilizaba las remesadoras porque el sistema financiero les resultaba inaccesible. Ahora hay un cambio de tendencia", señala Carlos Narváez, portavoz de la asociación de ecuatorianos Eugenia Espejo. El cambio de tendencia condujo al choque entre competidores. Los bancos y cajas implicados en la refriega niegan haber vetado caprichosamente a las remesadoras, y menos haber vulnerado disposición legal alguna, pero tampoco asumen que las empresas autorizadas para operar por el Banco de España, con 4.937 agentes, 6.900 puntos de venta y eficaces estructuras, copen indefinidamente una comunidad especialmente dinámica y apetecible.

Hay mucho campo. Los niveles de utilización de los productos básicos bancarios entre los inmigrantes están más de un 50% por debajo de la media nacional. Además de equiparar o reducir el coste de los envíos, otra fórmula para incrementar la cuota de mercado fueron la compra de remesadoras: el Santander Central Hispano compró en abril Latinoenvíos. Otras entidades optaron por acuerdos de asociación. Caja Navarra lo hizo con MoneyGram: la multinacional norteamericana envía remesas a través de las oficinas de la entidad con sede en Pamplona. "Nos va bien", señala uno de sus ejecutivos. La corporación navarra y la empresa Sedena lanzaron en junio Mas Cerca, un espacio de venta multiservicio para inmigrantes "muy diferente al oscuro locutorio. Allí, inmigrantes titulados ofrecen todo tipo de asesoramiento. Es un lugar muy agradable para que contraten o consulten".

Las iniciativas para atraer a nuevos clientes son numerosas entre bancos y cajas, que cuentan con 40.000 oficinas en toda España. Muy saturado el mercado nacional, ya que el 98% de los españoles utiliza el sistema bancario, el objetivo de todos es hacerse con el segmento de mayor crecimiento: ganarse a los 505.400 marroquíes, 491.800 ecuatorianos, 314.300 rumanos, 268.900 colombianos, y a los cientos de miles de bolivianos, peruanos, argentinos o chinos que el pasado año transfirieron a sus países de origen 3.500 millones de euros. El grueso sufragó los gastos corrientes de sus familias o las deudas contraídas para viajar e instalarse en España. Esa cantidad, reflejada en la balanza de pagos del Banco de España, podrá alcanzar los 5.000 millones en el año 2007.

La batalla de la diputada del PSOE Delia Blanco, presidenta de la Comisión de Cooperación Internacional y Desarrollo, es la invocada por Zapatero en Nueva York: conseguir que las remesas no sólo vayan al consumo familiar. "Eso no crea desarrollo como tal. Sube el PIB de los países que ingresan las remesas, pero no hay estructuras financieras que ayuden a los inmigrantes a que sus remesas con las familias pudieran crear alguna base de desarrollo", señala. "Y para eso hay que poner estructuras, mimbres, para que los inmigrantes cooperen al desarrollo de su propio país".

El dinero en circulación es mucho. Las remesas potenciales durante el último ejercicio fueron 8.710 millones de euros. Remesas potenciales son aquellas que resultan del cálculo de la masa de inmigrantes, de su nivel de vida, de lo que necesitan como mínimo para vivir en España. El sobrante es lo que potencialmente podrían enviar como remesa. No es fácil determinar el monto total de euros y dólares manejado por los extranjeros, muchos de los cuales trabajan de sol a sol para ahorrar 500 euros al mes. Una cantidad indeterminada, presumiblemente superior a los 2.000 millones, sale por circuitos de difícil escrutinio y de mucho riesgo: remesadores piratas que llegaron a cobrar hasta el 25% de la cantidad entregada en mano, viajeros, turistas, familiares, inmigrantes de vacaciones o turbias redes de paquetería o de camioneros rumanos.

José Manuel Gómez de Miguel, jefe de la División de Regulación y Transparencia del Banco de España, sostiene que las entidades de crédito españolas "están conteniendo" a las remesadoras, pero habrá que esperar al próximo ejercicio para comprobar los resultados de la ofensiva bancaria en marcha. A la espera de datos definitivos y oficiales sobre el porcentaje que corresponde a bancos, cajas y cooperativas de crédito y el que corresponde a las remesadoras entre los 3.500 millones de euros oficialmente transferidos por los inmigrantes el pasado año, las encuestas indican que estas últimas controlaron más del 70%. El dinero que circula por canales incontrolados "es muy poco, muy poco", agrega Gómez de Miguel. "Una de las grandes ventajas del sistema es que el regular a los establecimientos de cambio autorizados para realizar transferencias (remesadotas), al establecer un sistema de control y regularización, hemos contribuido a regularizar el flujo hacia esos países".

El funcionario no descarta la existencia de rutas poco transparentes o irregulares, pero no es consciente de que las fugas sean significativas o se centralicen en algún lugar. Nadie discute, sin embargo, la envergadura del fenómeno de las remesas. "Hay una gran batalla económica porque las cifras son gordísimas y eso excita muchos apetitos y muchos intereses. Si tomamos como punto de referencia los cerca de 3.500 millones del pasado año, el envío de las remesas supone un coste que oscila entre los 200 y 300 millones de euros", subraya Iñigo Moré, creador de la red de investigación Remesas.org y uno de los principales expertos en el tema. "Esto suscita cuestiones de índole moral en la medida en que la gente suda mucho para ganar ese dinero".

El 18% recibe la nómina en bancos

El Banco de España y el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (SEPBLAC), adscrito a la entidad emisora, cruzan supervisores y cautelas sobre un dinero que ha revolucionado, en gran medida, la economía y la sociedad de los empobrecidos países receptores: supone el 2% del PIB y el 15% de la riqueza de las naciones más pequeñas, según el Fondo Monetario Internacional (FMI). El sector financiero español no podía quedar al margen. El gran negocio para bancos y cajas, que también compiten en su seno no es tanto la comisión de los envíos, como la captación del inmigrante como cliente habitual ante la fuerte aceleración de su capacidad adquisitiva y sus potencialidades: sólo el 18% recibe la nómina a través de un banco.

La batalla está llamada a intensificarse porque el proceso de legalización desarrollado por el Gobierno, entre febrero y mayo, facilitará la bancarización de aproximadamente 650.000 inmigrantes. Además, la tendencia de nuevas entradas en España es alcista: el aumento de la población extranjera fue del 33,5% en el periodo 2001-04, y el país podrá sumar 4,3 millones de inmigrantes en el año 2010, de acuerdo el Instituto Nacional de Estadísticas (INE). El 55,8% tiene familiares a su cargo en origen, y el 46,1%, quiere traerlos a España, para ocupan trabajos que los españoles no demandan, según constatan la práctica y los anuarios de extranjería. La demanda de servicios financieros subirá en flecha a medida que más inmigrantes se legalicen y superen su recelo hacia las entidades de crédito.

"Hasta un momento dado, que es hace muchos años, hacia el año 90-91, el envío de dinero, la circulación de capitales, tenía una serie de controles incluso de tasas", señala Carlos Pereda, sociólogo del colectivo Ioé. "Eso, con la libre circulación del dinero, se superó por exigencia, además, de la Unión Europea. No hay un coste para las salidas. Me consta que la banca esta entrando de lleno en el envío del dinero". También le consta esa penetración a la ANAED, que ha protestado ante el Banco de España los problemas y dificultades afrontados por las compañías gestoras de transferencias en sus relaciones con las diferentes entidades de crédito, las que acusan de tratar de eliminarlas de facto e impedir "una sana competencia". El BBVA, el Santander Central Hispano y el Deutsche Bank han cancelado cuentas abiertas, y operativas, de las remesadoras, y objetan la apertura de otras solicitadas por empresas del sector. Inicialmente, justificaron el rechazo por "la falta de rentabilidad" de esas cuentas. Posteriormente, el Santander atribuyó otras cancelaciones porque "la normativa interna de nuestra entidad de no aceptar como clientes a personas físicas o jurídicas que estén relacionadas sus actividades en casas de cambio, transmisores de dinero u otras entidades similares".

Comisiones protestadas

Actualmente, las entidades de crédito amparan la rescisión de los contratos tipo de cuenta corriente en la aplicación de la condición general establecida en los mismos, que les habilita para su resolución unilateral, sin ofrecer por mayor explicación por escrito acerca de las razones. La Caixa y Caja Madrid están autorizadas por el Banco de España para aplicar a las cuentas corrientes de las que son titulares las compañías remesadoras una comisión de mantenimiento superior a la aplicada con carácter general. Esa comisión se fija en función del número de ingresos mensuales efectuados "por terceros" cuando dichos ingresos estén asociados a la prestación del servicio de gestión de transferencias por parte de estas compañías. Las dos entidades la han aplicado a todos los ingresos realizados en las cuentas corrientes a través de las cuales las compañías remesadoras canalizan los fondos asociados a esta actividad. Invocan para ello el elevado número de ingresos efectuados en esas cuentas, según portavoces de la ANED.

"Sin embargo, la práctica totalidad de los ingresos, afirman desde la asiciación, son realizados tanto por los agentes de las compañías remesadoras, autorizados y debidamente apoderados por éstas, para actuar en su nombre y representación, así como por los propios empleados de las compañías", "De manera, que no cabe considerar que dichos ingresos son efectuados por terceros y, en consecuencia, no resulta de aplicación la comisión de mantenimiento especial prevista para tales casos". De momento, la disputa permanece estancada y las campañas publicitarias de unos y otros arrecian. Las más poderosas remesadoras, Western Union, y MoneyGram, entraron en España a partir del año 1997, y conocen muy bien el oficio porque desde hace decenios mueven miles de millones por todos los rincones del planeta. Después, proliferaron otras compañías, pequeñas o medianas, la mayoría de capital español, asociadas varias a las grandes.

Todas disponen de agentes en los cerca de 7.000 locutorios existentes en España, en peluquerías, bares, comercios de alimentación y lugares frecuentados por inmigrantes. Estas empresas juegan con ventaja porque el grueso de la mano de obra llegada a España, que envía a sus familias una media aproximada de 300 euros ocho meses al año, desconfía de los bancos al proceder de naciones con sistemas financieros históricamente destruidos por la corrupción o la incompetencia. Sólo desde el año 1980 a la fecha, un total de 19 países latinoamericanos ha sufrido bancarrotas, colapsos financieros, agotamiento de recursos bancarios, y masiva retirada o congelación de los fondos de los ahorradores. Miles de quienes se arruinaron aquellos años, en Ecuador, Argentina o República Dominicana, huyeron a España como inmigrantes.

Las etapas de la instalación

Uno de los desafíos de la banca es recuperar su confianza. Sus horizontes son ambiciosos porque, contrariamente a las remesadoras, que sólo pueden enviar dinero, el margen de negocio de cajas y bancos es financieramente ilimitado. Las progresivas necesidades y demandas de la población inmigrante orienta el negocio de bancos y cajas. Éstas dependen de los ciclos de estancia, de acuerdo con los estudios y fuentes consultadas para este trabajo. Durante la primera, hasta el segundo año desde la llegada, el inmigrante requiere trabajo, información y asesoramiento jurídico, tramitación y gestión documental, comunicación con el país de origen, y comienza a enviar dinero a sus familias.

La segunda etapa, hasta el quinto año de estancia, se caracteriza por una mayor cuantía en el envío de fondos, la preparación de planes para traer a los parientes, la consolidación del trabajo y el arranque de las solicitudes de pequeños créditos al consumo. Cuando un inmigrante lleva más de cinco años en España demanda productos "más sofisticados": coche, gestiona hipotecas y planes de pensiones y trata de financiar los estudios de sus hijos. El 79, 3% de todos los inmigrantes lleva menos de cinco años en España, contra sólo el 20,7%, que los ha cumplido o superado.

Siempre deben permanecer alertas. "Quería comprar un piso que valía 150.000 euros, pero se me ponía en los 180.000 porque te venden seguros dentales, de vida, a riesgo total. Te hacen firmar como obligatorios, seguros que no lo son", recuerda el peruano Lorenzo Soto. No firmó porque lo disuadió el asesoramiento de una entidad de crédito, mucho más accesible y gratuito gracias a la batalla entre bancos, cajas y remesadoras por los fondos de los nuevos residentes en España.Bancos, cajas de ahorros y cooperativas de crédito no entendieron a tiempo las potencialidades comerciales del pujante fenómeno migratorio registrado en España a partir del año 2000, perdieron terreno y batallan ahora, aceleradamente, con las 43 agencias de envío de dinero, las dos principales de matriz estadounidense, Western Union y MoneyGram, para captar clientes entre los más de tres millones de inmigrantes censados en las comunidades autónomas, cerca del 9% de la población total de España. El colectivo a seducir es pobre, endeudado en origen, vulnerable en España, ahorrador euro a euro, y agobiado por comisiones de envío muy altas. Pero un efecto positivo de la pugna en curso ha sido el abaratamiento de los envíos hasta una cuantía que ronda el 6% de cada remesa, porcentaje que varía en función del destino, la rapidez, la disponibilidad y del perfil de la empresa remitente. Precisamente el abaratamiento de los envíos fue una de las vías propuestas por el presidente, José Luis Rodríguez Zapatero, el miércoles en la ONU para que el ahorro de los inmigrantes financie el desarrollo de sus países. "Hay que reducir los costes de envío para que no se quede dinero por el camino", subrayó Zapatero en una reunión de alto nivel sobre financiación del desarrollo. El monto de las remesas supera los 100.000 millones en todo el mundo y España ocupa el octavo lugar de las naciones remitentes.

A la espera de que los Gobiernos concreten fórmulas sobre su aprovechamiento para el desarrollo, las agencias controlan en España cerca del 80% de las transferencias familiares al haberse adaptado muy bien a las costumbres, horarios y necesidades de los inmigrantes. Acumulan las experiencias de anteriores procesos migratorios internacionales, pero la banca ha reaccionado y la pelea era inevitable. La Asociación Nacional de Agencias de Envío de Dinero (ANAED), que agrupa a 22 y más del 50% de los despachos, ha denunciado ante el Banco de España operaciones de zancadilleo y de exclusión, y cierre de cuentas, desde la competencia bancaria. Pide cambios normativos, mientras el Departamento del Tesoro del Ministerio de Economía y Hacienda analiza las reclamaciones.

La masiva entrada de extranjeros, multiplicada por cuatro en cinco años y con una masa salarial próxima a los 20.000 millones de euros, activó hace dos años una movilización contra la supremacía de las agencias de envío en el negocio de las remesas: el producto financiero más utilizado por los inmigrantes. "La banca tiene un gran potencial de actuación en ese colectivo, por dimensión y por utilización de productos", admite Miguel Ángel Muñoz, consejero delegado de Dinero Express, entidad creada hace casi tres años por el BBVA para entrar en el negocio. El pasado mes de marzo, cambió el modelo y se transformó en una innovadora tienda multiservicios. "Intentamos satisfacer las necesidades de productos financieros y no financieros del inmigrante: desde abrir una cuenta, conceder un crédito o una tarjeta, a facilitar la búsqueda de empleo, de vivienda o viajes baratos", agrega Muñoz. El BBVA parte con la ventaja competitiva de contar con la franquicia Bancomer Transfer Services (BTS), que el pasado año efectuó 16,5 millones de transacciones (6.260 millones de euros) de Estados Unidos a México.

"Se aprovecharon de la ingenuidad"

Toda ayuda es agradecida por un sector que ha sido muy explotado. "Por ejemplo, al inicio, los préstamos que se hacían los propios inmigrantes para viajar llegaban hasta el 10% mensual: es decir 500 dólares al mes por un préstamo de 5.000", recuerda Vladimir Paspuel, portavoz de la Asociación de Ecuatorianos Rumiñahui. En España, mujeres indocumentadas aceptaron trabajos de empleadas de hogar en penosas condiciones, pequeños empresarios vendieron contratos a 2.000 euros, y agencias desaprensivas cobraron 300 euros por gestionar préstamos bancarios que sabían no iban a ser aprobados. La relación es larga. "Se aprovecharon de la ingenuidad o la desinformación de muchos inmigrantes", resume Paspuel.

Las remesadoras coparon pronto el negocio. El Banco de España, en aplicación de un real-decreto desarrollado en 2000, las autorizó como sociedades anónimas inscritas en el Registro Mercantil y en el registro de compra venta de moneda extranjera. Todas deben transferir desde cuentas abiertas en bancos, cajas de ahorros y otras instituciones el importe de las órdenes de envío a sus corresponsales: las entidades con las que las remesadoras conciertan el pago al beneficiario en el país de destino. Esa dependencia operativa determina buena parte de las actuales fricciones. Un alto ejecutivo de banca desdeñó las quejas: "Con las remesadoras está pasando como cuando uno se ve amenazado e intenta justificarse por alguna vía. En un mercado donde no hay barreras de entrada importantes, que alguien tenga cerca del 80%, no es normal". Tiene que haber competencia, añadió esa fuente. "Y qué significa eso? Pues que habrá que ir captando cuota a la remesadora".

La agencias desplazaron a bancos y cajas de ahorros porque se anticiparon con facilidades, menos burocracia, rapidez en la entrega, incluso a domicilio, o telefonazo y mensaje escrito al destinatario. Esa flexibilidad es aplicada ahora, o incluso ampliada en algunos casos, por la ofensiva del sector financiero español. El objetivo es cobrar la comisión de sus envíos, fundamentalmente, y vender otros servicios: préstamos al consumo, hipotecarios, seguros, o planes de pensiones.

Hay espacio para todos

"La competencia ha ayudado a abaratar el coste de las remesas. La gente que no tenía papeles utilizaba las remesadoras porque el sistema financiero les resultaba inaccesible. Ahora hay un cambio de tendencia", señala Carlos Narváez, portavoz de la asociación de ecuatorianos Eugenia Espejo. El cambio de tendencia condujo al choque entre competidores. Los bancos y cajas implicados en la refriega niegan haber vetado caprichosamente a las remesadoras, y menos haber vulnerado disposición legal alguna, pero tampoco asumen que las empresas autorizadas para operar por el Banco de España, con 4.937 agentes, 6.900 puntos de venta y eficaces estructuras, copen indefinidamente una comunidad especialmente dinámica y apetecible.

Hay mucho campo. Los niveles de utilización de los productos básicos bancarios entre los inmigrantes están más de un 50% por debajo de la media nacional. Además de equiparar o reducir el coste de los envíos, otra fórmula para incrementar la cuota de mercado fueron la compra de remesadoras: el Santander Central Hispano compró en abril Latinoenvíos. Otras entidades optaron por acuerdos de asociación. Caja Navarra lo hizo con MoneyGram: la multinacional norteamericana envía remesas a través de las oficinas de la entidad con sede en Pamplona. "Nos va bien", señala uno de sus ejecutivos. La corporación navarra y la empresa Sedena lanzaron en junio Mas Cerca, un espacio de venta multiservicio para inmigrantes "muy diferente al oscuro locutorio. Allí, inmigrantes titulados ofrecen todo tipo de asesoramiento. Es un lugar muy agradable para que contraten o consulten".

Las iniciativas para atraer a nuevos clientes son numerosas entre bancos y cajas, que cuentan con 40.000 oficinas en toda España. Muy saturado el mercado nacional, ya que el 98% de los españoles utiliza el sistema bancario, el objetivo de todos es hacerse con el segmento de mayor crecimiento: ganarse a los 505.400 marroquíes, 491.800 ecuatorianos, 314.300 rumanos, 268.900 colombianos, y a los cientos de miles de bolivianos, peruanos, argentinos o chinos que el pasado año transfirieron a sus países de origen 3.500 millones de euros. El grueso sufragó los gastos corrientes de sus familias o las deudas contraídas para viajar e instalarse en España. Esa cantidad, reflejada en la balanza de pagos del Banco de España, podrá alcanzar los 5.000 millones en el año 2007.

La batalla de la diputada del PSOE Delia Blanco, presidenta de la Comisión de Cooperación Internacional y Desarrollo, es la invocada por Zapatero en Nueva York: conseguir que las remesas no sólo vayan al consumo familiar. "Eso no crea desarrollo como tal. Sube el PIB de los países que ingresan las remesas, pero no hay estructuras financieras que ayuden a los inmigrantes a que sus remesas con las familias pudieran crear alguna base de desarrollo", señala. "Y para eso hay que poner estructuras, mimbres, para que los inmigrantes cooperen al desarrollo de su propio país".

El dinero en circulación es mucho. Las remesas potenciales durante el último ejercicio fueron 8.710 millones de euros. Remesas potenciales son aquellas que resultan del cálculo de la masa de inmigrantes, de su nivel de vida, de lo que necesitan como mínimo para vivir en España. El sobrante es lo que potencialmente podrían enviar como remesa. No es fácil determinar el monto total de euros y dólares manejado por los extranjeros, muchos de los cuales trabajan de sol a sol para ahorrar 500 euros al mes. Una cantidad indeterminada, presumiblemente superior a los 2.000 millones, sale por circuitos de difícil escrutinio y de mucho riesgo: remesadores piratas que llegaron a cobrar hasta el 25% de la cantidad entregada en mano, viajeros, turistas, familiares, inmigrantes de vacaciones o turbias redes de paquetería o de camioneros rumanos.

José Manuel Gómez de Miguel, jefe de la División de Regulación y Transparencia del Banco de España, sostiene que las entidades de crédito españolas "están conteniendo" a las remesadoras, pero habrá que esperar al próximo ejercicio para comprobar los resultados de la ofensiva bancaria en marcha. A la espera de datos definitivos y oficiales sobre el porcentaje que corresponde a bancos, cajas y cooperativas de crédito y el que corresponde a las remesadoras entre los 3.500 millones de euros oficialmente transferidos por los inmigrantes el pasado año, las encuestas indican que estas últimas controlaron más del 70%. El dinero que circula por canales incontrolados "es muy poco, muy poco", agrega Gómez de Miguel. "Una de las grandes ventajas del sistema es que el regular a los establecimientos de cambio autorizados para realizar transferencias (remesadotas), al establecer un sistema de control y regularización, hemos contribuido a regularizar el flujo hacia esos países".

El funcionario no descarta la existencia de rutas poco transparentes o irregulares, pero no es consciente de que las fugas sean significativas o se centralicen en algún lugar. Nadie discute, sin embargo, la envergadura del fenómeno de las remesas. "Hay una gran batalla económica porque las cifras son gordísimas y eso excita muchos apetitos y muchos intereses. Si tomamos como punto de referencia los cerca de 3.500 millones del pasado año, el envío de las remesas supone un coste que oscila entre los 200 y 300 millones de euros", subraya Iñigo Moré, creador de la red de investigación Remesas.org y uno de los principales expertos en el tema. "Esto suscita cuestiones de índole moral en la medida en que la gente suda mucho para ganar ese dinero".

El 18% recibe la nómina en bancos

El Banco de España y el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (SEPBLAC), adscrito a la entidad emisora, cruzan supervisores y cautelas sobre un dinero que ha revolucionado, en gran medida, la economía y la sociedad de los empobrecidos países receptores: supone el 2% del PIB y el 15% de la riqueza de las naciones más pequeñas, según el Fondo Monetario Internacional (FMI). El sector financiero español no podía quedar al margen. El gran negocio para bancos y cajas, que también compiten en su seno no es tanto la comisión de los envíos, como la captación del inmigrante como cliente habitual ante la fuerte aceleración de su capacidad adquisitiva y sus potencialidades: sólo el 18% recibe la nómina a través de un banco.

La batalla está llamada a intensificarse porque el proceso de legalización desarrollado por el Gobierno, entre febrero y mayo, facilitará la bancarización de aproximadamente 650.000 inmigrantes. Además, la tendencia de nuevas entradas en España es alcista: el aumento de la población extranjera fue del 33,5% en el periodo 2001-04, y el país podrá sumar 4,3 millones de inmigrantes en el año 2010, de acuerdo el Instituto Nacional de Estadísticas (INE). El 55,8% tiene familiares a su cargo en origen, y el 46,1%, quiere traerlos a España, para ocupan trabajos que los españoles no demandan, según constatan la práctica y los anuarios de extranjería. La demanda de servicios financieros subirá en flecha a medida que más inmigrantes se legalicen y superen su recelo hacia las entidades de crédito.

"Hasta un momento dado, que es hace muchos años, hacia el año 90-91, el envío de dinero, la circulación de capitales, tenía una serie de controles incluso de tasas", señala Carlos Pereda, sociólogo del colectivo Ioé. "Eso, con la libre circulación del dinero, se superó por exigencia, además, de la Unión Europea. No hay un coste para las salidas. Me consta que la banca esta entrando de lleno en el envío del dinero". También le consta esa penetración a la ANAED, que ha protestado ante el Banco de España los problemas y dificultades afrontados por las compañías gestoras de transferencias en sus relaciones con las diferentes entidades de crédito, las que acusan de tratar de eliminarlas de facto e impedir "una sana competencia". El BBVA, el Santander Central Hispano y el Deutsche Bank han cancelado cuentas abiertas, y operativas, de las remesadoras, y objetan la apertura de otras solicitadas por empresas del sector. Inicialmente, justificaron el rechazo por "la falta de rentabilidad" de esas cuentas. Posteriormente, el Santander atribuyó otras cancelaciones porque "la normativa interna de nuestra entidad de no aceptar como clientes a personas físicas o jurídicas que estén relacionadas sus actividades en casas de cambio, transmisores de dinero u otras entidades similares".

Comisiones protestadas

Actualmente, las entidades de crédito amparan la rescisión de los contratos tipo de cuenta corriente en la aplicación de la condición general establecida en los mismos, que les habilita para su resolución unilateral, sin ofrecer por mayor explicación por escrito acerca de las razones. La Caixa y Caja Madrid están autorizadas por el Banco de España para aplicar a las cuentas corrientes de las que son titulares las compañías remesadoras una comisión de mantenimiento superior a la aplicada con carácter general. Esa comisión se fija en función del número de ingresos mensuales efectuados "por terceros" cuando dichos ingresos estén asociados a la prestación del servicio de gestión de transferencias por parte de estas compañías. Las dos entidades la han aplicado a todos los ingresos realizados en las cuentas corrientes a través de las cuales las compañías remesadoras canalizan los fondos asociados a esta actividad. Invocan para ello el elevado número de ingresos efectuados en esas cuentas, según portavoces de la ANED.

"Sin embargo, la práctica totalidad de los ingresos, afirman desde la asiciación, son realizados tanto por los agentes de las compañías remesadoras, autorizados y debidamente apoderados por éstas, para actuar en su nombre y representación, así como por los propios empleados de las compañías", "De manera, que no cabe considerar que dichos ingresos son efectuados por terceros y, en consecuencia, no resulta de aplicación la comisión de mantenimiento especial prevista para tales casos". De momento, la disputa permanece estancada y las campañas publicitarias de unos y otros arrecian. Las más poderosas remesadoras, Western Union, y MoneyGram, entraron en España a partir del año 1997, y conocen muy bien el oficio porque desde hace decenios mueven miles de millones por todos los rincones del planeta. Después, proliferaron otras compañías, pequeñas o medianas, la mayoría de capital español, asociadas varias a las grandes.

Todas disponen de agentes en los cerca de 7.000 locutorios existentes en España, en peluquerías, bares, comercios de alimentación y lugares frecuentados por inmigrantes. Estas empresas juegan con ventaja porque el grueso de la mano de obra llegada a España, que envía a sus familias una media aproximada de 300 euros ocho meses al año, desconfía de los bancos al proceder de naciones con sistemas financieros históricamente destruidos por la corrupción o la incompetencia. Sólo desde el año 1980 a la fecha, un total de 19 países latinoamericanos ha sufrido bancarrotas, colapsos financieros, agotamiento de recursos bancarios, y masiva retirada o congelación de los fondos de los ahorradores. Miles de quienes se arruinaron aquellos años, en Ecuador, Argentina o República Dominicana, huyeron a España como inmigrantes.

Las etapas de la instalación

Uno de los desafíos de la banca es recuperar su confianza. Sus horizontes son ambiciosos porque, contrariamente a las remesadoras, que sólo pueden enviar dinero, el margen de negocio de cajas y bancos es financieramente ilimitado. Las progresivas necesidades y demandas de la población inmigrante orienta el negocio de bancos y cajas. Éstas dependen de los ciclos de estancia, de acuerdo con los estudios y fuentes consultadas para este trabajo. Durante la primera, hasta el segundo año desde la llegada, el inmigrante requiere trabajo, información y asesoramiento jurídico, tramitación y gestión documental, comunicación con el país de origen, y comienza a enviar dinero a sus familias.

La segunda etapa, hasta el quinto año de estancia, se caracteriza por una mayor cuantía en el envío de fondos, la preparación de planes para traer a los parientes, la consolidación del trabajo y el arranque de las solicitudes de pequeños créditos al consumo. Cuando un inmigrante lleva más de cinco años en España demanda productos "más sofisticados": coche, gestiona hipotecas y planes de pensiones y trata de financiar los estudios de sus hijos. El 79, 3% de todos los inmigrantes lleva menos de cinco años en España, contra sólo el 20,7%, que los ha cumplido o superado.

Siempre deben permanecer alertas. "Quería comprar un piso que valía 150.000 euros, pero se me ponía en los 180.000 porque te venden seguros dentales, de vida, a riesgo total. Te hacen firmar como obligatorios, seguros que no lo son", recuerda el peruano Lorenzo Soto. No firmó porque lo disuadió el asesoramiento de una entidad de crédito, mucho más accesible y gratuito gracias a la batalla entre bancos, cajas y remesadoras por los fondos de los nuevos residentes en España.