Los autores del fraude de las gasolineras pagan 2,1 millones para evitar el juicio
La fiscalía renuncia a los 32 millones que reclamaba a los 35 acusados
El fraude masivo en 16 gasolineras de las provincias de Madrid, Toledo y Albacete, que servían un 5% menos de combustible del que cobraban, se ha saldado siete años después de la denuncia de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) con el pago de 2,1 millones de euros y condenas de entre 15 y 21 meses de cárcel para los 35 implicados.
Ninguno de ellos irá a prisión, ya que el fiscal acepta en su escrito que las penas de cárcel sean sustituidas por multas. Los abogados defensores se adhirieron ayer a las conclusiones del fiscal para evitar la celebración del juicio.
Los 35...
El fraude masivo en 16 gasolineras de las provincias de Madrid, Toledo y Albacete, que servían un 5% menos de combustible del que cobraban, se ha saldado siete años después de la denuncia de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) con el pago de 2,1 millones de euros y condenas de entre 15 y 21 meses de cárcel para los 35 implicados.
Ninguno de ellos irá a prisión, ya que el fiscal acepta en su escrito que las penas de cárcel sean sustituidas por multas. Los abogados defensores se adhirieron ayer a las conclusiones del fiscal para evitar la celebración del juicio.
Los 35 implicados -15 propietarios de estaciones de servicio y 20 encargados- se declaran culpables de un delito continuado de estafa y de otro contra los consumidores. Los dueños de las gasolineras -Francisco Javier Villanueva Aranguren, cabeza visible del grupo Villanueva, y sus socios- aceptan una condena de 21 meses de cárcel. Por su parte, los encargados que manejaban el mecanismo fraudulento son condenados a 15 meses. Con todo, el punto más destacado es la devolución del dinero defraudado, que se cifra en 2.114.587 euros (351,8 millones de pesetas). Esta cantidad está muy lejos de los casi 32 millones de euros (5.300 millones de pesetas) reclamados por la Fiscalía de Madrid en 2000.
La OCU ha pedido que este dinero se destine a un fondo de lucha contra el fraude a los consumidores, ante la imposibilidad de que los automovilistas estafados puedan recuperarlo.