Marabunta

Hay zonas de la ciudad de Castellón donde las farolas se encienden cada noche y cada mañana se apagan para iluminar el trazado de unas calles sin edificaciones ni vecinos. Son tierra conquistada por la prepotencia de los agentes urbanizadores a golpe de programas de actuación integrada (PAI). En otros tiempos, se construían casas donde no había ni calles, ni alumbrado, ni alcantarillado. Ahora, se urbanizan miles de metros cuadrados donde todavía no hay edificios, con una avasalladora ocupación del territorio de aspecto fantasmal. La Ley Reguladora de la Actividad Urbanística (LRAU) ha dado el...

Hay zonas de la ciudad de Castellón donde las farolas se encienden cada noche y cada mañana se apagan para iluminar el trazado de unas calles sin edificaciones ni vecinos. Son tierra conquistada por la prepotencia de los agentes urbanizadores a golpe de programas de actuación integrada (PAI). En otros tiempos, se construían casas donde no había ni calles, ni alumbrado, ni alcantarillado. Ahora, se urbanizan miles de metros cuadrados donde todavía no hay edificios, con una avasalladora ocupación del territorio de aspecto fantasmal. La Ley Reguladora de la Actividad Urbanística (LRAU) ha dado el instrumento más poderoso a los promotores para su insaciable conquista de suelo sin que nadie, desde un Consell completamente autista, se sienta obligado a hacer algo, aunque sólo sea en nombre de la decencia y el decoro. Las facilidades para la depredación son tales que se pierden hasta los contornos del sentido común. El sábado pasado, por ejemplo, la junta de accionistas del Valencia aprobó sin pestañear una operación consistente en comprar terrenos a precio de campos y venderlos para urbanizar con un 60% de ganancia (cien millones de euros de beneficio, más o menos) gracias a que el presidente del club de fútbol, el constructor Juan Soler, negoció con el alcalde de Riba-roja, Francisco Tarazona, la reclasificación del paraje de Porxinos. Ya resulta escandaloso que la LRAU facilite con tanta contundencia y tan poco esfuerzo a los grandes promotores el mordisco urbanístico en áreas previamente destinadas por el planeamiento a esos usos. Pero que lo haga también con terrenos cuyo destino hay que cambiar mediante una decisión política supera lo asombroso. Dicho de otro modo, si la maniobra de ese pelotazo es legal, urge modificar las leyes, por lo menos para preservar las decisiones políticas de los municipios de una corrupción que, encima, se jalea en los medios como un negocio "brillante". La marabunta urbanizadora, a todo lo largo y ancho de la geografía valenciana, levanta un rugido pavoroso que sólo se niegan a oír los cínicos y los gobernantes mientras las farolas se encienden cada noche y se apagan cada mañana sobre calles fantasmas en Castellón.