Italia contradice a EE UU sobre la muerte del agente secreto en Irak
Roma achaca el tiroteo a la "inexperiencia y tensión" de los soldados
Las conclusiones del Gobierno italiano sobre el tiroteo que costó la vida en Irak a su agente secreto Nicola Calipari chocan frontalmente con las de Washington. El Ejecutivo de Silvio Berlusconi entregó ayer al embajador de EE UU su propio informe, que atribuye a "la inexperiencia y la tensión" de los soldados el hecho de que abrieran fuego el 4 de marzo pasado contra el coche en el que Calipari viajaba con la periodista Giuliana Sgrena, recién liberada.
El informe enumera una cadena de errores de los soldados de EE UU: el puesto de control en la carretera que conduce al aeropuerto de B...
Las conclusiones del Gobierno italiano sobre el tiroteo que costó la vida en Irak a su agente secreto Nicola Calipari chocan frontalmente con las de Washington. El Ejecutivo de Silvio Berlusconi entregó ayer al embajador de EE UU su propio informe, que atribuye a "la inexperiencia y la tensión" de los soldados el hecho de que abrieran fuego el 4 de marzo pasado contra el coche en el que Calipari viajaba con la periodista Giuliana Sgrena, recién liberada.
El informe enumera una cadena de errores de los soldados de EE UU: el puesto de control en la carretera que conduce al aeropuerto de Bagdad estaba incomunicado, carecía de señalización y los soldados actuaron de forma instintiva e incontrolada.
Irak vivió ayer una nueva jornada de violencia, con más de 24 muertos en seis atentados suicidas en Bagdad y Mosul. En Amara, en el sur, un soldado británico murió como consecuencia de la explosión de un artefacto al paso de su vehículo. Desde el pasado jueves, cuando el Parlamento iraquí dio el visto bueno al Gobierno formado por el primer ministro, Ibrahim Yafari, más de 130 personas han perdido la vida en atentados.
En EE UU, la soldado Lynndie England se declaró culpable ante un consejo de guerra de siete de las nueve acusaciones presentadas contra ella por los malos tratos a presos de Abu Ghraib. A cambio, los fiscales se han comprometido a reducir de 16 a 11 años de cárcel la petición de condena.