La Abogacía del Estado cree insuficientes las pruebas de la Guardia Civil sobre EHAK

El informe de la Guardia Civil sobre la presunta financiación del Partido Comunista de las Tierras Vascas (EHAK) a través de las ilegalizadas herriko tabernas ya era conocido por la Fiscalía General del Estado y la Abogacía del Estado cuando decretaron días atrás que no había pruebas suficientes para plantear la ilegalización de la formación para la que Batasuna pidió el voto. Por otro lado, el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, respaldó ayer la prudencia jurídica: "En democracia no hay razones de Estado, sino de derecho".

El informe sobre la supuesta financia...

El informe de la Guardia Civil sobre la presunta financiación del Partido Comunista de las Tierras Vascas (EHAK) a través de las ilegalizadas herriko tabernas ya era conocido por la Fiscalía General del Estado y la Abogacía del Estado cuando decretaron días atrás que no había pruebas suficientes para plantear la ilegalización de la formación para la que Batasuna pidió el voto. Por otro lado, el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, respaldó ayer la prudencia jurídica: "En democracia no hay razones de Estado, sino de derecho".

El informe sobre la supuesta financiación de EHAK, siglas en euskera del Partido Comunista de las Tierras Vascas, a través de las herriko tabernas de Batasuna ya fue sopesado días atrás cuando la Abogacía del Estado y la Fiscalía General del Estado proclamaron que carecían de suficientes pruebas para instar su ilegalización.

El criterio de los juristas consultados es que plantear como prueba de financiación a través de dicha ilegalizada red el hecho de que alguno de estos establecimientos presente huchas para recolectar dinero no sería nunca admitida como prueba del sostenimiento económico sistemático desde el entramado de Batasuna. "Somos conscientes de que es una labor que ha habido que realizar en un espacio muy breve de tiempo, pero no se puede acudir con estas pruebas a una demanda. Ningún tribunal lo admitiría. Habría que demostrar que esto ha ocurrido en todas las herriko tabernas, o en un gran número de ellas, para sustentar que esto ha sido así con carácter general. Entonces sí sería una prueba o indicio", señalan fuentes jurídicas. Por otro lado, estas fuentes recuerdan que el hecho de que dichas herriko tabernas hayan burlado el cierre judicial tampoco aporta nada a la investigación en curso.

Ley de Partidos

Por tanto, ambas instituciones no consideran que dicho informe aporte nuevos argumentos para la ilegalización. Menos encarable parece, a juicio de los juristas consultados, la reiterada reclamación del PP de que se intente impedir que los candidatos de EHAK tomen posesión de sus escaños. "Esta medida es inviable a tenor, justamente, de la Ley de Partidos que propició el PP. Sólo pensó en aplicarla a una agrupación de electores, no a un partido, y para paralizar la proclamación de candidatos, no de electos. Por tanto, en este caso no sería viable: ni estamos ante una agrupación de electores, ni estamos ante una proclamación de candidaturas. La única vía sería reclamar ya la ilegalización del partido y, como medida cautelar, la suspensión de su proclamación como electos, pero ni daría tiempo ni se aceptaría".

El balance jurídico que dibujan estos expertos es muy gráfico: "Comparando con Aukera Guztiak, ahora tenemos muchas menos pruebas. En Aukera nos salvó el pinchazo telefónico, pero aquí no tenemos pruebas de ese peso. Podemos tener una impresión de que EHAK es la sucesora de facto de Batasuna, pero no tenemos pruebas de que ejerce su control ni de cómo lo hace".

Hay caminos que también se reclaman desde ámbitos políticos que, por iguales razones, tampoco consideran susceptibles de uso en los tribunales. "Quienes piden que se investigue a los interventores de EHAK para ver si son los mismos que actuaron con Batasuna, olvidan que la jurisprudencia del Tribunal Constitucional nos muestra que no se puede utilizar como elementos de prueba a personal periférico de una formación, como ya nos ocurrió con los avalistas. Hay que investigar y probar que las personas que controlan el partido están supeditadas o pertenecen a Batasuna, pero no analizar a personal de este nivel. Esta prueba tampoco sería admitida en un tribunal".

Entretanto, se siguen acumulando a diario datos o apuntes de los servicios de información policiales, pero ninguno con la suficiente relevancia para que Abogacía del Estado y Fiscalía General del Estado reconsideren su criterio.

De igual opinión se mostró ayer el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, quien argumentó las dificultades que supone limitar derechos fundamentales como el sufragio activo y pasivo. Recordó que tal paso sólo se puede dar "con el Derecho, con las leyes, con las pruebas, con el valor de lo jurídico, y no con las presunciones de lo político ni anticipando lo que puede pasar".