El PP descafeina el borrador del Estatut
El portavoz parlamentario del PP, Serafín Castellano, presentó ayer al portavoz adjunto socialista, Antoni Such, una última propuesta sobre la reforma del Estatut que incluye una disposición transitoria que permitiría, supuestamente, asumir las mismas competencias que puedan obtener otras autonomías. El documento entregado por Castellano a Such es una proposición de ley íntegra, lista "para que el PSPV dé el último vistazo y lo consulte con su secretario general". El portavoz del PP reconoció que ahora ya no se trata de discutir ningún calendario de aprobación de la reforma -todos los propuest...
El portavoz parlamentario del PP, Serafín Castellano, presentó ayer al portavoz adjunto socialista, Antoni Such, una última propuesta sobre la reforma del Estatut que incluye una disposición transitoria que permitiría, supuestamente, asumir las mismas competencias que puedan obtener otras autonomías. El documento entregado por Castellano a Such es una proposición de ley íntegra, lista "para que el PSPV dé el último vistazo y lo consulte con su secretario general". El portavoz del PP reconoció que ahora ya no se trata de discutir ningún calendario de aprobación de la reforma -todos los propuestos ya han sido superados-, sino de que los socialistas no tengan ninguna excusa.
La proposición de ley, sin embargo, es más restrictiva y descafeinada que las anteriores propuestas aceptadas por el PP. Así, el texto presentado por Serafín Castellano rebaja ahora la capacidad de la Acadèmia Valenciana de la Llengua cuya normativa pasa de "ser de obligado cumplimiento" para todas las Administraciones Públicas de la Comunidad Valenciana a tener que "ser observada", lo que deja la puerta abierta a esporádicos rebrotes del conflicto lingüístico.
La suficiencia financiera se ignora, el Consell de la Justicia es consultivo y la AVL no es vinculante
Respecto a la reforma de la justicia, la propuesta de los populares cierra la puerta a que el TSJ se convierta en última instancia y a la creación de una suerte de Consejo General del Poder Judicial autonómico, que en la Comunidad Valenciana se denominaría Consell de la Justicia. La creación de este organismo se prevé en la proposición de ley que presentó ayer el PP, pero se le atribuye un simple carácter consultivo para reflexionar y debatir. En la anterior propuesta, el PP evitaba acotar el contenido de este órgano de nueva creación, dejando la puerta abierta a una posible reforma de la justicia española que permitiese convertir el TSJ en última instancia judicial.
En la proposición de ley propuesta ayer por el PP desaparecen, además, las referencias a la suficiencia financiera de la Generalitat y a que el gasto per capita del Estado se sitúe en la media de las comunidades autónomas.
Fuentes del Partido Popular señalaron ayer que no aceptarán ninguna Agencia Tributaria como la que propone el PSPV, ni siquiera nominalmente y argumentaron que el mismo Gobierno socialista está en contra de esta clase de propuestas.
La única concesión del PP es el reconocimiento en el Estatut de que la Comunidad Valenciana tiene sus representantes en la Agencia Estatal de la Administración Tributaria para asegurar su participación en aquellos temas que afecten directa o indirectamente a la autonomía.
Las mismas fuentes populares insistieron en que tampoco admitirán ningún Consell de la Justicia que se pueda convertir en una puerta hacia la creación de 17 organismos judiciales autonómicos. Según fuentes próximas a Presidencia, el PP ya ha hecho un esfuerzo en determinadas materias como la capacidad plena de disolución de las Cortes, la inclusión de nuevos derechos sociales, o el incremento del techo competencial y ahora corresponde a los socialistas decidir si quieren llevar adelante la reforma del Estatut o no.
En la proposición de ley presentada por el PP se mantiene el acuerdo con los socialistas de ratificar mediante referéndum posteriores reformas estatutarias. Un requisito que tienen ya las autonomías que accedieron al autogobierno por el artículo 151 de la Constitución. Respecto a la capacidad de disolución, los populares mantienen su compromiso aunque suprimen las restricciones de que se puedan convocar elecciones en caso de que se haya presentado una moción de censura o en el primer año de gobierno.
En lo que se refiere a la estructura territorial y administrativa, se mantienen todas las referencias existentes a las provincias
La ejecutiva del PSPV, que dirige Joan Ignasi Pla, tiene previsto reunirse hoy para analizar la proposición formulada por el Partido Popular. Fuentes socialistas reconocieron que la proposición de ley entregada por el PP supone volver a posiciones de partida en cuestiones sobre las que había un principio de acuerdo, aunque mostraron la disposición del PSPV a seguir negociando para lograr la reforma del Estatut. Inicialmente, la propuesta de introducir una disposición transitoria que garantizase que la Comunidad Valenciana asumiría cualquier competencia que lograse otra autonomía fue interpretada por Pla como un intento de Camps de desbloquear la negociación sobre la reforma del Estatut, aunque negó que hubiese ningún acuerdo para cerrar la reforma en base a la disposición transitoria.
El portavoz de Esquerra Unida-L'Entesa, Joan Ribó, dijo ayer en Elche que el presidente de la Generalitat "no puede hacer cláusulas engañabobos", informa Cristina Medina. Según Ribó, la Constitución dice claramente que las competencias que no están claramente explicitadas en el Estatut son estatales. Joan Ribó pidió a Francisco Camps seriedad y dijo que "no es de recibo que utilice el Estatuto para esconder los problemas internos de su partido". Para Ribó, "el PP da la sensación de que quiere aprobar rápidamente el Estatuto valenciano para ponerlo de ejemplo de regionalismo bien entendido y poder frenar todos los demás; lleguemos los primeros para que el Estatuto no se contamine de las posibles veleidades nacionalistas que puedan plantear otras comunidades como Cataluña o Canarias". Ribó aseguró que si la reforma va en esta dirección votarán en contra.
Las reivindicaciones sentimentales de Camps
"El Real Monasterio de Santa María de la Valldigna que es templo espiritual político, histórico y cultural del antiguo Reino de Valencia, hoy Comunitat Valenciana, es también institución de la Generalitat de carácter público. Es, igualmente símbolo de la grandeza y soberanía del pueblo valenciano reconocido como nacionalidad histórica". Así colmaría el Estatut d'Autonomía, en uno de los artículos del último texto propuesto por el PP, una de las aspiraciones más sentimentales del presidente de la Generalitat, Francisco Camps: convertir un edificio, por demás, en estado ruinoso, en institución y "punto de encuentro y unión sentimental de todos los valencianos...". Junto a esta reivindicación del presidente del Consell, la propuesta de nuevo Estatut recoge otras aspiraciones que Camps ha defendido con ahínco, como los fueros y el Derecho Civil valenciano. Sin embargo, otro elemento de parecido valor histórico -aunque no incluido en el repertorio sentimental del presidente- como el penó de la conquesta, ha quedado fuera.
La propuesta de nuevo Estatut incorpora otra de las aspiraciones de los populares, la del derecho al agua y, más concretamente, al trasvase del Ebro, al reconocer "el derecho a la redistribución de los sobrantes de agua de cuencas excedentarias". Eso sí, ateniendo a criterios de sostenibilidad", como pidieron los grupos de la oposición. Este artículo garantiza a los ciudadanos valencianos el derecho al agua.
El título referido a los derechos incorpora otra reivindicación de la oposición: la renta garantizada de ciudadanía, destinada a combatir la pobreza y facilitar la inserción social y cuyas modalidades y prestaciones fijará una ley de las Cortes.
La propuesta de articulado del PP incluye también la Policía Autonómica, que ejercerá funciones de protección de personas y bienes y de mantenimiento del orden público, pero sin competencia en tráfico. Además, prevé la Policía Judicial y la creación de la Junta de Seguridad, en la que habrá representación paritaria del Estado y de la Generalitat.
También ha aceptado el PP en su propuesta la reivindicación de crear el Consejo del Audiovisual, organismo que velará por el respeto de los derechos, libertades y valores constitucionales y estatutarios en el ámbito de la comunicación y los medios audiovisuales valencianos. Este órgano se crearía por una ley de las Cortes Valencianas.
Archivado En
- Política nacional
- VI Legislatura Comunidad Valenciana
- Grupos parlamentarios
- Francisco Camps
- PSPV-PSOE
- Reformas estatutarias
- EUPV
- Parlamentos autonómicos
- PPCV
- Estatutos Autonomía
- PSOE
- Generalitat Valenciana
- Estatutos
- PP
- Gobierno autonómico
- Comunidad Valenciana
- Comunidades autónomas
- Política autonómica
- Partidos políticos
- Parlamento
- Normativa jurídica
- Administración autonómica
- Política municipal
- Legislación
- Política