Un ex alto cargo del PP, imputado por expedientes irregulares de inmigrantes

La titular del Juzgado número 1 de Lleida, que investiga una trama de presuntas irregularidades en la tramitación de expedientes de regularización de inmigrantes en la Oficina Única de Extranjería de esta ciudad, ha citado a declarar como imputado al ex subdelegado del Gobierno en Lleida con el PP Joan Barios. Asimismo, la juez también ha dado cita a varios colaboradores de Joan Barios, entre los que se encuentran el que fue su asesor personal, Salvador Puy; el secretario general, Antoni Dolcet, y el responsable de la oficina de extranjeros de la delegación, el policía José Maria Vieites.
...

La titular del Juzgado número 1 de Lleida, que investiga una trama de presuntas irregularidades en la tramitación de expedientes de regularización de inmigrantes en la Oficina Única de Extranjería de esta ciudad, ha citado a declarar como imputado al ex subdelegado del Gobierno en Lleida con el PP Joan Barios. Asimismo, la juez también ha dado cita a varios colaboradores de Joan Barios, entre los que se encuentran el que fue su asesor personal, Salvador Puy; el secretario general, Antoni Dolcet, y el responsable de la oficina de extranjeros de la delegación, el policía José Maria Vieites.

La juez ha citado también a inmigrantes que, según la investigación, actuaban de intermediarios para captar compatriotas entre el colectivo de sin papeles que estaban dispuestos a obtener los permisos de trabajo y residencia a cambio de pagar elevadas cantidades.

El funcionamiento de la oficina de extranjería de Lleida estuvo bajo sospecha durante el mandato del PP, especialmente a partir de febrero de 2003 cuando un funcionario de la misma, Miguel R. M. fue detenido por un presunto delito de prevaricación y falsificación de documentos. La Guardia Civil descubrió que una veintena de permisos de residencia se tramitaron de forma irregular, algunos de ellos correspondían a mujeres que ejercían la prostitución en locales de alterne. El juez archivó el caso por falta de pruebas.

Un año antes, A. K., un ex policía georgiano afincado en Lleida, denunció ante la policía a un intermediario que cobraba a los inmigrantes entre 4.000 y 6.000 euros por facilitar la obtención de permisos de trabajo y residencia. La causa fue archivada, pero al poco tiempo fue reabierta ante la insistencia del denunciante, que aportó documentos y grabaciones en los que implicaba a varias personas de la Administración. Él mismo llegó a pagar 2.400 euros por unos papeles que nunca llegó a ver.

Durante el último año y medio, los Mossos d'Esquadra han llevado a cabo una investigación que se inició con la intervención de los teléfonos del intermediario denunciado, Fernando C. y de su compañera sentimental, los cuales permanecieron varios meses en prisión. Su colaboración con la policía presuntamente ha contribuido a desenmascarar la trama de corrupción que supuestamente actuaba en la Oficina de Extranjería de Lleida, dirigida por José Maria Vieites.

La policía autonómica ha controlado más de 500 teléfonos y ha conseguido información fiscal y empresarial de los implicados. También se ha investigado a empresas que presuntamente tramitaban los permisos a través de empresas de trabajo temporal, llegándose a comprobar que una de ellas, vinculada a familiares o personas próximas a dirigentes del PP de Lleida, había gestionado más de 1.800 expedientes, pese a que la ley le prohibía hacerlo.

Por otra parte, un agente de policía fue detenido ayer en Ceuta, junto a otras dos personas, acusado de integrar una red que favorecía la entrada de inmigrantes irregulares.

Además, fueron interceptadas dos pateras: una en Ceuta y otra en Tarifa (Cádiz). En la primera fue detenido el patrón de una embarcación en la que viajaban 50 inmigrantes marroquíes, a los que había dejado a la deriva en el Estrecho tras sufrir una avería. En la segunda viajaban 66 inmigrantes.