Unos 25.000 funcionarios con más de 58 años podrán jubilarse anticipadamente
Sevilla anuncia un plan voluntario e incentivado para renovar el 10% de la plantilla
El ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, anunció ayer un plan de rejuvenecimiento de la Administración central con "jubilaciones anticipadas e incentivadas" para unos 25.000 empleados públicos. Ese colectivo, el comprendido entre 58 y 64 años, representa el 10% de dicha Administración. Sevilla precisó que las bajas serán voluntarias y obedecen a una demanda de los sindicatos encuadrada en un "esquema de jubilación flexible". El ministro persigue "acabar con la discriminación existente entre los empleados públicos y los de la empresa privada".
El ministro de Administracio...
El ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, anunció ayer un plan de rejuvenecimiento de la Administración central con "jubilaciones anticipadas e incentivadas" para unos 25.000 empleados públicos. Ese colectivo, el comprendido entre 58 y 64 años, representa el 10% de dicha Administración. Sevilla precisó que las bajas serán voluntarias y obedecen a una demanda de los sindicatos encuadrada en un "esquema de jubilación flexible". El ministro persigue "acabar con la discriminación existente entre los empleados públicos y los de la empresa privada".
El ministro de Administraciones Públicas explicó, en un encuentro organizado por el diario económico Cinco Días, que su propuesta no pretende reducir la Administración central, a la que no cree "demasiado grande", sino rejuvenecerla y mejorar su cualificación profesional.
Jordi Sevilla precisó que la Administración central dispone de 540.000 empleados públicos. Esa cantidad representa el 23% del conjunto de las administraciones públicas, que emplean en total a 2,3 millones. De ellos, la parte más numerosa corresponde a las administraciones autonómicas, que, con 1,25 millones de empleados, representa el 53,10% del total. El 23,90% restante -563.000 funcionarios- corresponde a los entes locales.
Aunque la medida se aplicará en principio sólo al primer grupo de empleados públicos, el objetivo es que las administraciones territoriales copien el modelo. Sevilla anunció que el plan de jubilaciones se tramitará como ley de bases, con lo que podrá aplicarse a las administraciones autonómica y local. En ese caso, el colectivo que podría acogerse a la jubilación anticipada ascendería a unos 230.000 funcionarios.
El problema real que se plantea en la Administración central, según el ministro, es que está "relativamente envejecida", ya que la mayoría de los empleados públicos tiene entre 40 y 49 años, seguidos de los de entre 50 y 59. De todos ellos, sólo el 66% es funcionario de carrera.
El problema es aún mayor, sigue el ministro, si se tiene en cuenta que los empleados públicos de los niveles C y D, los de menor cualificación profesional, son mayoritarios en la Administración central. Y las mujeres sólo son mayoría en el nivel más bajo (D). "Muchos empleados públicos cualificados han pasado de la Administración central a la autonómica", indican fuentes del ministerio.
Como consecuencia de su diagnóstico, Jordi Sevilla señaló que el objetivo del plan de "rejuvenecimiento de la Administración central es 'equilibrarla' entre niveles y género. Se trata de reordenar edades, cualificaciones y la ubicación geográfica" de los empleados públicos, así como "adecuar el capital humano a las necesidades de los ciudadanos". Otra consecuencia de ese lifting del funcionariado será la reducción del empleo temporal a favor del estable, según el ministerio.
"Una Administración de estas características obliga a hacer un esfuerzo de adecuación para aumentar su eficacia y repercutir en la mejora de la productividad", señaló Sevilla.
Financiación presupuestaria
El Ministerio de Administraciones Públicas no quiso ayer hacer público el coste de las jubilaciones anticipadas y anunció que esperará a cerrar la negociación con las comunidades autónomas y los sindicatos. Jordi Sevilla precisó que el coste de las jubilaciones anticipadas correrá a cargo de los Presupuestos Generales del Estado y no de la Seguridad Social.
El secretario de Estado de la Seguridad Social, Octavio Granado, calificó la iniciativa de "interesante". Para Granado, "tiene sentido en un segmento del mercado que tiene una edad media alta, como es la función pública, pero debe ser congruente con estrategias de prolongación de la vida activa".
Comisiones Obreras no se opuso a la propuesta de Sevilla, aunque expresó, en un comunicado, su malestar por el procedimiento de hacerlo público antes de presentarlo a los sindicatos. UGT manifestó, por su parte, su apoyo inicial a la propuesta, aunque precisó: "Las prejubilaciones deben conllevar la contratación de nuevos trabajadores".