El litigio por un pequeño solar público mantiene bloqueado el mayor plan inmobiliario de Alicante

Un pequeño trozo de tierra de 265 metros cuadrados se ha convertido en el solar más codiciado y polémico de Alicante. La titularidad de esa parcela es el centro de una controversia que ha movilizado esta semana al Ministerio de Fomento, al gobierno local, a la oposición, a los técnicos municipales, a una comunidad escolar, a varias empresas inmobiliarias, al sindicato CC OO, al Catastro, al Registo Mercantil y a un puñado de propietarios de suelo que esperan el desenlace de la maraña administrativa que ha enredado y bloqueado el proyecto inmobiliario más importante de Alicante.

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Un pequeño trozo de tierra de 265 metros cuadrados se ha convertido en el solar más codiciado y polémico de Alicante. La titularidad de esa parcela es el centro de una controversia que ha movilizado esta semana al Ministerio de Fomento, al gobierno local, a la oposición, a los técnicos municipales, a una comunidad escolar, a varias empresas inmobiliarias, al sindicato CC OO, al Catastro, al Registo Mercantil y a un puñado de propietarios de suelo que esperan el desenlace de la maraña administrativa que ha enredado y bloqueado el proyecto inmobiliario más importante de Alicante.

La parcela se encuentra en Benalúa Sur, aneja a la carretera N-332, en la entrada sur de Alicante, donde en la actualidad se desarrolla el mayor proyecto urbanístico e inmobiliario de la ciudad. Sobre esta pequeña porción de territorio se ha levantado tal polvareda que incluso se ha cuestionado a su titular.

Pero el ADN de esta finca, otrora destinada a albergar una caseta de los extintos peones camineros, ha demostrado que pertenece a la Unidad de Carreteras del Ministerio de Fomento. Y ha puesto en evidencia al Ayuntamiento de Alicante, que la asignó en la reparcelación del plan parcial a una empresa inmobiliaria, Hiberma, SL, por razones aún no aclaradas que han fomentado el enredo.

Tras conocer que se concedía en la reparcelación la propiedad a Hiberma, Fomento se dirigió por escrito al Ayuntamiento: "El suelo está calificado de dominio público por su afección a zona de dominio de carretera y, por lo tanto, la parcela es inalienable, inembargable, inexpropiable e imprescriptible". Y por si fuera poco, advirtió a la Administración local de que incurriría en responsabilidades si incluía el solar en la reparcelación del plan urbanístico. Aunque la parcela puede formar parte del plan parcial "no puede ser objeto de reparcelación forzosa ni ser sometida a cargas de organización", sostiene Fomento.

Confirmada ya la titularidad del suelo y realizadas las advertencias citadas, al ministerio han comenzado a llegarle ofertas económicas por el solar. Fomento advierte de que no especulará con el suelo. Pero no ha podido evitar que la firma inmobiliaria Endisa, SL le ponga en la tesitura de hacer números. Esta empresa madrileña, en su afán de obtener suelo en el plan urbanístico que más plusvalías generará presumiblemente en la ciudad, ofrece a Fomento 420 euros por cada metro cuadrado de la parcela.

Además de la pugna inmobiliaria, existen otros requerimientos para desbloquear la situación. La comunidad escolar del colegio público Benalúa urge a que en el ámbito del bloqueado plan parcial Benalúa Sur se construya el nuevo colegio que se le prometió -su sede de declaró en ruina técnica hace años- por parte de Educación y del Ayuntamiento. En su reclamación ha encontrado el respaldo de la Federación de Enseñanza de CC OO, que ha pedido con vehemencia el desbloqueo del plan parcial.

Sobre este pequeño trozo de suelo se ha desatado también un litigio político. El gobierno local, del PP, ha culpado a Fomento del bloqueo del plan parcial, porque ahora, según la concejalía de Urbanismo hay que alterar el plan parcial o negociar con Fomento una solución.

Para el grupo municipal socialista, en cambio, todo responde al "caos urbanístico" en el que está sumida la ciudad. Blas Bernal, portavoz del PSPV-PSOE, asegura que el Ayuntamiento conocía de sobra que Fomento era titular de la parcela, por lo que rechaza que el ministerio sea responsable del retraso del plan. Bernal recordó que su grupo planteó un contencioso por el controvertido convenio que el alcalde de Alicante, Luis Díaz Alperi, firmó con los titulares de dos industrias de harina en el ámbito de este plan parcial, según el cual, el Ayuntamiento les indemnizaba por el traslado de sus fábricas. Esa indemnización fue considerada por la oposición como "un regalo" de varios cientos de miles de euros del alcalde a los empresarios. El secretario general del Ayuntamiento se negó a dar su visto bueno al convenio entre el alcalde y los industriales aprobado con los únicos votos del PP.