Hacienda estudia repartir la deducción por alquiler entre inquilinos y propietarios

El Ministerio de Economía y Hacienda estudia trasladar a los inquilinos parte de la deducción fiscal de la que ahora sólo disfrutan los propietarios de pisos destinados al alquiler. Se trata de "suprimir o dividir" esos beneficios fiscales, según anunció ayer el secretario de Estado de Hacienda, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, a favor de los inquilinos, que no disponen de incentivos para alquilar. Tanto el responsable de Hacienda como el ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, reiteraron ayer que el Estado no cederá a las comunidades una parte de los ingresos por el impuesto de s...

El Ministerio de Economía y Hacienda estudia trasladar a los inquilinos parte de la deducción fiscal de la que ahora sólo disfrutan los propietarios de pisos destinados al alquiler. Se trata de "suprimir o dividir" esos beneficios fiscales, según anunció ayer el secretario de Estado de Hacienda, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, a favor de los inquilinos, que no disponen de incentivos para alquilar. Tanto el responsable de Hacienda como el ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, reiteraron ayer que el Estado no cederá a las comunidades una parte de los ingresos por el impuesto de sociedades, como reclama el Gobierno catalán.

El dueño de un piso que decida ponerlo en alquiler debe pagar a Hacienda un 15% en concepto de retención de lo que ingresa por arrendarlo. Del total de la renta, el propietario puede deducirse hasta un 50% (es decir, sólo tributa por la mitad), además de otros conceptos, como impuestos, gastos de mantenimiento y portería o los intereses de préstamos invertidos en vivienda. Frente a este favorable escenario para el arrendador, el arrendatario no disfruta de ningún incentivo fiscal estatal (las comunidades tienen establecidos varios), como consecuencia de la reforma fiscal del Gobierno del PP.

Reducir esa disparidad fue uno de los objetivos enunciados en su día por la ministra de Vivienda, María Antonia Trujillo, aunque nunca se incluyó en las líneas maestras de la reforma fiscal que prepara el Ejecutivo y que entrará en vigor el 1 de enero de 2007. Es probable que esa mayor equiparación entre las ayudas al propietario y al inquilino se aplique en esta reforma fiscal, aunque no se descarta otro marco, aclaran fuentes de Hacienda.

La medida también ayudaría al Estado a luchar contra el fraude, señaló Fernández Ordóñez, que inauguró ayer los cursos de verano de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo en Barcelona. Al beneficiarse de la desgravación, explicó, "el inquilino estaría interesado en declarar que vive de alquiler", lo que ayudaría a conocer "muchas bolsas de dinero negro existentes en este mercado". Aflorarían así "muchos propietarios que no han declarado su propiedad". Hacienda ingresó el año pasado cerca de 1.700 millones de euros por retenciones de alquileres, según datos de la Agencia Tributaria.

El secretario de Estado de Hacienda recordó que en la declaración de la renta de este año ya se ha exigido la información catastral de los pisos, tanto en propiedad como de alquiler. Gracias a esa medida se ha podido conocer el estado de siete millones de inmuebles.

Además de fomentar el alquiler, Hacienda intentará no perjudicar la compra de viviendas, que Fernández Ordóñez considera necesaria "para afrontar el efecto envejecimiento" de la población. El secretario de Estado de Hacienda explicó que el Gobierno está preocupado porque las personas vivan más que sus ahorros, y, en este sentido, señaló que en algunos países donde predomina el alquiler, como Alemania, se dan "problemas muy serios de no poder pagar el alquiler" durante los últimos años de vida.

Para hacer frente a estos problemas, añadió el secretario de Estado de Hacienda, "se están estudiando fórmulas para desviar los incentivos que actualmente reciben los fondos de pensiones", sobre todo teniendo en cuenta el auge "de personas mayores con dependencia". Reducir la favorable tributación de los fondos de pensiones es uno de los principales ejes de la reforma fiscal que ultima el Ministerio de Economía.

El secretario de Estado de Hacienda se refirió también a la petición que ha realizado Cataluña de recibir parte de los ingresos por impuesto de sociedades (el que pagan las empresas por sus beneficios). Tanto Fernández Ordóñez como el ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, reiteraron la negativa del Gobierno a ceder a las autonomías ese impuesto dentro del nuevo sistema de financiación autonómica. "Este impuesto tiene que seguir siendo estatal", aseguró Sevilla en la sesión inaugural del curso sobre financiación autonómica que organizan la Fundación BBVA y la Escuela de Periodismo UAM/EL PAÍS.

Gestión compartida

El consejero de Economía catalán, Antoni Castells, que también participó en el curso, replicó al ministro que en Alemania, Estados Unidos o Canadá las comunidades ya participan en el impuesto de sociedades, y desafió al Gobierno central a "poner argumentos encima de la mesa". También pidió que las comunidades puedan decidir con el Estado sobre esos y otros tributos a través del Senado.

Donde no parece haber dificultades es en la Agencia Tributaria. Sevilla aseguró que no ve problema alguno para la participación de las comunidades en este organismo. "Incluso se puede hablar de un consorcio, no me asusta", dijo el ministro, quien, acto seguido, quiso dejar claro que el Gobierno tiene que seguir inspeccionando y recaudando impuestos en Cataluña y el resto de comunidades.